La Municipalidad Metropolitana de Lima continúa gastando millones de soles en consultorías pese a que Rafael López Aliaga aseguró que no habría ninguna en su gestión. Desde que inició su mandato, en el 2022, el burgomaestre ha contratado más de una decena de servicios de este tipo. De hecho, tan solo en lo que va del 2024 ya figuran siete asesorías legales en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), según reveló un informe trabajado por La República.De dicho grupo, cuatro consultorías son para atender el caso Rutas de Lima y una para la Línea Amarilla. Las dos restantes son una incógnita: un conjunto de manchas negras y blancas ocultan el concepto del gasto de más de 33 millones de soles.

La razón del ocultamiento se debe a que se trata de contratos de tipo confidencial. En ambos solo se consigna el servicio de una firma de abogados no domiciliada en Lima, pero no el caso para el que será usado ese servicio (como sí sucede con los cinco contratos restantes).El estudio de abogados que obtuvo la buena pro, en ambas contrataciones, fue Boies Schiller Flexner. La primera de estas data del 11 de junio y marca un costo de 3.612.500,00 dólares, lo que hace un equivalente de 13.738.337 soles. Lo único que figura en la descripción es “Servicio de asesoría, patrocinio y defensa legal de un estudio o firma de abogados no domiciliados”.

Al revisar el resumen ejecutivo y la buena pro se visualiza, en ambos documentos, líneas negras que tapan las descripciones.En tanto, la segunda contratación tiene por fecha el 18 de junio y marca un costo de 5.400.000,00 de dólares, lo que hace un equivalente de 20.536.200,00 soles. Lo único que figura en la descripción es “Contratación del servicio de asesoría, patrocinio y defensa legal de un estudio o firma de abogados no domiciliado para la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

Los documentos de la contratación esta vez figuran con líneas blancas que impiden leer el contenido.

Contratos confidenciales y no supervisados

Al respecto, la Municipalidad de Lima únicamente dijo, a este medio, que el ocultamiento responde a un tema de confidencialidad. Asimismo, señaló que las autoridades ya han explicado ello con anterioridad.

Por su parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Ocse) indicó que es la entidad la única encargada registrar la información de las contrataciones efectuadas y ellos no tienen como función verificar ni aprobar la legalidad de los actos y actuaciones expedidos.Asimismo, precisó que “el OSCE realiza dos tipos de acciones de supervisión: a pedido de parte y de oficio; en este último caso, de forma aleatoria y/o selectiva”. Los contratos confidenciales mencionados en esta nota, “no han sido materia de solicitud de supervisión a pedido de parte ni han formado parte de la supervisión de oficio”, indicaron a este medio.

Por: Narda Saavedra

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