| Fuente: InfoActiva |
Persisten las brechas laborales y de género entre los jóvenes Pese a los avances educativos, el trabajo precario, la desigualdad de género y la maternidad temprana afectan la trayectoria de miles de jóvenes peruanos. El estudio Niños del Milenio 2023–24 (ronda 7) en Perú ha revelado que a los 22 años muchos jóvenes enfrentan condiciones laborales precarias: “La mayoría de los jóvenes de la Cohorte Menor tienen empleos de baja calidad; es decir, empleos sin contrato escrito y empleos con jornadas laborales largas”. Además, “aproximadamente cuatro de cada cinco participantes de la Cohorte Menor que estaban trabajando no tenían contrato escrito y casi un tercio (…) trabajaban más de 48 horas a la semana”. Esta cohorte está conformada por jóvenes nacidos entre 2001 y 2002, seguidos desde que tenían entre 6 y 18 meses de edad. La precariedad es más marcada entre quienes provienen de hogares pobres o con madres con baja escolaridad. El informe también advierte sobre una creciente desigualdad de género: “Las mujeres jóvenes tienen persistentemente menos probabilidades de estar empleadas que los hombres, con una brecha de género en el empleo que (…) aumentó a 22 puntos porcentuales a los 22 años”. Además, cabe señalar que las mujeres jóvenes dedican tres horas más que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. Esta carga de trabajo doméstico se relaciona, según el estudio, con el hecho de que “el 41% de las mujeres de la Cohorte Menor estaban casadas o cohabitaban, y el 35% tenía un hijo” a los 22 años. Si bien el 42% de los jóvenes seguía estudiando en 2023, el acceso al empleo formal es limitado. “Solo uno de cada cinco participantes de la Cohorte Menor tenía un contrato escrito”, señala el estudio. Finalmente, este concluyó que “los participantes que nacieron en hogares más pobres y aquellos cuyas madres tenían un menor nivel de educación formal, tienen menos probabilidades de estar empleados y más probabilidades de estar casados y/o tener un hijo”. |
| Fuente: Infobae |
Proyecto de ley busca anular inscripción de partidos con firmas falsas Iniciativa legislativa propone facultar al JNE para invalidar registros partidarios obtenidos con adhesiones fraudulentas. Más de 30 agrupaciones políticas enfrentan observaciones por presuntas irregularidades en sus afiliaciones. Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda anular la inscripción de partidos políticos si se comprueba que utilizaron firmas falsas para su creación. La iniciativa, impulsada por la congresista Flor Pablo, modifica la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo sanciones que van desde multas hasta la disolución de agrupaciones involucradas en fraudes. «La fiscalización no debe limitarse al momento de la inscripción. Debe ser permanente para verificar la autenticidad de los partidos», señala el texto. Según el Reniec, 30 de los 43 partidos inscritos presentan irregularidades en sus registros, con más de 60 mil firmas cuestionadas por posibles falsificaciones. Entre ellos, seis tienen representación en el Legislativo. La norma también plantea responsabilidades penales para fundadores y dirigentes partidarios que incurran en delitos. Las sanciones incluyen multas de hasta 500 UIT (S/2.5 millones) y la prohibición de actividades políticas. El proyecto apunta a aplicarse para las elecciones del 2026, aunque requiere aprobación en el Pleno. |
| Fuente: Gestión |
Retrasos en inversión pública: regiones tardan hasta 61% más en adjudicar proyectos Un estudio del Consejo Privado de Competitividad revela que Lambayeque y Tumbes son las regiones con mayores demoras, mientras Ayacucho y Loreto lideran en eficiencia. El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) del Consejo Privado de Competitividad (CPC) detectó que el 34% de los proyectos subnacionales se adjudicaron con retrasos en el primer trimestre de 2025. Los gobiernos regionales tardaron 61% más que el plazo normativo (21 días) en adjudicaciones simplificadas, mientras que los locales demoraron 41%. Lambayeque (33% de cumplimiento) y Tumbes (27%) fueron los más lentos, frente a Ayacucho (100%) y Loreto (96%). David Tuesta, presidente del CPC, atribuyó las demoras a burocracia y falta de capacidad técnica. «Un proyecto que debería licitarse en 49 días puede tardar 70, encareciendo costos y desincentivando participación privada», explicó. El informe urge implementar metodologías ágiles y habilitar fondos progresivos para proyectos prioritarios. El MEF destacó avances en digitalización de procesos, pero admitió que persisten cuellos de botella. «Trabajamos con gobiernos regionales para reducir plazos, especialmente en licitaciones de infraestructura», señaló un vocero. El CPC recomendó replicar modelos como el de ProInversión, donde el 85% de las APP se adjudican en menos de 60 días. |
| Fuente: El Comercio |
Empresas mantienen inversiones pese a incertidumbre política Ejecutivos de sectores clave destacan resiliencia económica pero advierten sobre riesgos regulatorios. Las inversiones en tecnología y energía renovable lideran los planes corporativos. Representantes de empresas de finanzas, energía, telecomunicaciones y pensiones confirmaron que mantienen sus planes de inversión en Perú, pese al contexto político volátil. Michela Casassa, CFO de Intercorp Financial Services, destacó un aumento del 30% en inversiones para 2025: «Los pagos digitales han crecido exponencialmente, lo que exige mayor capacidad tecnológica», afirmó. Luciano Guffanti, de Engie Perú, señaló que la compañía duplicará su capacidad en energías renovables en cinco años, pero advirtió sobre la necesidad de modernizar normas: «El sistema eléctrico ya no opera como hace una década». Mariano Orihuela, de Claro, añadió que el sector telecomunicaciones invirtió S/4,000 millones en 2024, pero pidió al Estado agilizar la asignación del espectro 5G. Jean Pierre Fournier, de AFP Integra, resaltó que la economía peruana sigue atractiva para inversiones, pero subrayó que la desconfianza política frena un mayor crecimiento. «Cuando hay estabilidad, el sector privado responde con proyectos», sostuvo. |
| Fuente: El Comercio |
Expertos piden estrategia clara para impulsar crecimiento económico Analistas destacan la necesidad de políticas públicas coordinadas con el sector privado para replicar el éxito de la agroindustria en otros rubros. Alejandra Guardia Muguruza, economista especializada, planteó tres prioridades para reactivar el crecimiento peruano: mayor coordinación público-privada, promoción de clústeres industriales y una estrategia agresiva de atracción de inversiones. «El ‘boom’ agroexportador demostró que el trabajo articulado funciona», señaló, refiriéndose al rol clave de Senasa en la certificación de productos. La experta destacó el enfoque del exministro José Salardi, quien impulsó diálogos directos con empresarios: «16 de 18 indicadores de expectativas mejoraron tras esas reuniones». Sin embargo, pidió institucionalizar estas prácticas y crear una «arquitectura de competitividad» por sectores, similar a la de países desarrollados. Finalmente, Guardia Muguruza enfatizó la urgencia de modernizar entidades como ProInversión y Prom-Perú para captar capitales en industrias tecnológicas. «Perú debe posicionarse como un ‘hub’ regional, pero requiere una agenda clara más allá de la infraestructura», concluyó. |
| Fuente: Diario Correo |
Proyecto de ley para pequeños mineros podría beneficiar a la minería ilegal Gremio empresarial alerta que iniciativa del Congreso busca mantener un registro similar al Reinfo, permitiendo que operadores informales se formalicen sin cumplir requisitos ambientales. Mientras el Ministerio de Energía y Minas (Minem) insiste en que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no se prorrogará, la Comisión de Energía y Minas del Congreso promueve un dictamen que, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), facilitaría la continuidad de la minería ilegal bajo otro nombre. El proyecto crearía el Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (Renapmat), integrando automáticamente a los inscritos en el Reinfo, incluso a aquellos suspendidos por incumplimientos. «Con el Renapmat se habilita un nuevo proceso de formalización indefinida, protegiendo a operadores que han incumplido sistemáticamente las normas», denunció la SNMPE. Además, la iniciativa introduce el concepto de «minería tradicional», una categoría sin respaldo técnico que podría usarse para evadir exigencias ambientales. Para registrarse, solo se requeriría presentar DNI, RUC y coordenadas geográficas, sin verificación de impacto ambiental. El gremio minero advirtió que la propuesta no solo perpetuaría la informalidad, sino que legitimaría actividades sin control. «Esto abre la puerta a que mineros ilegales operen sin fiscalización, poniendo en riesgo zonas ambientalmente sensibles», señaló un representante del sector. El dictamen aún debe ser debatido en el Pleno del Congreso, donde enfrenta críticas por su falta de rigurosidad. |
| Fuente: RPP |
Inseguridad y falta de infraestructura ponen en riesgo el Megapuerto de Chancay Puente colapsado y falta de planificación urbana complican operaciones logísticas del proyecto, que ya suma US$1,300 millones en inversión. El Megapuerto de Chancay, una de las apuestas económicas más importantes del Perú, enfrenta graves desafíos debido al aumento de la criminalidad y la falta de infraestructura adecuada. Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), advirtió que tres organizaciones criminales buscan controlar la zona, poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores y futuras operaciones. «No hay desarrollo sin seguridad. Las inversiones no llegarán si no se soluciona este problema», afirmó De La Tore. Añadió que, pese a existir un presupuesto de S/27 millones para modernizar comisarías, el complejo policial de Chancay sigue paralizado. A esto se suma el colapso del puente local en febrero, que obliga al uso de una estructura provisional incapaz de soportar los 2,700 tráilers diarios previstos. El Consejo Consultivo de Chancay también exigió la aprobación urgente del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2024-2034, retrasado por la Municipalidad de Huaral. «Sin este instrumento, no hay marco para ordenar el crecimiento ni definir rutas de evitamiento para el tránsito pesado», explicó De La Tore. Las autoridades insisten en que, sin acciones inmediatas, el puerto podría convertirse en un foco de crisis en lugar de un motor económico. |
| Fuente: Infobae |
Sunedu ofrece ocho vacantes con sueldos de hasta S/13,412 en convocatoria CAS Entidad supervisora de universidades busca profesionales en derecho, economía, arquitectura y otras carreras. Las postulaciones cierran el 10 de junio; requisitos incluyen título técnico o universitario. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) abrió una convocatoria laboral con ocho vacantes bajo el régimen CAS, dirigida a egresados técnicos, bachilleres y titulados en carreras como derecho, administración, arquitectura e ingeniería civil. Los puestos incluyen roles como Especialista Jurídico (S/8,477), Experto Legal en Normativa Educativa (S/13,412) y Analista Evaluador (S/6,704), con postulaciones abiertas hasta el 10 de junio. «Buscamos profesionales comprometidos con la calidad educativa. Los seleccionados participarán en procesos de licenciamiento y supervisión de universidades», detalló un vocero de la Sunedu. Entre los requisitos figuran experiencia en el sector público y dominio de normativas como la Ley Universitaria. Los interesados deben presentar declaraciones juradas de antecedentes y una carta de motivación a través de la plataforma CAS. La Sunedu destacó que estas contrataciones reforzarán su labor frente a desafíos como la fiscalización de universidades licenciadas y la lucha contra ofertas educativas irregulares. «Es una oportunidad para contribuir al sistema universitario peruano», agregó el vocero. |
| Fuente: Lima Conecta |
Precariedad laboral en el Estado: 1 de cada 4 servidores sin contrato estable La falta de estabilidad contractual entre los trabajadores públicos afecta directamente la calidad de los servicios y la confianza ciudadana en las instituciones, advierte REDES. Según la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), uno de cada cuatro servidores públicos no cuenta con un contrato estable, lo que agrava la precariedad laboral dentro del Estado. Esta situación impacta la calidad de los servicios públicos, donde más del 50% de la población expresa insatisfacción. “La mayoría de trabajadores se sienten discriminados y no pueden transmitir un servicio de calidad al usuario, porque sienten que no se les valora”, advirtió la abogada laboralista Magaly Vicuña de King. Contratos temporales como CAS o locaciones de servicios son usados para cubrir funciones permanentes, lo que genera desigualdad, desmotivación y rotación frecuente. Esta inestabilidad también implica mayores gastos judiciales e indemnizaciones para el Estado, señala la especialista en Derecho Laboral. |
| Fuente: Lima Conecta |
Congreso aprueba reducción del IGV y transfiere más fondos a municipios sin capacidad de gestión Expertos alertan que esta decisión debilita las finanzas del Estado y no garantiza una mejor inversión pública. El Congreso aprobó una nueva ley que modifica el Impuesto General a las Ventas (IGV), reduciéndolo progresivamente del 16% al 14% en cuatro años. Los dos puntos porcentuales se reasignarán al Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), incrementando los recursos para las municipalidades. Expertos como el Dr. Martín Valencia, del Instituto Peruano de Economía, advierten que esta medida compromete los ingresos del gobierno central y podría forzar un mayor endeudamiento estatal. Además, resalta que la mayoría de municipalidades carecen de capacidad técnica y humana para ejecutar obras públicas con eficiencia. “Lo que se ha incrementado es lo que se conoce como el impuesto a la promoción municipal, que estaba en 2% y va a incrementarse gradualmente hasta el 4% en los siguientes 4 años. Eso genera mayores ingresos, va a haber mayores ingresos a las a los gobiernos regionales mediante el FONCOMUN. Pero va a reducir los ingresos del gobierno nacional que venían del IGV justamente”, señaló. |