Tras el pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de que Rutas de Lima entregue los peajes como máximo el 29 de julio, la compañía les envió una carta a burgomaestres de la zona norte de la capital. En ella les solicita «abstenerse de participar, ordenar y/o ejecutar cualquier acción para la recuperación ilegal de los peajes» administrados por la compañía en Puente Piedra, Villa el Salvador y Punta Negra.
«Cualquier tipo de intervención sea por intermedio de su Municipalidad o de alguna de sus gerencias en los hechos que son objeto de controversia entre la MML y nuestra empresa ante el Tribunal Internacional supondrá no solo el incumplimiento de este mandato constitucional, sino que, además, la comisión del delito contenido en el artículo 410 del Código Penal«, se lee en el documento.
La entidad aseveró que ninguna autoridad estatal «puede asumir competencia sobre un asunto que está pendiente de ser resuelto por otro órgano jurisdiccional». Asimismo, explicó que «este actuar arbitrario constituiría el delito de abuso de autoridad».
En su misiva, Rutas de Lima se ampara en que, de acuerdo con el artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú, «(…) ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones».
Al respecto, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, manifestó que en la carta se evidenciaba «un tono de advertencia, pero muy cerca a la amenaza». «(Dicen) que, si nosotros alentamos cualquier resquebrajamiento del orden o si se toman los peajes, nos van a denunciar penalmente, pero no es nuestra intención generar violencia y que se tomen a la fuerza los peajes. Nosotros queremos que los peajes se vayan (de acuerdo con la) ley. Ningún contrato se ha escrito sobre piedra. Todos los contratos se pueden resolver, solamente hay que usar los instrumentos jurídicos correctos para que estos sean sólidos», puntualizó.
Por: Ricardo Mc Cubbin