Salió por la puerta falsa, pero Dina Boluarte lo hizo volver por la puerta grande. Apenas cinco meses después de que este Congreso de la República —afín a las políticas y directivas del Gobierno— aprobara por amplia mayoría la censura del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la mandataria lo presentó con bombos y platillos en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno como el flamante titular de la cartera de Justicia.
Santiváñez, obligado a renunciar en marzo de este año luego de ser censurado “por su manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”, según la moción aprobada, ahora se sienta nuevamente en el Gabinete Ministerial, conducido por el primer ministro Eduardo Arana.
Nunca una salida tan vergonzosa trajo un regreso así. Nunca, hasta ayer. Boluarte lo hizo posible.
En realidad, la presidenta de la República nunca separó al censurado Santiváñez de su entorno. Al contrario, solo tres semanas después de ser echado por la representación nacional lo nombró jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, un despacho que estuvo inactivo desde su creación en diciembre del año pasado.
En ese cargo, según verificó Perú21 en junio de 2025, Santiváñez cumplía las mismas funciones que debía desempeñar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ganaba S/17,680 mensuales.
En los últimos meses, además de su protagonismo tras bambalinas en el Gobierno, las noticias referentes a Santiváñez han estado marcadas por investigaciones fiscales. El 20 de agosto, el Poder Judicial confirmó la sentencia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus que presentó contra el Ministerio Público para que se ordene detener las pesquisas en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, cuya pena de cárcel es de 12 años.
Por ese mismo caso, sobre Santiváñez recae actualmente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. El hoy ministro de Justicia es acusado por la Fiscalía de haber interferido ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el propio Ministerio de Justicia, ya siendo funcionario del Ministerio del Interior, para favorecer a uno de los policías a los que defendió en un proceso judicial cuando ejercía como abogado defensor.
En 2023, Santiváñez defendió a dos policías condenados por integrar una organización criminal vinculada a Los Pulpos. A pesar de ello, manifestó que la sentencia contra ambos debe quedar nula por falta de pruebas y violación del debido proceso.
Santiváñez también afronta una investigación por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad a raíz de los audios en los que le pide al excapitán PNP Junior Izquierdo —conocido como ‘Culebra’— que “controle” al periodista Marco Sifuentes.Un jale y un cambio. Además de Santiváñez, también juró Ana Peña como ministra de la Mujer. Fanny Montellanos, quien ocupaba esa cartera, pasó al Midis.
¿CENSURA AL PREMIER?
El regreso de Santiváñez cayó como un baldazo de agua fría para la opinión pública. El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, señaló que corresponde plantear una moción de censura contra el primer ministro, Eduardo Arana.
“Si el premier no hubiera estado de acuerdo, con un poco de dignidad hubiera presentado su renuncia. Lo que corresponde ahora no es un procedimiento de censura contra Santiváñez, sino una moción de censura contra el premier y esto ocasionaría que caiga el gabinete”, declaró en Canal N.
La juramentación de Santiváñez, continuó, es “una burla para el país y para el Parlamento”. Su nombramiento es “provocador”.
Bazán dijo que Santiváñez “nunca ha perdido su cuota de poder en el Ejecutivo” y que con su designación se confirma que “es el asesor en la sombra de Dina Boluarte”. También indicó que nombrarlo le da “un salvavidas” por los procesos judiciales que afronta, ya que tendrá “un antejuicio político”.
En tanto, el congresista Jaime Quito de la Bancada Socialista, uno de los impulsores de la censura a Santiváñez cuando estaba en el Ministerio del Interior, calificó su retorno como “una afrenta” al Congreso. “Los ministros censurados no deberían asumir otras carteras porque se ha demostrado que no tienen capacidad para dirigir un ministerio”, sostuvo en conversación con Perú21.
Añadió que la mandataria Boluarte ha querido demostrar “que tiene poder y puede hacer lo que quiera siempre que haya impunidad y blindaje del Congreso, porque no se hace un real control político a este régimen”.
“Dina Boluarte no quiere un ministro que solucione los problemas del país, sino uno que salga a los medios a decir cualquier cosa”, sentenció.
Los abogados constitucionalistas Víctor García Toma y Aníbal Quiroga coincidieron que no existe un impedimento legal para que un ministro censurado retorne al gabinete; recordaron que esa ha sido la regla histórica.
“Es un acto que, en otras circunstancias, sería considerado inamistoso”, dijo García Toma a este diario, recordando que, en la actualidad, existe una relación estrecha entre ambos poderes del Estado. “Seguro habrá voces que critiquen, pero tengo la impresión que los parlamentarios están pensando en su reelección o en sacar una ley de beneficio personal”, opinó.
Quiroga, por su parte, dijo que el Gobierno “está enfrentando” al Congreso, y que, por lo tanto, este último tomará eso “como un reto y lo volverán a censurar”.
De cualquier forma, señaló que Santiváñez, junto a Morgan Quero, es de las personas a las que Boluarte les tiene más confianza. “Santiváñez ha pasado de Interior a Justicia y la intención es proteger a la presidenta a cualquier costo. Su protección vence a las 00:01 del 29 de julio y verán la forma de articular mecanismos de defensa jurídica alrededor suyo”, concluyó.
¿Qué compromisos tiene la presidenta con Santiváñez para regresarlo al Gabinete? Es una decisión que le puede costar caro.
Por: Ricardo Monzón Kcomt