Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la empresa que brinda servicio de limpieza al despacho presidencial de la jefa de Estado, Dina Boluarte, no viene realizando las labores acordadas a pesar de que existe un contrato por el monto de S/954.000,00 para el periodo 2023-2026. Se trata del Consorcio Servicios & Bienes FOS SAC y de Servicios Generales Crisóstomo SAC.
En el documento 018-2023/OCI/0276-SCC se señala que las labores de limpieza en otra sede de la Presidencia, ubicada en el jr. Julián Piñeiro 380, en el Rímac, tampoco se cumplen con regularidad, puesto que se emplea menos personal del requerido. En tanto, se precisó que, en la oficina de Palacio de Gobierno, la higiene la realizan los trabajadores del despacho presidencial y no de las empresas contratadas.
La Contraloría precisó que, de las tres sedes con las que cuenta el despacho presidencial, en cuatro áreas administrativas y una operativa no se cumple el contrato a cabalidad, por lo que la empresa podría recibir penalidades.
En el documento se lee: “No se viene realizando la prestación del servicio de limpieza en las áreas establecidas en los términos de referencia, asimismo, el servicio prestado en el local de Julián Piñeiro se viene efectuando con menor cantidad del personal requerido, situación que afecta la preservación de las condiciones de salubridad y habitabilidad de las instalaciones, conllevando a generar pagos por servicios no prestados“.
Servicio implica adquisición de materiales de limpieza
La Contraloría precisó que el Consorcio Servicios & Bienes FOS SAC y Servicios Generales Crisóstomo SAC estableció la lista de materiales de limpieza incluidos en el contrato. Por ello, la entidad fiscalizadora acudió a las sedes de Presidencia para verificar la cantidad de productos. Entre ellos se encontraban bolsas de basura, desinfectantes, papel higiénico, franelas, guantes, lejía, jabones líquidos, etc.
Contraloría advierte continuidad del contrato
La Contraloría concluyó que ante un servicio de limpieza que no se ejecuta, pero que significa un gasto para el Estado, puede afectar la continuidad de la contratación con la empresa. Por ello, recomendó a la Presidencia aplicar sanciones preventivas o correctivas “en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional”.
Por: Deyna Cornejo