Dos expresidentes peruanos más podrían ser condenados en los próximos días. Tras conocer los argumentos de la Fiscalía, hay suficiente y contundente evidencia que sustenta la comisión de graves delitos por parte de Martín Vizcarra y Pedro Castillo. A pesar de sus apetitos electorales con miras al 2026, su futuro más cercano estaría tras los barrotes de un penal y no bajo la fastuosidad del Palacio de Pizarro.
El jueves 13 de noviembre, el Ministerio Público presentó sus alegatos de cierre ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, en el juicio que involucra a Martín Vizcarra por los casos de las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Se le acusa del delito de cohecho pasivo propio (coimas) por presuntos sobornos por S/2.3 millones entregados por las constructoras Obrainsa e ICCGSA.
El fiscal Germán Juárez Atoche ratificó su pedido de 15 años de prisión efectiva, además de solicitar que la condena se ejecute de forma inmediata sin esperar una segunda instancia. Durante su intervención, Juárez lanzó una acusación lapidaria: “¿De qué vivía el señor Martín Vizcarra? ¡De las coimas!”.
El exmandatario ejercerá su defensa material ante el tribunal el 20 de noviembre. Se espera que la sentencia se dicte en la próxima audiencia o en la subsiguiente.
¿Y en el caso de Castillo? La Fiscalía pide 34 años de prisión efectiva para Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Según la acusación, estos delitos fueron perpetrados durante el autogolpe televisado del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo no solo intentó disolver el Congreso sino también intervenir otras instituciones del Estado —como el Poder Judicial y el Ministerio Público— para imponer un gobierno de emergencia y gobernar por decreto.
En el juicio también está involucrada la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México. La eventual condena se daría este mes o a inicios de diciembre.
PRUEBAS CONTRA VIZCARRA
Según la tesis fiscal, Vizcarra exigió un 2% del costo de Lomas de Ilo, lo que equivale a aproximadamente S/1’016,212.76, a cambio de facilitar la buena pro a la empresa Obrainsa. Para esa obra, el fiscal Juárez afirmó que Vizcarra negoció con Elard Tejeda, exgerente comercial de Obrainsa, y le pidió que ofertara por debajo de S/81 millones, lo que finalmente sucedió. Los directivos de esta empresa confirmaron en juicio las entregas del dinero.
Sobre el Hospital de Moquegua, la Fiscalía sostiene que Vizcarra recibió S/1.3 millones de la constructora ICCGSA a través de pagos concertados con José Manuel Hernández, hombre cercano a Vizcarra y, posteriormente, su exministro.
Ejecutivos de ICCGSA que son colaboradores eficaces han confesado haber entregado esos sobornos. El gerente comercial Rafael Granados dijo que hubo hasta ocho entregas, algunas hechas directamente a Vizcarra en las oficinas de la compañía. La gerenta de Finanzas de ICCGSA, Marta Gutiérrez, afirmó que los pagos se hicieron “en billetes grandes” de S/100 y S/200.
Hay al menos 28 testigos que han declarado en su contra, incluidos exfuncionarios, peritos y personas vinculadas a Obrainsa. Entre ellos se encuentran los exministros Edmer Trujillo y José Manuel Hernández, así como el propio Elard Tejeda y Karem Roca.
Por si fuera poco, la Fiscalía también presentó documentos como facturas, cheques, registros de llamadas entre Vizcarra y los representantes de las constructoras, además de convenios con la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) usados como prueba de direccionamiento.
Según el Ministerio Público, esos elementos han “enervado la presunción de inocencia” de Vizcarra, es decir, la han desvirtuado, porque combinaron evidencia testimonial, documental y pericial para construir su caso.
La abogada penalista Romy Chang sostuvo que “hay varios elementos que demuestran que ha habido actos irregulares de corrupción” de Vizcarra.
En conversación con Perú21, manifestó que la Fiscalía “ha expuesto con bastante contundencia una serie de elementos que demuestran que él tenía conocimiento y que había algunos pagos irregulares, como coimas o pagos indebidos”.
“La Fiscalía tiene un caso sólido y lo más probable es que al señor Vizcarra lo condenen. Dependerá del criterio de la sala si le dan pena efectiva o suspendida hasta que se resuelva una posible apelación en segunda instancia. Lo más probable es que haya una condena efectiva”, declaró.
En tanto, el exprocurador Luis Vargas Valdivia señaló, en Canal N, que la Fiscalía debe presentar en el juicio contra Vizcarra “no indicios, sino pruebas que lleven al juez al convencimiento más allá de toda duda razonable”, y que las facturas, registros bancarios y testimonios presentados por Juárez son de “testigos indirectos que alegan ‘haber oído’”.
PRUEBAS CONTRA CASTILLO
El caso de Castillo también ofrece abundante material probatorio. Sobre el televisado mensaje a la nación del 7 de diciembre, que ya configura una prueba contundente, la acusación fiscal plantea que esa intervención no fue solo simbólica, sino que fue parte de una estrategia concreta para gobernar por decreto y erosionar otras instituciones del Estado.
Durante la fase investigativa, la Fiscalía logró obtener 65 pruebas documentales y más de 69 testigos para sustentar la acusación. También se han presentado pericias forenses, grafotécnicas y otros análisis especializados.
Un testimonio clave es el del general en retiro de la PNP Jorge Angulo, quien declaró haber escuchado directamente a Castillo dar órdenes para cerrar el Congreso y detener a la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides. Según su testimonio, Castillo tenía comunicación con el comandante general de la PNP Raúl Alfaro para coordinar el golpe.
El Ministerio Público solicita que Castillo pague S/65’419,038.53 de reparación civil al Estado por los daños causados. “El daño no tiene factura, pero sí consecuencias profundas; la reparación que pedimos no es venganza, es restitución”, señaló el representante de la Procuraduría, Mario Camacho Lazarte, en su intervención en el juicio.
La congresista Martha Moyano, por entonces primera vicepresidenta del Parlamento, aseguró que el día del autogolpe ordenó cerrar las rejas del Legislativo porque temían que ingresaran las Fuerzas Armadas o la Policía ante el anuncio público de Castillo.
Vargas Valdivia sostuvo que en el caso imputado a Castillo “no hay mucho que discutir” porque “sí se ha acreditado” la comisión del delito de conspiración para la rebelión.
“Está el mensaje. Luego de que se dio cuenta de que no tenía apoyo, se dirigió a la Embajada de México para asilarse, lo que permitió su captura en flagrancia, en flagrante delito. Creo que ahí no hay mucho que discutir”, enfatizó.
Romy Chang dijo que la sentencia a Castillo “dependerá muchísimo de la interpretación que la sala haga del delito”.
“La forma en que se interpreta el delito de conspiración para la rebelión es muy polémica, pero me parece que el criterio de la sala va a ser inclinarse por la condena”, concluyó.
En los próximos días, podríamos volver a ser noticia mundial al llevar a prisión a dos expresidentes más por haber abusado del poder que la ciudadanía les confió.
Por: Ricardo Monzón Kcomt