Una reciente encuesta arroja que el 83% de los peruanos cree que en Venezuela hay una dictadura, mientras el 91% considera que hubo fraude en el último proceso electoral (Datum 11/8/2024. EC). Con seguridad esta percepción debe proyectarse a todos los países latinoamericanos y se instalará conforme llegan más noticias desde suelo venezolano mostrando las brutales acciones de terrorismo de Estado que cometen Maduro y sus asociados para no soltar el poder.
Las redes sociales y las plataformas son claves difundiendo lo que el régimen delictivo pretende invisibilizar selectivamente; de ahí su afán en bloquear todos los espacios digitales posibles. La situación ha llegado a tal punto que los esbirros oficialistas quitan los celulares a la gente en la calle para castigarlos hasta por haber enviado un “meme” contra el “gobierno”. Lo último que se ha visto es a los colectivos chavistas (surgidos desde la época de Hugo Chávez) marcando con una “X” negra las casas de las familias opositoras y prodemocráticas en Caracas. Van agrediendo y capturando a dedo a los que salen a marchar y a quienes realicen los ya famosos “cacerolazos” desde sus ventanas. Es decir, se está reprimiendo toda forma de protesta ciudadana no violenta. He aquí uno de los factores más “efectivos” para inocular el miedo, el terror individual y colectivo en la base social y donde el chavismo ha imitado una vieja táctica de control del experimentado castrismo cubano: el soplonaje de los vecinos gobiernistas en los barrios medios y populares.
En realidad, son muchas las innovaciones dictatoriales de terror y propaganda perpetradas con fines políticos. Las amenazas y la ejecución de violencia se desatan en paralelo.
Uno de los colmos se dio con un video hecho por los propagandistas de Maduro mostrando el allanamiento ilegal a la casa de María Oropeza (una importante coordinadora de campaña de María Corina Machado) quien fue secuestrada por funcionarios públicos luego de abrir a combazos las rejas de su vivienda. El mensaje de esta y otras detenciones ilegales es una: “No importan las leyes y los procedimientos, si actúas u opinas en contra… iremos por ti”. Desde el 28 de julio —día del fraude— a la fecha hay más de 20 muertes que se suman a los miles de heridos, encarcelados, asesinados y desaparecidos en los últimos 25 años de Chávez/Maduro y su “socialismo del siglo XXI con justicia social”. Como además es conocido, son casi 8 millones de venezolanos los que han partido en un éxodo histórico y sin precedentes. Y habrá más si el Cártel de los Soles no es removido.
¿Cuáles han sido los apoyos internos que heredó y fortaleció Maduro? Las investigaciones probadas y los hechos registrados dan cuenta de varias fuerzas de choque criminales: (1) las fuerzas armadas regulares (Ejército, Aviación y Marina. La DGCIM o “el escudo” de la contrainteligencia militar, especialmente). (2) La Guardia Nacional Bolivariana, GNB. (3) La Policía Nacional Bolivariana, PNB. (4) La “milicia” formada por civiles (lo que Castillo quería formar en Perú con los ronderos politizados). (5) Los “colectivos” a pie o motorizados que actúan como paramilitares por todo el país. (6) Las “disidencias” narcoguerrilleras de las FARC y (7) el ELN colombianos con presencia territorial en Venezuela. (8) Los anillos de seguridad de Maduro, o sea, militares cubanos de inteligencia en labores de espionaje, persecución, detención de políticos, activistas y ciudadanos, como de neutralización de posibles rebeldes en las filas militares que amenacen la continuidad del régimen. Estos son los elementos determinantes (algunos otros aparecieron con el tiempo para procedimientos específicos de opresión) de la sobrevivencia, hasta hoy, de la alianza cívico-militar y criminal con poder político del chavismo. ¿Podrá romperse esta solidificada unidad represora?
¿Hay terrorismo estatal en Venezuela? Sin duda. Cabe anotar que ha sido habitual relacionar al terrorismo táctico solo con actores no estatales, pero es ineludible considerarlo también cuando se ejecuta desde el Estado vía el comportamiento violento y sistemático en la política cotidiana. Hay quienes señalan a la Junta Militar (1976-1981) de Rafael Videla en Argentina como el iniciador de esta forma de violencia política organizada, pero en realidad fue con el fascismo mussoliniano donde aparecen sus características más resaltantes. Aunque fue el nacionalsocialismo alemán, el nazismo, el que institucionalizó la violencia terrorista como una forma distinta y permanente de opresión (E. Calleja. 2006).
Sin escrúpulos el chavismo desplegó progresivamente tácticas terroristas de Estado entre apoyos criminales internos y el soporte político internacional de las más grandes dictaduras mundiales.
En la coyuntura, Maduro ahora busca que la también sometida Asamblea Nacional apruebe su “ley contra el fascismo, el neofacismo y otras expresiones similares” (con penas de cárcel de entre 6 y 12 años) para terminar de cerrar el círculo de terror político contra todos sus enemigos, los disidentes demócratas, liberales… y hasta ilegalizar a los partidos contrarios acusados de hacer “apología fascista” y “fomentar el odio”. Un letal disparate sobre todo viniendo de una extrema izquierda que hizo de la antigua frase fascista de “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, una de sus brújulas de acción prodictatorial como la que el mundo libre está presenciando hoy con impotencia e indignación creciente.
Por: Miguel Lagos