Parte de las acusaciones contra Patricia Benavides se centran en las movidas que, desde la Fiscalía de la Nación (FN), habría hecho para proteger a su hermana, la jueza Enma Benavides. A fines de julio del 2022, la ahora suspendida fiscal de la Nación removió a Bersabeth Revilla como fiscal suprema provisional transitoria. Lo hizo solo un mes después de asumir el máximo cargo del Ministerio Público. Desde ese cargo, Revilla, quien renunció tras la decisión de la FN, investigaba a Enma Benavides por presuntamente haber favorecido a dos procesados por tráfico ilícito de drogas (TID) a cambio de dinero.

Las movidas por el cambio de Revilla llevaron a que, en enero de este año, la JNJ iniciara el proceso disciplinario 01-2024 contra las hermanas Benavides y la fiscal Azucena Solari Escobedo (quien

El informe final del proceso, elaborado por Inés Tello como integrante de la JNJ, recomienda sancionar a las tres magistradas con la destitución. Además de eso, describe los casos de procesados por narcotráfico y lavado de activos que habrían sido beneficiados por el Colegiado E de la Sala Penal Nacional (hoy Corte Superior Nacional), que Enma Benavides presidió.

Magistrados acusados

Enma Benavides y los jueces María Apaza Panuera y Lorenzo Ilave García conformaron el colegiado E entre noviembre del 2012 y marzo del 2015. Los tres magistrados han sido acusados de recibir dinero a cambio de absolver a procesados por tráfico ilícito de drogas.

Por los menos hay 41 casos de acusados por tráfico ilícito de drogas que fueron absueltos por la sala. Esta información es parte de un reporte que la exprocuradora antidrogas Sonia Medina envió a la JNJ por el proceso disciplinario contra las hermanas Benavides.

Un polémico caso, analizado por la JNJ, es el de los presuntos sobornos que los colombianos Roberto Carlos Gómez Herrera y Edison Ruiz Martínez, acusados de narcotráfico, hicieron a los jueces del colegiado E.Bersabeth Revilla investigaba ese hecho cuando fue removida como fiscal suprema provisional transitoria. El caso llegó a su despacho en julio del 2018 por la denuncia que el mayor PNP en retiro Hilario Rosales presentó contra los jueces Benavides, Ilave y Apaza.

La denuncia señalaba que el colegiado E ordenó la libertad de más de 10 procesados por narcotráfico, entre ellos Gómez y Ruiz. Ambos fueron detenidos en noviembre del 2012 cuando coordinaban un envío de 1.000 kilogramos de cocaína a Holanda, que guardaban en un inmueble de Carabayllo.

Según la denuncia de Rosales, Gómez y Ruiz habrían pagado entre US$100.000 y US$150.000 a la sala de Benavides para lograr su liberación (se les cambió la prisión preventiva por comparecencia). Tras ser liberados, ambos se fugaron del Perú.

Años después, ellos fueron detenidos en el extranjero. Ruiz, apresado en Colombia, ha sido acusado de participar en el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci. Gómez fue detenido en España en julio del 2017, cuando intentaba introducir a ese país una tonelada de cocaína en bloques de granito. Actualmente, Gómez está en una cárcel de Brasil tras concretarse un pedido de extradición solicitado por ese país.

“La sala que presidía la señora Emma Benavides tenía como denominador común otorgar libertad a los narcotraficantes. Incluso se dieron cuenta sus superiores [y se planteó] que sea cambiada la conformación de esa sala, pero no hubo eco. Eso era lo que investigaba: los sobornos que dieron los dos narcotraficantes colombianos que luego se dieron a la fuga”, señaló a este Diario Bersabeth Revilla.Sobre este caso, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley dio cinco meses de tiempo suplementario al fiscal supremo provisional transitorio Alcides Chinchay para que investigue el hecho (el plazo vence en junio). Sin embargo, el tiempo otorgado por el juez supremo es insuficiente para recabar el testimonio de Gómez Herrera, recluido en un penal de Brasil. Según fuentes de este Diario, el proceso de cooperación internacional tarda seis meses.

Contra Checkley, la JNJ abrió una investigación por demorarse en pronunciarse por este caso.

Más casos

Esos no son los únicos casos de procesados por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos absueltos por la sala de Benavides.

En el 2011, la policía antidrogas intervino dos camionetas que trasladaban 210 kilogramos de cocaína en Tingo María (Huánuco).

Los vehículos, supuestamente de una constructora, eran conducidos por Maximiliano Huamancaja Godoy y Ricardo Cuadros Julca. En el 2013, la sala de Benavides emitió una sentencia (ella fue la directora de debates) que absolvió a Huamancaja. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema luego declaró nula la absolución y ordenó un nuevo juicio. Este caso tuvo un tercer juicio oral, visto por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.Otro proceso similar se dio en noviembre del 2014, cuando el colegiado E también absolvió al exsuboficial PNP Alejandro Jesús Colán Azalde, a Félix Raúl Clemente Granados y al ciudadano colombiano Robbin Lozano Padilla, detenidos en el 2011 en Chucuito (Callao) cuando buscaban embarcarse en una lancha con sacos de plástico que contenían 79 kilos de cocaína. Benavides fue directora de debates del caso. La Sala Penal Transitoria después declaró nulo el proceso. En un nuevo juicio oral, los tres procesados fueron condenados por TID.

Para la ex procuradora antidrogas Sonia Medina, la actuación del colegiado E fue contraria a lo que señala la ley. Consideró que en Benavides recae la mayor responsabilidad en la absolución de los procesados por narcotráfico.

Medina recordó que la Corte Suprema anuló las sentencias absolutorias del colegiado E. El reporte de la JNJ, elaborado por Inés Tello, recoge la misma información sobre las decisiones de la Corte Suprema.

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, respondió sobre la remoción de Revilla. Afirmó que la decisión estuvo acorde con sus funciones como fiscal de la Nación. “La señora Revilla tenía una productividad de menos del 50% y, en todo caso, por meritocracia obtuvo que la devuelvan a su plaza de origen porque no cumplía la función que tenía dentro de la plaza que se le había dado de manera provisional”, mencionó.

Rubén Vargas, exministro del Interior

“Es la prueba de cómo las estructuras criminales pueden comprar a los magistrados”

Para Rubén Vargas, exministro del Interior, exjefe de Devida y especialista en temas de narcotráfico y seguridad nacional, el tráfico ilegal de cocaína ha penetrado el sistema de administración de justicia. Lo dijo en referencia a las decisiones del colegiado que Enma Benavides presidió.

“Esta es la prueba absolutamente clara, la prueba fehaciente de cómo las estructuras criminales pueden comprar a magistrados venales, a magistrados que lucran con las resoluciones y las sentencias judiciales. Vemos un modo súper sistemático en la liberación de investigados a delitos especialmente graves como es el tráfico ilícito de drogas. Inclusive [en] el tráfico internacional de drogas también vemos casos de lavado de activos, hasta casos de terrorismo. Entonces estamos frente a una sala que literalmente ponía a remate. Tenía criterios bastante laxos, bastante sospechosos respecto a estos casos de crimen organizado”.

De acuerdo con la procuraduría antidrogas, 17 procesos por el delito lavado de activos, vistos por el colegiado E de Enma Benavides, tuvieron sentencias absolutorias.

Además, 10 de los 13 juicios orales por el delito de terrorismo, que el colegiado E analizó en el año 2017, culminaron con sentencias absolutorias, según la procuraduría antiterrorismo.

Vargas consideró que “estamos frente a un escándalo mayúsculo”. “Es una sala que liberó a decenas de investigados por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. […] Los magistrados de esta sala han tenido criterios sospechosamente laxos, […] condescendientes con miembros de estructuras criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas”. 

Por: Graciela Villasís Rojas

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