Nueve de los trece congresistas de Acción Popular (AP) investigados por el Ministerio Público por el Caso ‘Los Niños’ presentaron un proyecto de ley que plantea restablecer la inmunidad parlamentaria, que fue eliminada en el 2021. Los legisladores de la lampa que firman la polémica iniciativa son José Arriola, Wilson Soto, Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori y Luis Aragón.
De acuerdo al documento presentado por los congresistas, la propuesta de reforma constitucional tiene como finalidad “fortalecer la institucionalidad” del Parlamento.
Es así como los legisladores de AP pretenden que se modifique el artículo 93 de la Carta Magna para añadir que “no pueden ser procesados, ni presos, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante”.
Además, los accionpopulistas proponen que si un parlamentario es encontrado en flagrancia sea “puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo”.
“El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario”, plantean también.
Finalmente, buscan que la norma entre en vigencia “el día siguiente de su publicación” en el diario “El Peruano”.
Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere 87 votos en dos legislaturas o 66 adhesiones más referéndum.El Ministerio Público investiga desde mayo del 2022 a los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Ilich López, Elvis Vergara y Juan Carlos Mori. Y, en enero, incluyó en las pesquisas a sus colegas Carlos Alva, Luis Aragón, José Arriola, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Hilda Portero y Wilson Soto. Junto a ellos también fueron añadidos congresistas del Bloque Magisterial y Perú Libre.
De acuerdo con la tesis fiscal, el expresidente Pedro Castillo habría captado a estos legisladores “para que, ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”.
A cambio del blindaje al exmandatario, los parlamentarios habrían recibido beneficios ilícitos en diversos ministerios e instituciones del Estado.
Pese a ello, el Congreso blindó hasta en dos oportunidades a seis de ‘Los Niños’.
Primero, en julio de 2022, la Comisión de Ética solo dio luz verde al proceso contra Vergara y Flores, cuando había otros cuatro implicados.
El informe que recomendaba suspender por 120 días a los dos legisladores recién llegó al pleno en marzo de 2023. En esta instancia también fueron blindados.
Luego, en mayo de este año, la representación nacional archivó un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomendaba acusar constitucionalmente y suspender a Vergara, Flores, Doroteo y Espinoza. Previamente, la SAC había votado en contra de acusar a contra Mori y López.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene pendiente evaluar la denuncia que, en mayo, presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Doroteo, Vergara, Flores Ancachi y Espinoza.
En diálogo con El Comercio, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia; Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética; y los constitucionalistas Erick Urbina y Bruno Fernández cuestionaron la iniciativa y consideraron que ‘Los Niños’ buscan la “impunidad”.
Lanegra opinó que la propuesta no busca “fortalecer la institucionalidad” del Parlamento sino “ampliar los mecanismos de protección o eventual blindaje a los congresistas”. Asimismo, indicó que “sería una pésima señal” que el proyecto de ley prospere en la Comisión de Constitución.
Además, señaló que la propuesta es “no sorprendente”, debido que este Congreso ha actuado “minimizando” y “dificultando” la investigación sobre las “faltas administrativas y los delitos que han venido cometiendo los congresistas”, cuando más bien se debería debatir “nuevos incentivos o nuevos mecanismos que faciliten la investigación y la eventual sanción de actos tan graves”.
El secretario general de Transparencia subrayó que los legisladores que presentaron este proyecto “están siendo investigados por situaciones de diversa gravedad”.
“Sus investigaciones no derivan de persecución política u hostigamiento, más bien derivan de situaciones que, incluso, resultan ser posibles abusos de la función que cumplen como, por ejemplo, el caso de aquellos que han sido acusados de recortar los suelos de trabajadores”, aseveró.
También estimó que “si este proyecto tuviera que ir a una votación popular [referéndum], seguramente sería rechazado”. “Por lo tanto, el camino que les queda es obtener en dos legislaturas una votación de 87 votos”, afirmó.
Lanegra, dijo que, la presentación de este proyecto de reforma constitucional, refleja que “ya no hay interés alguno” de los congresistas por tener la aprobación de la ciudadanía. “A estos actores simplemente les preocupa su propio caso personal, ya no hay otro interés más que buscar impunidad”, agregó.
Finalmente, el especialista aseveró que la iniciativa presentada “debería significar una reacción muy clara de rechazo por parte del Gobierno, en la medida de que es contraria a los objetivos de lucha contra la corrupción”.
Por su parte, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, señaló que se trata de “una pretensión de retroceder en lo que se había avanzado en materia de restricción de la impunidad”.
“Evidentemente, hay ahí un serio conflicto porque quienes lo promueven tienen investigaciones, pero más me preocupa el apoyo que pueda conseguir una iniciativa de esta naturaleza […] El riesgo es que consiga un apoyo amplio en la Comisión de Constitución y en el pleno del Congreso”, advirtió.
Rotta también opinó que esta propuesta no busca “fortalecer la institucionalidad del Congreso”. “Es bien indiscutible eso. Claramente los blindajes fueron uno de los principales elementos [para presentar el proyecto de ley]”, añadió.
En tanto, los constitucionalistas Erick Urbina y Bruno Fernández remarcaron que, al tratarse de una reforma a la Carta Magna, requiere 87 votos en dos legislaturas o 66 adhesiones más un referéndum.
A criterio de Urbina, una propuesta como esta “debe ser sometida a referéndum”. Además, consideró que “no es el mejor momento para plantearla”. “Esto termina siendo una suerte de bloqueo o blindaje judicial para que ellos [´Los Niños´] no sean tocados. Esa no es la finalidad de la inmunidad parlamentaria”, apuntó.
El abogado acotó que “es muy probable” que el proyecto de ley “tenga mucha aceptación entre los parlamentarios porque hay un gran número que está siendo investigado y hay otros que probablemente vayan a hacerlo en un futuro”.
A su turno, Bruno Fernández indicó que la inmunidad se eliminó ya hace más de dos años y, desde entonces, “no se ha visto realmente que los congresistas sean objeto de represalias [políticas], denuncias infundadas o que los acosen judicialmente por el ejercicio de su función”. “Entonces, no veo que existan elementos fácticos que sustenten un retorno a la inmunidad”, subrayó.
Fernández apuntaló también que, de llegar a la Comisión de Constitución, el grupo de trabajo deberá “escuchar a los especialistas” y a la ciudadanía y tomar en cuenta sus opiniones. Asimismo, considerar que, actualmente, el Parlamento tiene “un alto desprestigio”.
Por: Thalía Cadenas