El problema de la inseguridad ciudadana es sistémico. Para abordarlo, es necesario también considerar otros problemas como la migración, la informalidad, y la falta de oportunidades laborales, entre otros.
Además, se requiere no solo involucrar, sino comprometer a todos los sectores con objetivos y metas definidas, un monitoreo permanente, y transparencia en la ejecución del gasto público destinado a fortalecer a los operadores directos, principalmente, la PNP, el servicio de Serenazgo y el Ministerio Público. La especialización, la formación técnico-forense, la interoperabilidad y la estricta aplicación de la ley son esenciales para la prevención de la delincuencia.
Desde el 2003, contamos con la Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, encargado del diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas en la materia, y cuya secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es el órgano técnico, coordinador y ejecutor de las medidas y acciones en materia de seguridad a nivel nacional. Han pasado casi 21 años desde su creación, y hasta el momento no se puede apreciar el éxito de la fórmula.
Por tanto, el responsable del incremento de la criminalidad no es un gobierno específico, sino el desarticulado ejercicio de las funciones de los sectores, así como la falta de compromiso político en la lucha contra la criminalidad. De acuerdo con el informe “Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023” (INEI), entre los años 2021 y 2023, la cantidad de ciudadanos peruanos que indicaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo pasó de 18.2 % (2021) a 27.1 % (2023).
Por: Elizabeth Zea Marquina