El Gobierno autorizó la asignación de S/291.600 para financiar la defensa legal del expresidente Ollanta Humala en el proceso penal vinculado al Gasoducto Sur Peruano. La medida, a cargo del Despacho Presidencial, busca cubrir los honorarios de abogados en la etapa intermedia del juicio por presunta colusión y asociación ilícita.

De acuerdo con la documentación difundida por RPP Noticias, el proceso de contratación directa fue iniciado un día después de la promulgación del Decreto de Urgencia 008-2025, donde se implementaron medidas enfocadas en un plan de austeridad para reducir el gasto público del Estado.

La suma asignada cubre tareas de defensa técnica, asesoría procesal, análisis de antecedentes y acompañamiento a audiencias frente al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para afrontar la acusación por su presunta intervención ilícita en la adjudicación del megaproyecto energético en el sur del país.

La solicitud formal fue presentada por Humala el 11 de agosto. En su pedido, el exjefe de Estado invocó la normativa que permite a los funcionarios y exfuncionarios acceder a defensa legal solventada con fondos públicos, incluso cuando el proceso penal se inicia tras el término de su mandato. La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial recomendó conceder el beneficio, al considerar que los hechos imputados ocurrieron cuando Humala desempeñaba la presidencia.

El expresidente de Perú Ollanta Humala, acusado de lavado de dinero, es escoltado por la policía después de escuchar la sentencia de 15 años en una corte en Lima, Perú. 15 de abril 2025. REUTERS/Angela Ponce

El beneficio quedó formalizado mediante la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, expedida el 19 de agosto por Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial. Dicha resolución dispuso a la Oficina General de Administración ejecutar la contratación, bajo el mecanismo de procedimiento no competitivo por tratarse de servicios especializados.

Actualmente, Humala cumple una sentencia de 15 años de prisión por lavado de activos agravado, a raíz de los aportes irregulares canalizados hacia el Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011. Esta nueva defensa forma parte del expediente 0003-2017-189-5001-JR-PE-02, gestionado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

¿De qué se le acusa a Ollanta Humala en el caso Gasoducto Sur Peruano?

A Ollanta Humala se le imputa en el caso Gasoducto Sur Peruano la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. De acuerdo a la tesis fiscal, durante su mandato como presidente de la República, habría favorecido de manera indebida al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del megaproyecto energético del sur del país. La denuncia sostiene que intervino en decisiones a través de la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros altos funcionarios, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado.

Estas imputaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dentro de un proceso penal en el que se busca determinar la responsabilidad penal del exmandatario en la adjudicación y gestión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

No es el único caso

Paralelamente, se conoció que la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo-sede Lima Centro formalizó una investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a su paso como jefe militar de la base de Madre Mía, en el Alto Huallaga, durante la década de 1990.

La investigación se centra en acusaciones de homicidio calificado—incluidos los asesinatos de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva— y desaparición forzada que habría recaído en al menos cuatro personas: Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Goyo Sagástegui, Hermes Estela Vázquez y Yandel Leandro Zúñiga.

Por  Camila Calderón

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Según informó la prensa de Brasil, un magistrado del Supremo Tribunal Federal declaró nulas las pruebas utilizadas contra la ex primera dama Nadine Heredia, al considerar que los datos obtenidos del sistema interno de la constructora Odebrecht carecen de autenticidad y cadena de custodia.

Un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas utilizadas contra la ex primera dama Nadine Heredia, al considerar que los datos obtenidos de los sistemas informáticos de la constructora Odebrecht carecen de autenticidad y cadena de custodia, según informó la prensa de Brasil. La decisión la tomó el juez José Antonio Dias Toffoli, quien además prohibió el uso de esas evidencias en cualquier acto de cooperación judicial con las autoridades de Perú. El magistrado argumentó que los sistemas Drousys y My Web Day, usados por la empresa para registrar pagos ilícitos, habían sido declarados inválidos en fallos anteriores del propio Supremo Tribunal Federal.

Cabe señalar que este dictamen le da a Heredia el mismo beneficio que Toffoli ya había concedido antes a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, y a otros acusados relacionados con el caso Lava Jato, que involucró a altos funcionarios y empresarios de distintos países de toda la región. En su resolución, Toffoli ordenó que no se practique ningún acto de cooperación judicial basado en esos elementos y que se comunique la decisión al Ministerio de Justicia de Brasil. Según el fallo, la falta de garantías sobre la autenticidad de los datos hace que las pruebas sean “imprestables” para procesos judiciales.

Heredia, quien permanece en Brasil desde abril, cuando el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva le otorgó asilo diplomático, luego de que fuera condenada, junto con Humala, a 15 años de prisión por lavado de activos, al considerar que ambos recibieron aportes ilegales de Odebrecht para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.

Con la anulación de las pruebas y la prohibición de cooperación internacional, la medida podría impedir una eventual extradición o prisión de Nadine Heredia mientras permanezca en territorio brasileño.

Por: Eva Palomino