En solamente dos años y cinco meses, el Parlamento ha entregado cuatro bonificaciones a sus trabajadores, la última incluyó a los congresistas. Estos pagos-realizados en las administraciones de María del Carmen Alva (Acción Popular), José Williams Zapata (Avanza País), y Alejandro Soto (APP)- ascienden en total a S/108′660,700 [ver recuadro].

Por ejemplo, la actual Mesa Directiva, bajo la conducción de Soto, autorizó el desembolso de un bono de S/33′976,800. Es decir, en solo cinco meses superó al pago hecho por la gestión de Alva Pietro en un año, de S/27′342,400.

Según informó el Congreso a El Comercio, tras la presentación de una solicitud en amparo de la Ley de Transparencia, durante la presidencia de Williams Zapata se entregaron dos bonificaciones, una de S/14′641,800 como una medida “extraordinaria” y otra de S/32′699,7000 por la ampliación de la legislatura.

Es decir, bajo la administración del parlamentario de Avanza País, el Congreso dio un total de S/47′341,500 en pagos extra a sus trabajadores.

A inicios de este mes, Soto, por medio de un comunicado, refirió que “en el presente año 2024 no se entregará ningún bono a ningún estamento laboral”, tras haber llegado a un acuerdo con los gremios sindicales del Poder Legislativo.

De esta manera, el apepista intentó poner paños fríos, luego de que se revelara un acuerdo de Mesa Directiva-suscrito el 14 de diciembre último- en el que se aprobó una nueva “bonificación extraordinaria” de S/2.400 por mes laborado para los trabajadores parlamentarios con cargo al presupuesto de 2023.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon), Tulio Vizcarra, refirió que su colectivo ya cuenta con derechos ganados y que estos fueron materializados en un pliego de negociación “que ya está” en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entre las prerrogativas, se encuentran que el Congreso cubra su uniforme, acceder a una tarjeta de consumo por Navidad y un bono extraordinario anual.

En ese sentido, refirió que el comunicado de Soto se refiere a que no habrá un nuevo bono, además del que ya se ha establecido en una negociación colectiva.

“Al presidente del Congreso no lo veo desde que acabo la legislatura [en la quincena de diciembre], pero el sindicado siempre está en constante coordinación con las entidades de la administración del Congreso, como el oficial mayor”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con Soto, pero no respondió a nuestras llamadas.

También quisimos contactar a los expresidentes del Parlamento Williams Zapata y Alva, a través de sus asesores de prensa, pero, hasta el cierre de esta nota, no hubo una respuesta.

“Demuestra el despilfarro”

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que el alto monto de dinero que el Congreso ha destinado a bonos “demuestra el despilfarro” de ese poder del Estado de los recursos públicos.

Agregó que el artículo 6 de la Ley de Presupuesto prohíbe a todas las instituciones del Estado, excepto el Parlamento, la entrega de bonificaciones.

“Esto es algo inaceptable, si cualquier alcalde, ministerio o entidad pública hiciera lo que ha hecho el Congreso [con sus bonos], al día siguiente les cae la contraloría. Pero parece que el Parlamento fuera intocable”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Rospigliosi, asimismo, crítico que la Mesa Directiva de Soto haya ampliado en el último bono como beneficiarios a los congresistas.

“Como no tiene apoyo, lo está comprando con viajes al extranjero, personal y bonificaciones”, subrayó.

A su turno, el abogado Martín Cabrera, consultor en temas parlamentarios, dijo que él no está en desacuerdo con el pago de bonos en el Congreso, pero sí lo está en que estos “no correspondan a un plan o estrategia de cumplimiento de metas”.

“Que se paguen bonos, pero que responda al desempeño de cada trabajador. El problema está que en los últimos años estos bonos se han caracterizado por una evaluación política más que técnica, de calidad de gestión”, expresó.

En diálogo con este Diario, Cabrera señaló que es importante que el Parlamento evalúa ingresar a una reforma organizacional, a través del cual se incluya un elemento de evaluación “para que estas bonificaciones no solo tengan un marco legal, sino además correspondencia directa al trabajo realizado, al cumplimiento de metas”.

De los S/929′965.014 que tuvo el Parlamento como presupuesto en el 2023, ejecutó S/862′514.358. Es decir, el 92,8%. Y le quedó un saldo de S/67′450.656, de acuerdo a su portal de Transparencia. Para este año, el Legislativo cuenta con más de mil millones como partida presupuestal.

Tres días antes de que concluya el 2023, el Congreso publicó las bases, a través de la OSCE, para una licitación muy particular: la adquisición de 17.540 medallas para “diversos programas” que el referido poder del Estado desarrollará este año.

Por: Sebastián Ortiz Martínez

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