El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y solicitó su destitución por presuntas faltas graves en el manejo de la franja electoral.
El legislador sostuvo que el titular del organismo permitió el uso indebido de S/80 millones de fondos públicos destinados a propaganda electoral.
La acusación señala que el jefe de la ONPE tenía la responsabilidad de reglamentar y supervisar el uso de los recursos asignados, conforme al artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas.
El documento indica que la autoridad no estableció salvaguardas suficientes para impedir direccionamientos, conflictos de interés ni la dilapidación de dinero hacia personas o empresas vinculadas a partidos políticos, entre ellos fundadores, dirigentes, candidatos y militantes.
Política
Uno de los casos que la denuncia expone involucra al partido político Ciudadanos por el Perú (CPP). Según el escrito, esa agrupación recibió casi S/1 millón para la franja electoral, pese a no contar con candidatos habilitados para la contienda.
El parlamentario de Acción Popular calificó ese desembolso como “derroche inaceptable de recursos públicos” y afirmó que la omisión de controles en el reglamento firmado por Corvetto facilitó el destino del dinero a campañas sin sustento, lo que desvirtuó el objetivo del financiamiento público y afectó la equidad en la competencia política.
El congresista también cuestionó la continuidad en la entrega de recursos tras la detección de irregularidades.
En el petitorio consignó que “el jefe de la ONPE, pese a conocer los hechos, no rectificó oportunamente, continuando con el reparto de fondos públicos y convirtiéndose en cómplice de los malos manejos”.
Con ese argumento, el parlamentario atribuyó responsabilidad directa al titular del organismo electoral.
En ese sentido, sostuvo que el titular debe velar activamente por la correcta utilización de los recursos estatales y evitar cualquier forma de favoritismo o malversación.
“El jefe de ONPE actúa como custodio de los recursos públicos asignados para repartir a través de la franja electoral, asegurando su afectación al uso público, previniendo su uso indebido. No es un mero espectador o cajero electrónico como pretende excusarse”, expresó.
La denuncia añade como presunta falta grave la ausencia de diligencia en la implementación de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD).
El documento sostiene que la propuesta de voto electrónico no cumplió con estándares mínimos de seguridad.
En ese punto, el escrito menciona que el Jurado Nacional de Elecciones observó y desaprobó la iniciativa impulsada por Corvetto, al concluir que no reúne condiciones suficientes para garantizar la autenticidad del sufragio ni la integridad de los resultados en las Elecciones Generales 2026.
Según la denuncia, esta situación afecta a millones de peruanos dentro y fuera del Perú, quienes no cuentan con una alternativa tecnológica segura para ejercer su derecho al voto.
Por Eber Trigoso