El congresista José Luna Gálvez activó una nueva estrategia legal para frenar el avance del proceso fiscal que lo involucra por presuntos aportes irregulares vinculados a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
A través de su defensa, el parlamentario solicitó al Poder Judicial el archivo de la investigación preparatoria que lo señala por el supuesto financiamiento ilícito de las campañas electorales de su entonces partido Solidaridad Nacional, correspondientes a los procesos del 2011 y 2014.
La defensa del legislador presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, mecanismo legal con el que busca que el juez declare inviable la continuación del proceso penal.
Según el planteamiento, los hechos atribuidos no encajarían dentro de los tipos penales que sostiene la Fiscalía, por lo que corresponde cerrar el caso sin que avance a una etapa posterior.
El juez Víctor Alcocer recibió el pedido y programó una audiencia virtual para el martes 13 de enero a las 9 de la mañana, sesión en la que evaluará los argumentos expuestos por la defensa de Luna Gálvez.
Durante esta diligencia, el magistrado analizará si existen elementos suficientes para mantener abierta la investigación o si corresponde disponer su archivo definitivo.
De manera paralela, el mismo despacho judicial fijó para el martes 6 de enero, a la misma hora., la audiencia virtual en la que revisará la solicitud de control de plazos presentada por el congresista.
Con esta acción, la defensa busca que el juez ordene a la Fiscalía concluir la investigación preparatoria y emitir un pronunciamiento final sobre el caso, al considerar que el plazo legal se habría excedido.
El proceso se enmarca en las indagaciones fiscales por los presuntos aportes ilegales que empresas constructoras brasileñas habrían ejecutado para financiar campañas políticas en el Perú, esquema que salió a la luz tras el escándalo de corrupción de Odebrecht en América Latina.
En este contexto, el Ministerio Público incluyó a José Luna Gálvez en la investigación por su rol como líder de Solidaridad Nacional durante los comicios cuestionados.
A este caso se suma otro frente judicial que afronta el legislador. La Fiscalía lo investiga junto a otras personas por presuntas irregularidades en la inscripción de su actual agrupación política, Podemos Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
José Luna Gálvez mantiene la atención del sistema judicial
En ese proceso, el Ministerio Público solicitó una condena de 22 años y ocho meses de prisión al atribuirle los delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.
Mientras avanzan las audiencias programadas, el caso de José Luna Gálvez mantiene la atención del sistema judicial y del escenario político, debido al impacto que podría generar una eventual decisión judicial en torno a la legalidad del financiamiento partidario y a la responsabilidad penal de los dirigentes involucrados.
El desenlace de estas diligencias marcará un punto clave en el futuro legal del congresista y en el curso de las investigaciones por aportes ilegales en campañas electorales.