El Poder Judicial (PJ) anuló la acusación penal contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de ‘Esterilizaciones forzadas’, un proceso que avanzó durante casi tres años.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitió una resolución que dejó sin efecto el “auto de apertura de instrucción” del caso, retrotrayendo todo lo actuado hasta la etapa de presentación de la denuncia penal en marzo de 2019.
Esta decisión también desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba mantener vigente la acusación.
La controversia en torno al caso se centra en las acusaciones de la Fiscalía, que señalaban que, durante el gobierno de Fujimori, más de 1,300 mujeres, incluyendo a María Mamerita Mestanza Chávez, fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento o sin conocer los efectos del procedimiento, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Este programa, según la Fiscalía, constituyó una grave violación de derechos humanos.
El tribunal superior confirmó que el expediente deberá ser devuelto al Ministerio Público para que se ajuste al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), y se pronuncie nuevamente sobre los cargos imputados. La Sala concluyó que la nulidad del auto de instrucción implica que todos los actos procesales realizados desde diciembre de 2021, cuando se inició la instrucción, quedan anulados.
Por su parte, la defensa legal del expresidente, Elio Riera, espera que la nueva evaluación de la formulación de cargos permita que el proceso siga su curso con un mayor enfoque en el cumplimiento de la ley.
“Estamos esperando con calma las precisiones necesarias para, en su momento, defendernos como corresponde”, afirmó.
Además, Humberto Abanto, abogado del congresista Alejandro Aguinaga, quien también está procesado en este caso, anunció que recurrirán a la Corte Suprema para que se archive el caso, argumentando que el juzgado no cumplió adecuadamente con la resolución de la Sala Suprema Constitucional.
Por Fanni López