La extorsión se ha convertido en la principal amenaza de los emprendedores. Ya no son solo los empresarios; hoy, los colegios, transportistas, comerciantes y artistas son blanco de bandas criminales que les exigen cupos a cambio de dejarlos trabajar. Y la situación es cada vez más grave. Desde que Juan Santiváñez asumió como ministro, las denuncias por extorsión han superado las 17.000, según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), mientras que los homicidios suman 1.840. Y ni siquiera los niños están seguros, pues las escuelas están en la mira de los delincuentes. Es el caso el colegio Visionarios, ubicado en Los Olivos. Este centro educativo recibió amenazas y, ante el riesgo, optó por trasladar sus clases a la modalidad virtual. Y al enterarse de la amenaza, varios padres de familia acudieron de inmediato para recoger a sus hijos.
“Es increíble los niveles de inseguridad que estamos viviendo. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que no puede ver a sus compañeros hasta nuevo aviso porque existe peligro de que lancen y exploten una granada? Nos sentimos tan inseguros con una Policía ineficiente”, señaló un padre de familia que prefirió no ser identificado.
Artistas amenazados
Los artistas tampoco están a salvo de la violencia. Músicos y agrupaciones reciben amenazas constantes para que paguen fuertes sumas a cambio de seguridad en sus presentaciones. El caso más reciente es el de Paul Flores, cantante de Armonía 10, quien fue asesinado por delincuentes en San Juan de Lurigancho. También otras orquestas como Corazón Serrano y La Única Tropical han denunciado ser víctimas de amenazas.
Pero no son solo ellos los que viven bajo amenaza. Hay sectores más pequeños como colectiveros y mototaxistas que son blanco de constantes ataques. Y por ser asociaciones pequeñas, no reciben la atención debida de las autoridades. La última víctima en este rubro es Jorge Luis Estrada, de 30 años, quien fue baleado ayer por resistirse al robo de su automóvil, en San Juan de Lurigancho.
Evalúan movilización
Ante esta situación, los dirigentes transportistas evalúan una nueva movilización para exigir al Gobierno acciones concretas contra la criminalidad que afecta a diversos sectores productivos. Además, señalaron que otros gremios que participaron en marchas anteriores se sumarán a esta medida en defensa de la vida y la democracia.
Edgar Vito, secretario del gremio de Transportes Unidos, señaló a La República que, pese a las múltiples protestas y movilizaciones realizadas para exigir medidas efectivas contra la criminalidad, el Gobierno ha hecho caso omiso. Señaló que las autoridades han permanecido indiferentes ante la ola criminal que desangra el país.En respuesta a ello, anunció que el 21 de marzo los dirigentes y empresarios de diferentes rubros se reunirán para definir la fecha de un nuevo paro y movilización en defensa de la vida y la democracia.
Asimismo, Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, informó que este viernes también se sumarán a la movilización que se realizará en Lima por la muerte de Paul Flores y para exigir acciones urgentes que frenen la delincuencia que azota al país.“Vamos a apoyar esta movilización. Esperamos que esta vez el Gobierno y el Congreso nos escuchen y no nos ignoren como en anteriores ocasiones”.
Estado de emergencia
El asesinato de Paul Flores García, cantante de Armonía 10, llevó al Gobierno a recurrir nuevamente a la que parece ser su única respuesta frente a la delincuencia: declarar el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días.
Con esta medida, que ya tiene 2 días, busca contener el avance del sicariato y la extorsión, aunque persisten las dudas sobre su efectividad.
Pero la presencia de militares y policías apenas si fue percibida en zonas populosas. La mayoría de uniformados se concentraron en centros comerciales de distritos como Miraflores, San Miguel, San Isidro, Surco, La Molina y San Borja.
Mientras que, en Independencia, SJL, Villa María del Triunfo y Comas, las zonas altas siguieron desguarnecidas.
De acuerdo con el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, esta medida no es efectiva. “Creo que están intentando conectar con la gente usando términos como pena de muerte y estado de emergencia. Ni más policías en las calles ni militares van a lograr que la extorsión se reduzca”, opinó.
Extorsiones y asesinatos
Entre enero y febrero del 2025 se registraron 3.921 denuncias por extorsión, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con las 3.669 reportadas en el mismo periodo de 2024. Y según el Sinadef, en los primeros 75 días de 2025 se han registrado 469 homicidios; es decir, un asesinato cada 3 horas y 53 minutos.