La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, el proyecto de ley que ordena que los allanamientos de inmuebles se ejecuten con la presencia de la persona investigada y su abogado. Con esto, la propuesta impulsada por el congresista Waldemar Cerrón, sigue su camino para ser aprobada por el Ejecutivo, a pesar de ser ampliamente criticada por su evidente beneficio a los criminales. Antes de la emisión del voto, el legislador Américo Gonza Castillo (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, argumentó que el objetivo de la propuesta es impartir justicia.

“La justicia debe imponerse por encima de cualquier interés personal o de cualquier grupo, sobre todo de intereses ajenos a la voluntad general. Debemos tener normas acordes para que se sancione realmente al culpable y juzgar al criminal más no como se viene haciendo actualmente”, dijo el legislador.

Ley contra el Crimen Organizado: ¿qué cambios propone?

El Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, contiene diversos cambios que perjudicarían a la ciudadanía. De los 91 tipos penales que hay en total, se excluye a 59. Con ello, la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes ya no serían incluidos como delitos graves.

Lo que propone Cerrón es que los delitos que no tengan penas de cárcel mayores a seis años ya no sean considerados “graves”. De esta forma, las acciones ilícitas antes mencionadas evitarían un proceso judicial más riguroso.

Otra de las modificaciones, es sobre el proceso de allanamiento de inmuebles o lugares cerrados que no estén relacionados con un flagrante delito. La iniciativa establece que este solo procederá si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen. Además, este proceso deberá realizarse en presencia del interesado y su abogado.

En caso de que el interesado no cuente con abogado, se deberá proveer uno de oficio o, alternativamente, contactar al Colegio de Abogados local para que asista al imputado. De manera excepcional, el registro podría realizarse en presencia de un familiar adulto del interesado o, en su defecto, de dos testigos vecinos del lugar. “De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio, o en su defecto se coordinará con el Colegio de Abogados de la localidad para que envíen un abogado para asistir al imputado. Excepcionalmente, se practicará el registro con presencia de un familiar mayor de edad, o a falta de este, se hará con presencia de dos testigos, vecinos del predio”, se lee en la propuesta.

Esto ha generado opiniones contrarias. Una de ellas es el pronunciamiento de la parlamentaria Ruth Luque, quien escribió en su cuenta de X: “Estas modificaciones tendrán un efecto sobre investigaciones penales en curso. No son solo violadores a derechos humanos los que hoy ganan sino también los delincuentes”.

Por: Narda Saavedra

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