La sanción que el Congreso impuso a la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, lejos de amilanarla, la ha fortalecido y ahora tiene el respaldo de la mayoría de los fiscales que valoran la independencia y autonomía frente al poder y la corrupción.

Esta es la sensación mayoritaria en el Ministerio Público, también en el Poder Judicial. Los fiscales son conscientes de que su sanción no es por faltar a sus funciones o cometer un acto arbitrario o ilegal, sino por enfrentar la corrupción política.

Con Ávalos termina la institucionalidad democrática que con sus altibajos vivió el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación desde el retorno a la democracia en diciembre del 2000.

Una época en que cada fiscal, desde el más bajo nivel, sabía que tendría el respaldo institucional para investigar a cualquier poderoso.

Hoy lo que hay es oscuridad y temor ante lo que sucederá en las siguientes horas. El temor de que desde el poder se negocien puestos y se archiven los casos por necesidades políticas.

El fin de la democracia

Por eso, ayer en sus declaraciones a los medios de comunicación, Zoraida Ávalos dijo que su sanción supone el fin de la democracia y que ya no hay una justicia independiente en el Perú.

“La democracia es el equilibrio de poderes. Eso se ha perdido. El Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial comparten el poder. Ahora, el Congreso copa el sistema de administración de justicia”, afirma Ávalos.

Ella lo tiene bien claro. En agosto del 2022 presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra la intención del Congreso de destituirla. De eso han pasado 10 meses y su pedido de protección judicial sigue sin resolverse.

En el ínterin, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que las decisiones del Congreso son irrevisables por los jueces del Poder Judicial. Encontrar justicia, ante el abuso del poder, se vuelve imposible en el Perú.

La única alternativa viable que le queda para defender sus derechos es acudir a las instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estoy evaluando esa posibilidad, aquí no voy a encontrar justicia”, señaló la doctora Ávalos, ante una consulta de La República.

Pero eso no es todo. La fiscal suprema ha sido testigo en estos días de las negociaciones entre sectores de la Fiscalía y el Congreso para obtener los votos que permitieran la destitución.

Con ese objetivo, se ha ofrecido el archivo de investigaciones a congresistas y otros personajes con grandes influencias en el Parlamento. Personas y exmagistrados que se sienten amenazados por una Fiscalía demasiado autónoma e independiente.

Tras la votación del Congreso, esas negociaciones han continuado. En las últimas horas, se ha negociado quién ocupará su plaza vacante o quién elegirá al que ocupe ese cargo.

De acuerdo con fuentes de La República, el lunes 19 de junio, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría solicitado licencia hasta este domingo.

Junta Nacional de Justicia

Al producirse la inhabilitación de Ávalos, la fiscal de la Nación debía notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que se había producido una vacante para que proceda de inmediato a nombrar un nuevo fiscal supremo entre los candidatos en reserva.

Al estar de licencia no hubo quien hiciera esa comunicación. Aunque había poco tiempo, pues los candidatos en reserva estaban vigentes hasta este 22 de junio, un oficio de la Fiscalía de la Nación habría significado urgencia y la JNJ se podría haber reunido de inmediato.

Eso no sucedió. La fiscal suprema adjunta titular Giannina Tapia Vivas tenía la primera opción entre los candidatos en reserva para convertirse en fiscal suprema titular.

La seguían Franklin Tomy López, a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y Uriel Terán Dianderas, el fiscal supremo que archivó la investigación a la hermana de la fiscal de la Nación, la jueza superior Emma Benavides.

Ahora, la Junta deberá realizar un nuevo concurso público para seleccionar al nuevo fiscal supremo titular. Un proceso que podría durar uno, dos años, o más incluso.

Los provisionales

Sin posibilidad de que la JNJ designe al sucesor de Ávalos, corresponderá a la fiscal de la Nación nombrar a un fiscal supremo provisional, que se mantendrá en el cargo mientras ella lo considere.

Si se vuelve demasiado independiente, puede ser removido de inmediato. En la actual gestión, nadie es imprescindible. No hay nombramientos en cargos importantes por tiempo indefinido.

Los nombramientos y destaques se realizan por periodos de tres o seis meses, dependiendo del logro de resultados que agraden a la Fiscalía de la Nación.

Eso no es todo. A partir de ahora, el Ministerio Público cuenta con solo tres fiscales supremos titulares: Patricia Benavides, Pablo Sánchez Velarde y Juan Carlos Villena Campana.

En los pasillos hay insistentes rumores de que Sánchez está siendo presionado a presentar su carta de renuncia cuando aún le quedan tres años para la edad de jubilación.

Con tres o dos fiscales supremos titulares, Benavides puede invocar la Ley 31718, dictada por el actual Congreso, en marzo último, que permite la participación de fiscales supremos provisionales en la Junta de Fiscales Supremos.

Claro, Benavides puede elegir a los fiscales que estaban en condición de reserva, pero, al no ser su nombramiento como titulares, dependerán de ella para continuar en el cargo.

Así, al tratarse de fiscales supremos elegidos por ella, tendrá el pleno control del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación sin que nadie le pueda hacer frente en decisiones administrativas y jurisdiccionales.

Para muchos, esto se parece al entramado legal que permitió al fujimorismo controlar el Ministerio Público para perseguir a las voces opositoras y gozar de impunidad frente a cualquier delito.

Allí están las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte por los muertos en las protestas de diciembre y enero últimos o las indagaciones por presunto terrorismo que se puedan generar por las marchas que se vienen organizado para julio próximo.

El copamiento político del Ministerio Público afecta la democracia y la libertad.

La movilización social frente al abuso del poder político

Diversas organizaciones y partidos políticos se han pronunciado en contra la decisión del Congreso de acusar e inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Avalos; en tanto, grupos ciudadanos promueven una marcha para este sábado 24 de junio en defensa de la democracia.

La Fundación para el Debido Proceso indicó que lo sucedido es un “acto arbitrario con consecuencias institucionales graves” que debilitan la independencia de la Fiscalía ante delitos cometidos por quienes están en el poder.

Por: César Romero

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