Defendió la desactivación del Eficcop, fue protagonista de polémicos audios, le iniciaron investigaciones en la Fiscalía, tiene una percepción negativa y sus indicadores de lucha contra la inseguridad ciudadana no mejoran. Sin embargo, el titular del Interior mantiene la confianza de la presidenta Dina Boluarte

Juan José Santiváñez cumple hoy 235 días como ministro del Interior en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Desde el primer día, su gestión se ha caracterizado por una serie de cuestionamientos en su contra y una ausencia de resultados en su sector.

Sin embargo, es uno de los integrantes del Gabinete Ministerial que goza de un gran respaldo de la mandataria, por lo tanto, se ha convertido en un ministro inamovible.

Incluso, hace un par de semanas, la presidenta Boluarte lo llamó “valiente” y lo defendió de las críticas.

INICIOS

En mayo de 2024, cuando apenas asumió el cargo, Santiváñez defendió la desactivación del equipo especial de apoyo al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

El mencionado grupo de agentes policiales apoyaba a la Fiscalía en investigaciones a personajes políticos de alto perfil, entre ellos, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Boluarte.

Santiváñez también cometió un grave error al anunciar en televisión nacional que la Policía capturó a Iván Quispe Palomino, a quien calificó como “el número 2 de Sendero Luminoso”.

Sin embargo, Iván Quispe no tiene conexión con el grupo terrorista, porque se alejó hace muchos años.

Por otro lado, una última encuesta de Ipsos identifica al titular del Interior como un personaje negativo por un 14% de los encuestados, cifra superior a la del premier Gustavo Adrianzén que tiene un 10%.

Un elemento característico de la gestión de Santiváñez tiene que ver con la difusión de audios que lo dejan mal parado.

En junio del año pasado se conoció un audio de Santiváñez en el que pedía a un personaje bajo el alias de “doctor”, controlar al periodista Marco Sifuentes.

Este hecho incluso motivó el inicio de una investigación en su contra en la Fiscalía por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.También se revelaron audios de Santiváñez con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”.

Uno de las comunicaciones deja entrever que el Gobierno Boluarte ayudó en la fuga del hoy prófugo Vladimir Cerrón.

“¿Te acuerdas que el cofre de la presidenta estaba en la playa? Iba a buscar a Cerrón a la playa”, se le escucha decir al ministro en el audio.

Este caso también forma parte de una carpeta fiscal por el delito de encubrimiento personal.

Un hecho más vinculado a la presencia de Santiváñez son los mensajes de texto que habría intercambiado cuando fue viceministro de Orden Interno en abril de 2023.

En la comunicación, Santiváñez solicitaba a un policía que estaba en un operativo, que lo contacte con uno de los detenidos para recomendarle a un amigo abogado, Luis Vivanco.

BALANCE

En setiembre del año pasado, Santiváñez aseguró que renunciaría a su cargo si es que el plan que había diseñado para combatir la inseguridad ciudadana, no funcionaba. Sin embargo, pese a que los indicadores no son los mejores, él permanece en el puesto.

Al respecto, el ingeniero electrónico Juan Carbajal advirtió que, en Lima Metropolitana, en el último trimestre del año 2024 y en medio del estado de emergencia, se registró la mayor cantidad de denuncias por extorsión.

En promedio, se hizo una denuncia a cada hora.

Los meses de octubre, noviembre y diciembre se reportaron 2351 denuncias por extorsión.

A esto debe sumarse el número de homicidios registrados en el Perú.

De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en 2023 se registraron 1500 muertes y en 2024 fueron 2011, es decir, hay una diferencia de 511 decesos que equivale a un 34.07%.

Los homicidios del 2024 se registraron principalmente en las regiones de Ica (84), Piura (116), Callao (129), La Libertad (273) y Lima (829).

Cabe recordar que, a principios de 2024, el ministro Santiváñez se mostró muy confiado en que la tasa de asesinatos en ese momento solo era de entre el 7 y 8%, más no un 30%.

Para justificarse, cuestionó las cifras del Sinadef, plataforma que forma parte del Ministerio de Salud.

“Con supuesto al 30 % de incremento de homicidios, yo ya lo he referido: es un porcentaje que parte de una fuente de error. ¿Por qué una fuente de error? Porque la fuente de error que se está considerando es el Sinadef”, dijo en aquella oportunidad.

Un dato no menor es que el incremento de asesinatos se da pese al estado de emergencia por 60 días que se ordenó en Lima y Callao.

Sin embargo, el ministro Santiváñez asegura que la percepción de inseguridad, así como las extorsiones y el sicariato, han reducido.

ANÁLISIS

Para el exdirector general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, los pésimos indicadores de inseguridad ciudadana del país se visualizan en resultados objetivos y en estadísticas.

“El Instituto Nacional de Estadística realiza encuestas sobre criminalidad e inseguridad de manera semestral, tenemos el Sinadef que es estadística certera que nos muestra que lo que dice el ministro es falso, también tenemos el sistema nacional de denuncias de la Policía. Bajo esa perspectiva, vemos que los datos que da el ministro son falsos”, afirmó.

En diálogo con Correo, recordó el deceso del empresario Nilo Burga, vinculado en una investigación que incluye a Fredy Hinojosa, asesor de la presidenta Boluarte.

Como se recuerda, Santiváñez dijo en una conferencia que Burga “se autolesionó”. Sin embargo, los exámenes refieren todo lo contrario.

“En el protocolo de necropsia muestra científicamente que ese señor no se ha suicidado, sino que ha sido homicidio. Tiene seis cortes, se hallaron dos cuchillos y muestras de sangre en el sillón. Es imposible que se haya ocasionado esas lesiones”, apuntó.

En otro momento, Pérez Rocha cuestionó la propuesta de Santiváñez para entregar incentivos a los policías que participen de manera directa en la captura de prófugos que se encuentren en el Programa de Recompensas.

“Eso está prohibido. El decreto legislativo indica que solamente es para civiles que den datos, se le da un número de clave y si es positivo, ahí si se le da el dinero. Quieren incluir a personal policial que participa en la investigación y captura, eso está prohibido”, afirmó.

Desde su punto de vista, Santiváñez debió ser removido del cargo “hace tiempo”.

“Se supone que cuando un funcionario público está sometido a procesos de investigación por cuestiones delictivas graves, como es el caso del ministro del Interior, ya debería haber dejado el cargo. Yo me pregunto por qué se le mantiene”, agregó. (Correo).

Cuestionan que se otorgue recompensa a PNP por capturar a los más buscados

Luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciara que los efectivos policiales podrán ser beneficiarios del programa de recompensas cuando participen en la búsqueda y captura de criminales, algunos exministros y exjefes de la Policía rechazaron esta posibilidad, porque podría prestarse a actos de corrupción.

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza, señaló que le parece una propuesta inconveniente. “Una tarea importante de la Policía es capturar a requisitoriados, por lo que, tratándose de una actividad ordinaria y cotidiana, no existe fundamento para asignarles recompensas por realizar su trabajo. Además, rompería la naturaleza del programa de recompensas, porque el policía que interviene podría hacerlo sobre la base de información privilegiada que podría tener por razones de su función, y eso podría ser una fuente de corrupción. Es una propuesta desatinada”.

Con información privilegiada

Agrega que “un policía, por su propia función, siempre tendrá información privilegiada, por ejemplo, de inteligencia, de acciones previas, acceso a información no pública, que podría ser fuente de extorsión al requisitoriado o a su familia. Además, si la policía necesita de un estímulo económico para capturar a un requisitoriado, supondría que no está haciendo bien su trabajo”.

En tanto, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señala que, con base en las declaraciones del ministro del Interior, estos incentivos no serían para toda la Policía, sino para los equipos que se dedican al trabajo de investigación y captura de los requisitoriados. Pero consideró que esto es “ofensivo para la institución”.

“Están haciendo ver que la Policía Nacional, que es la encargada de cumplir los mandatos judiciales de órdenes de captura, que tiene gente especializada y dinero para inteligencia reservada, no cumple. Entonces tengo que ver la manera de cómo le ofrezco dinero para que ellos trabajen. Dan entender que no cumplen”, lamentó.

Pérez Rocha también cree que podría haber casos de corrupción. Y aclara que en la actualidad los policías no están autorizados para cobrar recompensas, sino los civiles a quienes se le da una clave, y si la intervención es exitosa, les dan un acta para entregarles el dinero. “Acá puede haber la posibilidad que la policía que está investigando, lógicamente puede tener conocimiento de la ubicación (del requisitoriado), él llame a cualquier civil, familiar, (y diga) fulano de tal está en tal sitio así que tú llama y de ahí vemos cómo nos dividimos la recompensa, eso puede caber”.

Precisó que actualmente solo hay 170 requisitoriados con recompensa, que no es ni el 10% de lo que se tuvo en 2016 con el exministro del Interior Basombrío. “Si vemos los resultados en el 2024 sobre cuántos han obtenido la recompensa por datos de ubicación, no llega ni al 8%, es algo que no funciona”.

Y el exministro del Interior, Remigio Hernani, señaló que Juan Santiváñez tiene catastróficas cifras de inseguridad ciudadana. En esa línea, sostuvo que es una obligación de los policías ubicar a los delincuentes, aunque señala estar de acuerdo con que se les recompense de alguna forma.

“La policía de investigación criminal no trabaja 8 horas, trabaja mucho más, hay que recompensarlos de alguna forma”, señala Hernani.

Son incentivos

Sobre el tema, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró que los pagos a los policías que capturen a delincuentes incluidos en la lista de ‘Los más buscados’ serán considerados como “incentivos”, diferenciándolos del concepto de recompensas.

Y dijo que se buscará modificar un decreto legislativo para que los equipos de búsqueda puedan ser beneficiados.

“Por eso nosotros estamos valorando, es una modificación normativa al decreto legislativo para que el personal policial, el equipo operativo que esté a cargo de esta investigación, pueda también ser beneficiado, en calidad de incentivo, de estos montos que ya están presupuestados y que están destinados exclusivamente a estas capturas”, detalló.

En tanto, el general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía, dijo a un medio local estar a favor de la iniciativa de otorgar incentivos económicos para capturar a los delincuentes más buscados, pues los policías arriesgan sus vidas.

Por: Jesica León