En la gestión del prófugo alcalde de la Municipalidad de Comas, Ulises Villegas, se perdieron de ejecutar importantes obras en favor de los vecinos comeños, sin embargo ningún regidor fiscalizo que se ejecuten dichas obras.
Sin embargo la actual alcaldesa de Comas, Mónica Acuña Jara, quien en esos momentos se desempeñaba como teniente alcaldesa del distrito como el resto de regidores, no se pronunciaron al respecto pese que al importante importe económico que favorecía a muchos comeños que hoy reclaman obras.
Publicamos parte del extenso informe de la Contraloría General de la República con respecto a esta perdida económica en favor de vecinos comeños:
Según el INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 12918-2025-CG/PREV-AOP – «PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS”.
НЕСНО CON INDICIO DE IRREGULARIDAD
Como resultado de la evaluación al hecho reportado, se ha identificado la existencia de un hecho con indicio de irregularidad que amerita que el Titular de la entidad adopte acciones, el mismo que se describe a continuación:
LA ENTIDAD PERMITIÓ LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE 6 PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON UN COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO DE S/ 2 534 971,34; SIN REGISTRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOCUMENTO EQUIVALENTE EN EL BANCO DE INVERSIONES. SITUACIÓN QUE LIMITÓ LA CONTINUIDAD DEL CICLO DE INVERSIÓN, DESAPROVECHÓ LOS RECURSOS INVERTIDOS EN SU FORMULACIÓN Y POSTERGA EL CIERRE
DE BRECHAS Y LA ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
a) Condición:
De la revisión a la base de datos abiertos / Inversión Pública¹, Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la información proporcionada por la Dirección General de Programación de Inversiones², se identificó que la entidad, permitió que 6 proyectos de inversión con
un costo de inversión total actualizado de S/ 2 534 971,34 perdieran su vigencia de declaratoria de viabilidad que concluyó en el periodo comprendido entre los años 2024 y 2025; es decir que, transcurrió el 100% del plazo de vigencia sin haber registrado el expediente técnico o documento equivalente3 en el Banco de Inversiones (BI), lo que refleja que las inversiones públicas programadas no se ejecutarán, o en su defecto, ocasionaran mayores costos para la actualización del estudio de preinversión (fichas técnicas o perfil) con lo cual, también retrasarían su ejecución y puesta en marcha, representando una pérdida de oportunidad en servicios básicos e infraestructura en beneficio de su población.
En ese sentido, la omisión del registro del expediente técnico o documento equivalente en el Banco de Inversiones, al haber vencido la viabilidad, sin perjuicio de las sanciones que corresponda, limitó la continuidad del ciclo de inversión, y generó la perdida de vigencia de estos proyectos, desaprovechando los recursos invertidos en su formulación además de postergar el cierre de brechas en un contexto donde
el 27,60 %4 de la población de la región de Lima se encuentra en condición de pobreza monetaria.
Lo señalado se sustenta a continuación:
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), es un sistema administrativo del Estado, cuya finalidad es orientar sobre el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, es decir contribuye a reducir brechas7, elaborar de manera adecuada los estudios de preinversión, acortar tiempos de formulación y evaluación, así como fortalecer el seguimiento de inversiones; además su aplicación es obligatoria para todas las entidades del Sector Público no Financiero. Para ello, el Invierte.pe gestiona el ciclo de inversión y consta de cuatro fases; (Programación Multianual, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento) que integra la planificación estratégica con el presupuesto público y la gestión de proyectos.
Asimismo, la gestión de inversiones hace referencia al proceso sistemático de inversión pública, que incluye todas las fases del ciclo de inversión para asegurar que los recursos del Estado se usen de manera eficiente, eficaz y transparente, buscando cerrar brechas de infraestructura y servicios para el progreso del país, así como mejorar la calidad de vida de la población. La materialización de lo señalado se efectúa a través de los proyectos de inversión, que cumplen funciones centrales dentro del sistema de gestión de inversiones públicas.
En ese sentido, es necesario precisar que los proyectos de inversión (PI) se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinados a la formación de capital físico, humano, intelectual y/o natural que tengan como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios, pudiendo realizarse en más de un año fiscal.
Sin embargo, resulta indispensable cumplir oportunamente las fases del ciclo de inversión en los plazos de vigencia establecidos, los cuales son de tres (3) años contados a partir de la declaración de viabilidad’, pues de lo contrario se genera la pérdida automática de viabilidad y posterior desactivación de la inversión
en el Banco de Inversiones, lo que retrasa la atención de necesidades básicas de la población.
Ante lo señalado, esta Entidad Fiscalizadora Superior, habiendo efectuado la revisión a la base de datos abiertos y al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF, identificó que al 30 de setiembre del año 2025 la entidad cuenta con 6 proyectos de inversión declarados viables durante los años 2021 y 2022 que representan un costo de inversión total actualizado de S/2 534 971,34; sin acreditar el inicio de su fase de ejecución por la falta de registro del expediente técnico o documento
equivalente. Es decir que, transcurrió el 100% del periodo de vigencia establecido por la norma, y dichos proyectos perdieron automáticamente su condición de viables, quedando sujetos a desactivación en el Banco de Inversiones (el detalle se muestra en el anexo N.° 1, para cada proyecto en particular). Esta situación fue confirmada mediante oficio n.° 0051-2025-EF/63.07 emitido por el MEF.
Es necesario precisar que el órgano resolutivo (titular o máxima autoridad ejecutiva de la entidad), tiene la función de realizar el seguimiento a la fase de ejecución de las inversiones12, con apoyo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la cual, además, cumple la función de dar seguimiento a las metas asociadas al cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios. Y, cuando las inversiones pierden su vigencia, corresponde a la Unidad Formuladora (UF) o, en su caso,
a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), actualizar la información del proyecto14 y registrar oportunamente la modificación en el Banco de Inversiones, de acuerdo con lo dispuesto por normativa aplicable; toda la información registrada en el Banco de Inversiones se considera declaración jurada, y se sujeta a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan; además la falta de actualización dentro del plazo establecido ocasiona que las inversiones queden sujetas a ser desactivadas, lo que genera incertidumbre en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.
Asimismo, dichos proyectos ya habían superado la fase de formulación y evaluación, verificándose su aporte al cierre de brechas; sin embargo, al perder vigencia se interrumpió temporalmente la posibilidad de materializar dichos beneficios, generando además gastos adicionales para el Estado, ya que actualizar o reformular estudios y fichas técnicas, además de reprogramar metas, demanda recursos humanos y financieros que pudieron haberse evitado con un adecuado seguimiento. En caso
de que los proyectos de inversión sean finalmente desactivados en el Banco de Inversiones, el beneficio se anularía de manera definitiva, obligando a reiniciar el ciclo de inversión desde la fase de formulación.
Las consecuencias de la pérdida de vigencia incluyen el retraso en la provisión de agua potable, saneamiento, electrificación rural, infraestructura educativa, salud, transporte y turismo; subutilización de recursos presupuestales, el debilitamiento de la confianza ciudadana y prolongación de la pobreza monetaria y la vulnerabilidad social en la región Lima. La eventual desactivación de los proyectos en el Banco de Inversiones consolida la postergación indefinida de beneficios para la población, obligando a reiniciar el ciclo de inversión desde la fase de formulación,
con nuevos costos y tiempos de espera adicionales.
Además, según el Comunicado del MEF, «Desactivación automática en el Banco de Inversiones” partir del 17 julio de 2023, la desactivación automática en el Banco de Inversiones es definitiva, impidiendo cualquier continuidad de las inversiones y obligando a reiniciar el ciclo desde la fase de formulación. Esta situación evidencia la necesidad urgente de adoptar acciones inmediatas dado que los costos económicos y sociales de la desactivación recaen tanto en la administración pública como en la población beneficiaria.
Por tanto, los proyectos que perdieron vigencia representan no solo un retraso en la atención de necesidades básicas como agua, saneamiento, electrificación, educación, salud, transporte y turismo, sino también un costo económico y social que perpetúa de la pobreza monetaria, lo que refleja la importancia crítica de cumplir con todas las fases del ciclo de inversión y de mantener actualizada la información en el Banco de Inversiones para garantizar el seguimiento de las inversiones y que realmente impacten en beneficio de la población.
Finalmente, pese que el distrito de Comas, necesitan obras y mas obras sin embargo los regidores de la entidad nunca fiscalizaron de acuerdo a ley y muchos vecinos perdieron la gran oportunidad de contar con importantes obras, al parecer a los regidores solo les interesa cobrar sus dietas, menos de buscar el bienestar de los vecinos.
Escribe: Luis Llumpo Ch.
LA NOTICIA RENOVADA
En su programa político EL QUE SE PICA PIERDE