En relación a las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Arévalo Vela, en el programa “N Portada” de Canal N, donde sostiene que la Junta Nacional de Justicia está “petardeando” las unidades de flagrancia con el inicio de una investigación en su contra que, además, buscaría retirarlo de la comisión encargada de nombrar a los nuevos miembros del organismo constitucional, se informa a la opinión pública lo siguiente:

  • La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha abierto ninguna investigación preliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia en relación a la supuesta donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Chancay. Lo que existe es una denuncia presentada por el Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad del distrito de Chancay por una supuesta violación al artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial, que prohíbe a los jueces recibir “donaciones, obsequios, atenciones y agasajos de cualquier persona o institución nacional o internacional que tengan juicios en trámite”, como sería el caso del burgomaestre de Chancay, que, según los denunciantes, tendría ocho casos abiertos por peculado y colusión agravada.
  • La denuncia ha cumplido con los requisitos legales establecidos y se encuentra en una fase de recopilación de información por parte de un miembro instructor que deberá determinar si propone desestimar o iniciar una investigación preliminar.
  • Pero, para que se ponga este tema en agenda del pleno, se requiere un quórum de cinco miembros, requisito que, como conoce el presidente de la Corte Suprema, no se cumpliría porque uno de los cinco miembros actuales tiene abstención respecto de cualquier caso que se vea sobre él.
  • Afirmaciones que no se ajustan a la verdad, como que se está “petardeando” las unidades de flagrancia, o elucubraciones, en el sentido de que se pretende sacar al presidente de la Corte Suprema de la comisión de selección de nuevos miembros de la JNJ, no son lo que se espera de funcionarios que no están exentos del control funcional.
  • Finalmente, la Junta Nacional de Justicia invoca a las altas autoridades del sistema de justicia una actuación pública responsable, prudente y compatible con la investidura que ejercen.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia

26 de junio de 2024

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