A través del informe N° 037-2024-2-0434-AC, la Contraloría General de la República informó del pago de S/ 41.131.152, de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a funcionarios y servidores de confianza, entre los años 2020-2022, vulnerando la normativa legal, lo que ocasionó el gasto de recursos públicos “en menoscabo de los intereses patrimoniales del Estado y la correcta administración pública”.
Fueron un total de nueve extrabajadores los que tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por estos hechos.
El documento indica que los funcionarios de la MML efectuaron el trámite y pagaron por el concepto de “asignación por responsabilidad funcional” a 384 empleados de confianza, pese a que las restricciones desde 2006 son de carácter presupuestal en las leyes anuales de presupuesto del sector público, que prohíben el pago de asignaciones u otros similares, cualquiera sea su naturaleza, periodicidad, modalidad, entre otros.
Cabe señalar que durante la auditoría realizada se comprobó que no existe documentación que afirme o autorice legítimamente el pago de la “asignación por responsabilidad funcional”. Asimismo, no se encontraron pliegos que sustenten la evaluación o métodos aplicados para determinar la cantidad.
¿Qué dice la nueva normativa?
Solo se pueden aprobar nuevas bonificaciones, asignaciones, beneficios u otros, vía un decreto supremo o norma con rango de ley dada por el gobierno central, lo cual no sucedió en este caso.
Respecto al financiamiento, la Contraloría indicó que los funcionarios de la MML emitieron y aprobaron las planillas mensuales de los funcionarios de confianza incluyendo este beneficio, el cual fue costeado con recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal, los impuestos municipales y los recursos directamente recaudados por la entidad.
Previamente, según el informe de auditoría, se resaltó que la Subgerencia de Presupuesto procedió a emitir las certificaciones de crédito presupuestario con las cuales se habilitaron los recursos económicos para realizar el pago de la asignación por responsabilidad funcional a los funcionarios de confianza.
Finalmente, la Contraloría General recomendó a la Procuraduría Pública iniciar las acciones penales contra los nueve exfuncionarios y considera tramitar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a siete de estos. (El Comercio).