“El gobierno y la sociedad civil deben trabajar juntos para asegurar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera eficiente y efectiva”, escribe la coordinadora Regional del Proyecto ReAcciona.

Hablar de salud en el Perú revela profundas carencias estructurales y de gestión. La pandemia expuso la fragilidad del sistema de salud y nos brindó una oportunidad para reflexionar y actuar sobre las brechas existentes. A pesar de las inversiones millonarias, seguimos enfrentando carencias significativas.

Según el diagnostico situacional de brechas de Infraestructura del sector salud, el 98% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención y el 94% de hospitales tienen una capacidad instalada inadecuada. En 2024, el sector salud recibió más de S/4.888 millones para proyectos de inversión, pero solo el 43,6% de los recursos se han ejecutado al 12 de agosto.

Arequipa ejemplifica este problema con el hospital Maritza Campos Diaz, cuyo costo ha aumentado de S/112,2 millones a S/181,5 millones, con un avance físico del 58%. La sinergia con otros proyectos como la Vía Cuatro Carriles, podría revolucionar el acceso a servicios de emergencia, pero la inacción mantiene ambos proyectos inconclusos.

Las ineficiencias y retrasos no son meros problemas administrativos; son una violación de los derechos fundamentales. La incapacidad del Estado para cerrar estas brechas implica que los ciudadanos no reciben la atención que merecen.

Iniciativas como ReAcciona, que promueven la vigilancia ciudadana y la transparencia en la gestión pública, son más necesarias que nunca. El gobierno y la sociedad civil deben trabajar juntos para asegurar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera eficiente y efectiva.

La infraestructura de salud no solo beneficia a los pacientes, sino que también impacta el desarrollo económico y social de las comunidades. Un sistema de salud robusto atrae inversiones, mejora la productividad laboral y fortalece la cohesión social.

Invertir en salud es invertir en el futuro del país. Es crucial que las autoridades rindan cuentas y se comprometan con la finalización de estos proyectos. La continuidad de la comisión especial “hospitales paralizados” en Arequipa, liderada por la Consejera Norma Ortega, y la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069, que prohíbe medidas cautelares que paralicen obras en sectores clave, son pasos en la dirección correcta.

La salud no puede seguir siendo una promesa incumplida; es una urgencia inaplazable y un derecho inalienable. La inacción y la falta de eficiencia no solo afectan a los individuos, sino que retrasan el progreso del país. Necesitamos un compromiso renovado para priorizar la salud en todas las políticas públicas y asegurar que los recursos asignados se utilicen de manera óptima.

En conclusión, Perú está en una encrucijada. Tenemos los recursos y conocemos los puntos débiles de nuestro sistema de salud, pero necesitamos la voluntad y el compromiso para mejorarla. La salud es más que una inversión económica; es una inversión en nuestra gente, en nuestro futuro y en nuestra capacidad de construir una sociedad más justa y equitativa.

Por: Pía Quispe Lozano – Coordinadora Regional del Proyecto ReAcciona