El 85% de peruanos no confía en el Poder Judicial, mientras el 73% no lo hace en el Ministerio Público, de acuerdo a una reciente encuesta de Datum Internacional para Lampadia. Esto en el contexto de que un sector del Congreso ha dejado abierta la posibilidad de una reforma total del sistema de administración de justicia.

De acuerdo al estudio de opinión, realizado entre el 4 y 7 de marzo últimos, de ese 85% que desconfía de la Corte Suprema de Justicia, el 70% lo hace porque cree que “está corrupto” y que sus integrantes “reciben coimas”. También porque benefician a los delincuentes (10%), por las demoras en emitir sentencia (8%), entre otros [ver infografía].

Del 73% que no confía en la Fiscalía de la Nación, el 63% piensa que es una institución “corrupta” y que recibe sobornos. Además, porque demora muchas las investigaciones (10%), porque sus integrantes buscan su beneficio propio (8%), porque se junta con políticos para tener poder (6%), por falta de imparcialidad (6%), por falta de profesionalismo o ética (2%), y otros.

La encuesta reveló que el 34% señala que los principales responsables de que los delincuentes sean liberados tras haber sido capturados son los jueces, mientras el 32%, los fiscales. El 13% cree que ambos, mientras el 8% que la Policía Nacional.

El 57% cree que la Corte Suprema de Justicia no ayuda a mantener la paz social y el desarrollo nacional, mientras el 32%, sí. Y el 11% no opina.

Una fuerte asociación a la corrupción

Al respecto, Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, afirmó que el estudio “lo que nos arroja es que hay muy poca fe en el sistema de administración de justicia” en el Perú y que existe una “fuerte” asociación a la corrupción.

“No solo preguntamos si confía o no, lo grave es que cuando profundizamos y vemos las razones de la desconfianza, la principal es la corrupción y está muy lejos de las demás opciones”, manifestó a El Comercio.

Torrado indicó que la crisis es profunda y no solo es en el sistema de justicia, sino también en el Ejecutivo y en el Congreso.

“Hay una necesidad de una reforma [en el Poder Judicial y el Ministerio Público], pero el problema es quién se encargaría de esta. Todos los poderes del Estado de alguna u otra forma están desprestigiados o muy poco valorados”, finalizó.

Descrédito y polarización

A su turno, el analista político Enrique Castillo refirió que el Poder Judicial y el Ministerio Público “nunca han gozado” de un apoyo importante de parte de la población, por lo que el alto rechazo que tienen en la actualidad no sorprende.

En comunicación con El Comercio, Castillo refirió que durante la etapa en la que se destaparon los grandes casos de corrupción que implicaron a expresidentes y líderes de partidos políticos con la entrega de presuntos sobornos y aportes de parte de constructoras brasileñas y peruana, un sector de la fiscalía sí tuvo mayor nivel de confianza.

“Un equipo de fiscales tuvo gran popularidad por haber llevado a la cárcel a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori, personas que se consideraban intocables. Entonces, las cifras de rechazo al Ministerio Público se han elevado bastante”, expresó.

Castillo subrayó que esta situación se ha dado porque los procesos se han dilatado y porque se ha llegado a un punto donde la fiscalía “está peor que un partido político”, en el sentido, de que existen dos facciones muy fuertes enfrentadas. “Es lamentable que el Ministerio Público no solo haya caído en este descrédito, sino también en un alto nivel de polarización”, complementó. Además, refirió que a pesar del alto índice de desconfianza que existe respecto al Poder Judicial y del Ministerio Público, “es muy difícil” que la ciudadanía vea con buenos ojos que el actual Congreso puede realizar la tarea de reorganización y depuración del sistema de administración de justicia.

“Si el Ministerio Público tiene alta desaprobación, el Congreso tiene un rechazo mucho más acentuado. El desprestigio del Congreso es mucho peor y veo difícil que este Parlamento tenga la legitimidad para concretar una reorganización como la que se necesita. Se verá como que el Poder Legislativo quiere intervenir políticamente y con fines particulares en el Ministerio Público”, acotó.

Más información

El 86% dijo que se sentiría temor de ser injustamente procesado, en caso sea detenido por la Policía, siendo inocente, y luego puesto a disposición del Poder Judicial. Solo el 12% señaló que se sentiría tranquilo, porque confía en que se hará justicia.

Por: Sebastián Ortiz Martínez

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