El gobierno de Dina Boluarte y sus aliados parecen estar maniobrando para moldear el sistema judicial a su conveniencia, apuntando a figuras que les resultan incómodas. En la misma semana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, mientras que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario acelerado contra Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. Estos hechos reflejan un conflicto en escalada que podrían representar una potencial amenaza en el equilibrio de poderes y la autonomía judicial, pilares esenciales de la democracia peruana.
El fin sería uno: destituir a Tello y Espinoza por figuras de su conveniencia. Entre discursos, Boluarte ha dejado clara su nula simpatía hacia Espinoza. Uno de sus últimos mensajes a la Nación es recordado por haber retado públicamente a la titular del Ministerio Público a citarla a declarar sobre el caso ‘Cofre’ y su viaje al condominio de Mikonos, en Asia. De manera similar, Tello también fue blanco de críticas por parte de la mandataria, luego de que esta última calificara las investigaciones en su contra como «carpetas de circo», expresión que llevó a Tello a considerar que la presidenta estaba «mal asesorada». En este artículo, repasamos los dos últimos golpes provenientes de otras instituciones contra Tello y Espinoza.
Una denuncia al Ministerio Público desde el Gobierno
La confrontación con el sistema judicial no tiene por qué ensuciar directamente las manos de la presidenta. Esa parece ser la estrategia, considerando que los ataques —más allá de discursos ambiguos— no han provenido directamente de la mandataria. Quien sí ha tomado una acción concreta contra el Ministerio Público es Juan José Santiváñez. En medio de las investigaciones sobre presuntos audios en los que habría conversado con el capitán PNP Junior Izquierdo ‘Culebra’ sobre supuestas protecciones de Dina Boluarte al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, Santiváñez ha presentado una denuncia contra la fiscal de la Nación. Se trata de una denuncia que, en ausencia de un sustento legal sólido, buscaría entorpecer la labor del Ministerio Público y su capacidad de investigación sobre una de las figuras más relevantes del Gobierno. Así lo considera Mario Amoretti, experto en derecho penal.
«La denuncia del ministro del Interior no tiene justificación legal; su objetivo es evitar que lo denuncien por el delito de encubrimiento real. Entregar un celular sin contenido no excluye este delito, ya que se configura cuando se dificulta la acción de la justicia. Solicitar la clave del dispositivo es un procedimiento regulado y, si contiene información privada, esta se devuelve al investigado; solo queda en poder de la fiscalía aquello relacionado con el delito investigado. Por ello, la denuncia ante la JNJ y el pedido de destitución no tienen ningún sustento legal. El requerimiento está claramente legislado en el Código Procesal Penal», declaró a La República. Santiváñez, abogado de profesión, no puede desconocer lo expuesto por Amoretti. Sin embargo, parece consciente de las implicancias políticas de su denuncia, que estaría motivada, en parte, por la necesidad de responder a su jefa, Dina Boluarte. Así lo señala Jhimer Monzón, politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo.
«Esta denuncia forma parte de una estrategia desesperada del Ejecutivo, con Dina Boluarte a la cabeza, para proteger la información contenida en los chats del ministro. La fiscalía no está interesada en datos personales ni familiares; su objetivo es desarticular una posible red de corrupción en los más altos niveles del Estado. Por lo tanto, el ministro no debería dilatar más el asunto y, en un acto de transparencia, aceptar todas las solicitudes de la fiscalía», mencionó el politólogo.
Janet Tello denunciada por un aliado del Legislativo y Ejecutivo
Al igual que Espinoza, Tello, presidenta del Poder Judicial, también ha sufrido las consecuencias de su enfrentamiento con sectores de poder en el Ejecutivo y el Legislativo. En ese contexto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano con influencia del Congreso y el Gobierno, habría decidido, según fuentes consultadas por La República, abrir un proceso disciplinario inmediato para la destitución de los jueces supremos Janet Tello Gilardi, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano, con una votación de cuatro votos a favor y tres en contra. Hasta el 31 de diciembre de 2024, estos magistrados integraban la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
La JNJ fundamenta su decisión en una sentencia de naturaleza laboral emitida por esta sala. En estos procesos, un magistrado actúa como ponente, elaborando un proyecto de sentencia que, si es aprobado por sus colegas, se convierte en resolución judicial. Bajo el principio de confianza, los demás jueces no analizan en detalle cada expediente. La JNJ cuestiona que, en este caso, se haya invocado una norma derogada.Sin embargo, según fuentes de La República, la razón de fondo sería otra: la jueza suprema y actual presidenta del Poder Judicial se ha convertido en una figura incómoda para los sectores corruptos que dominan tanto el Ejecutivo como el Legislativo y que, además, ejercerían una influencia significativa en la Junta Nacional de Justicia. Sus más recientes declaraciones refuerzan esta hipótesis, al responder al Gobierno de Dina Boluarte asegurando que este se encuentra «mal asesorado» y recomendando una mejor gestión ante la constante fiscalización ciudadana: «Los funcionarios estamos siempre bajo la atenta mirada del ojo ciudadano. Todos estamos sometidos a investigaciones, al ojo crítico, a saber, responder y rendir cuentas», declaró Tello hace pocos días.
Tello rompió su silencio y, por medio de la cuenta institucional del Poder Judicial, presentó un comunicado sobre la posible sanción en su contra: «(…) De confirmarse esta información (la investigación disciplinaria de la JNJ), esperaremos con serenidad la notificación del mencionado organismo a fin de ejercer nuestro derecho de defensa. (…) Sin embargo, resulta preocupante que el referido procedimiento se haya tramitado con un carácter célere reservado para casos de suma gravedad. Debo señalar que mi línea de conducta, durante toda mi carrera judicial, siempre ha sido y es de apego a la ley y la Constitución. (…) En el actual contexto político, esta decisión no contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas ni al respeto por la independencia del criterio de juezas y jueces en sus decisiones (…)», sostiene en la publicación.
Por: Mauricio Muñoz