Alejandro Toledo y Eliane Karp llevan una relación de más de 45 años y afrontan procesos en conjunto. | Andina
Durante una audiencia realizada este miércoles 11 de junio, la Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado en el marco del caso denominado Ecoteva.
Además de la condena, el Ministerio Público pidió que ambos paguen una reparación civil solidaria de S/38 millones 220 mil. También se solicitó el decomiso de sus cuentas bancarias, tanto a nivel nacional como internacional.
El requerimiento fiscal está sustentado en la acusación por el presunto delito de lavado de activos agravado, en relación a una presunta operación de blanqueo de capitales vinculada a compras inmobiliarias realizadas a través de las empresas Ecoteva Consulting Group S.A. y Ecotaste Consulting S.A.
Otros involucrados y penas solicitadas
Eva Fernenbug y Alejandro Toledo
Durante la diligencia, la fiscalía también presentó acusaciones contra otros cinco implicados en el caso. En primer lugar, se solicitó 10 años de cárcel para Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, sindicada como coautora del delito de lavado de activos.
Asimismo, el Ministerio Público pidió:
- 16 años y ocho meses de cárcel para Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo durante su gobierno.
- 13 años y cuatro meses de prisión para Shai Dan On, hermano de Avraham Dan On.
- 13 años y cuatro meses para David Abraham Eskenazi Becerra, señalado como operador financiero del entramado investigado.
Empresas, inmuebles y cuentas en la mira
Como parte del mismo requerimiento, la Fiscalía solicitó la disolución de las empresas Ecoteva Consulting Group S.A. y Ecotaste Consulting S.A., ambas consideradas por el Ministerio Público como vehículos utilizados para el presunto lavado de dinero.
Adicionalmente, se pidió la incautación de diversos bienes inmuebles, entre los que se encuentran propiedades ubicadas en Casuarinas, Punta Sal y la Torre Omega. Estas propiedades habrían sido adquiridas con fondos de origen presuntamente ilícito, según la acusación fiscal.
El requerimiento también incluye la medida de decomiso de las cuentas bancarias de todos los procesados, tanto en el Perú como en el extranjero.
Alejandro Toledo se encuentra recluído en el penal de Barbadillo.
Millonaria reparación civil
La fiscal Briceño Aguayo solicitó que los acusados paguen solidariamente una reparación civil de S/38 millones 220 mil. Este monto, según el Ministerio Público, busca compensar al Estado peruano por los perjuicios derivados de las operaciones presuntamente ilícitas en las que están implicados.
Dicha reparación incluye no solo a Toledo y Karp, sino también a los demás involucrados, así como a las personas jurídicas implicadas.
Tras escuchar los planteamientos del Ministerio Público, la jueza Josefa Izaga Pellegrin programó la siguiente audiencia del juicio oral para el jueves 19 de junio a las 2:15 p. m.
El caso Ecoteva se encuentra actualmente en la etapa final del proceso oral. De acuerdo con la programación judicial, en las siguientes audiencias se espera continuar con la exposición de alegatos, las intervenciones de las defensas técnicas y, eventualmente, la evaluación de pruebas presentadas por cada una de las partes.
Esto se originó en las investigaciones sobre una presunta red de lavado de activos que habría operado durante y después del gobierno de Alejandro Toledo (2001–2006). Las indagaciones apuntan a la adquisición de bienes con dinero de origen presuntamente ilícito, canalizado a través de sociedades offshore y cuentas en el extranjero.
Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Patricia Benavides por presuntos actos ilícitos
La Fiscalía de la Nación informó, este jueves 12, que presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. La acción se sustenta en su presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad, todos en agravio del Estado.Mediante un comunicado, el Ministerio Público detalló: «Se le atribuye a Benavides Vargas aceptar que la apoyen en un proceso disciplinario seguido en su contra ante la Junta Nacional de Justicia, a cambio del posterior nombramiento de fiscales afines a José Luis Castillo Alva en el Equipo Especial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, así como el nombramiento y la destitución de fiscales en el referido equipo para evitar que investiguen a dicho ciudadano».
¿De qué se le acusa a Patricia Benavides?
La Fiscalía sostiene que habría promovido el ingreso de fiscales cercanos a Jaime Villanueva y al abogado Fernando Castillo Alva en un equipo especial, con el objetivo de garantizar que ciertas investigaciones no avancen. Esta estrategia habría estado orientada a proteger intereses particulares y a obstaculizar las pesquisas vinculadas a Castillo, según detalla la denuncia. La investigación también señala que ordenó el nombramiento del fiscal provincial provisional Abelardo Caycho en un despacho de Lima Noroeste. Su designación habría tenido como propósito que investigue al exjuez Walter Ríos por presunta denuncia calumniosa y encubrimiento personal, delitos que, según la Fiscalía, estarían dirigidos a favorecer a Castillo Alva.
Asimismo, la denuncia revela que la exfiscal Benavides habría interferido para impedir investigaciones contra dos periodistas y un agente policial, a pedido de Castillo. También se le atribuye responsabilidad en la designación del exfiscal supremo provisional Franklin Tomy López, con la aparente intención de frenar indagaciones contra el fiscal adjunto supremo Javier Huamaní, vinculado presuntamente a comunicaciones con el exjuez César Hinostroza.
Otra acusación contra la exfiscal Benavides
El 22 de abril de este año, el Ministerio Público también presentó otra denuncia contra Benavides, por presuntos actos de cohecho y tráfico de influencias. Según la acusación, habría intervenido para beneficiar al congresista José María Balcázar, de la bancada Perú Libre, en un proceso penal que se le seguía en Lambayeque.
A cambio, Balcázar votó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a favor de archivar denuncias presentadas contra Benavides, lo que evidenciaría un posible intercambio de favores políticos. Entre las pruebas presentadas figuran comunicaciones internas, el testimonio del exasesor Jaime Villanueva y registros de votaciones parlamentarias. Además, se denunció que la nuera de Balcázar fue nombrada fiscal adjunta en septiembre de 2023, tras cumplirse el presunto pacto. Esta denuncia forma parte de un conjunto más amplio de investigaciones contra Benavides, quien ya fue destituida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia en diciembre de 2023, en medio de graves cuestionamientos por manipulación de investigaciones y uso indebido de su poder como fiscal de la Nación.
Por: Mailhy Rojas