Un golpe duro a la corrupción dentro de la institución policial: el alférez Petter Francescolle Llanca Diaz, y los oficiales Edwin Lenin Acuña Reyes, y Julio Cesar Raime Tairo quedarán a disposición de la justicia por 18 meses de prisión preventiva, después de que confirmara el pedido de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte.
Los agentes, asignados a la División de Investigación Criminal (Dirincri) del distrito de San Martín de Porres, enfrentan graves cargos por cohecho pasivo propio en ejercicio de funciones y robo agravado, tras una intervención ilegal que habría afectado directamente a una familia local durante la madrugada del 15 de enero de este año.
El fiscal adjunto Superior Beder Davila Asenjo sustentó que los tres efectivos habrían llegado al inmueble ubicado en la avenida principal de San Martín de Porres, sin contar con orden judicial alguna ni la presencia obligatoria de un fiscal de turno –elementos indispensables para cualquier actuación policial que implique ingreso a un domicilio privado.
Durante la intervención, que según testimonios duró aproximadamente dos horas, los policías se habrían apropiado de diversos bienes pertenecientes a Elvia Collazo, de 52 años, y su familia: entre ellos, una laptop de última generación, dos celulares de alta gama, joyas de valor sentimental y un monto en efectivo de S/ 1,200 que se encontraba guardado en el hogar.
Además, habrían registrado de forma desordenada las habitaciones del inmueble, dejando en desorden pertenencias personales y documentos importantes de la familia.
Precisó el fiscal en su exposición que la intervención fue completamente arbitraria: no existía ninguna orden que respaldara el ingreso al lugar, y los agentes aprovecharon su autoridad y el miedo de los habitantes para llevarse lo que encontraron a su paso», señalaron fuentes de la fiscalía especializada, quien agregó que los policías habrían intentado justificar su presencia afirmando que buscaban elementos relacionados con un presunto caso de tráfico de estupefacientes, pero nunca presentaron pruebas que respaldaran dicha versión.
Pero los hechos no se quedaron ahí. La tesis fiscal revela que después de ingresar al inmueble y tomar los bienes, los policías habrían retirado a Elvia Collazo y a su hijo mayor de 25 años del lugar para hablar con ellos en privado, en el interior de la patrulla policial. Allí, según las declaraciones de las víctimas, les habrían exigido el pago de S/ 5,000 como condición para manipular la documentación oficial y evitar que se iniciara un proceso penal contra la familia.
El acuerdo presuntamente propuesto era claro: a cambio del dinero, los agentes falsearían las actas policiales correspondientes, omitirían cualquier reporte sobre supuestas irregularidades que habrían detectado y devolverían parte de los bienes sustraídos. Los investigadores indican que los policías habrían amenazado con incluir a los miembros de la familia en registros de investigación criminal si no cumplían con la exigencia.
La víctima principal, Elvia Collazo, habría declarado ante la fiscalía que se sintió obligada a negociar por miedo a las consecuencias que podría tener para su familia un proceso penal sin fundamento, especialmente porque su hijo menor estudia en una institución educativa donde el historial judicial de los padres puede afectar su permanencia. «No teníamos otra opción, estábamos aterrorizados. Ellos tenían la fuerza y el poder de la ley de su lado, aunque la estuvieran usando mal», manifestó la mujer durante su declaración.
Ante las evidencias contundentes presentadas por el Fiscal Adjunto Superior Beder Dávila Asenjo, el juez declaró fundado el pedido de prisión preventiva al considerar que los elementos de convicción presentados por la fiscalía son contundentes y suficientes para avalar la medida cautelar.
Entre las pruebas que sustentan la decisión se incluyen declaraciones detalladas de las víctimas y sus vecinos –quienes presenciaron la llegada de los policías y la intervención en el inmueble–, pericias técnicas realizadas en el lugar de los hechos que han permitido establecer huellas y rastros de la presencia de los agentes, análisis de los registros policiales correspondientes al día de los hechos –que no registran ninguna operativa programada en esa dirección– y testimonios de otros funcionarios de la Dirincri que avalan la versión fiscal.
Por su parte la Fiscal Superior Gestora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionario de Lima Norte Mag. María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando esta fiscalía especializada y los logros muestran el compromiso de la institución con la lucha contra la corrupción: «La corrupción en cualquier ámbito del Estado no tendrá espacio en nuestro país. Cualquier funcionario que abuse de su cargo para dañar a los ciudadanos –especialmente a familias que trabajan honestamente para sacar adelante a sus seres queridos– será llevado ante la justicia. La confianza de la población en las instituciones se construye con acciones firmes contra quienes buscan enriquecerse a costa del bienestar colectivo».
FISCALÍA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN CORRUPCIÓN DE LIMA NORTE CONFIRMA PRISIÓN PREVENTIVA DE 18 MESES A CORONEL MERVE SÁNCHEZ MATOS Y OTROS CINCO POLICÍAS DE SAN MARTÍN DE PORRES
La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la jurisdicción de Lima Norte, ha obtenido la confirmación judicial de una medida de prisión preventiva por 18 meses contra el coronel de la Policía Nacional Merve Sánchez Matos, quien se desempeñaba en la División de Investigación Criminal (Dirincri) de San Martín de Porres, junto a otros cinco efectivos policiales de la misma unidad.
Los agentes Junior Bryan Mauricio Kohatsu, Henry David Ordóñez Claros, Williams Anthonny García Sierra, Gerson Javier León Córdova y Marcelo Alexander Benavides Masgo, enfrentan cargos por presuntos delitos de conjunción ilícita, cohecho y robo agravado, con afectaciones tanto al patrimonio del Estado peruano como a derechos fundamentales de ciudadanos particulares.
la fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrepano Collantes, sustentó en la audiencia de apelación que las investigaciones revelan que los funcionarios habrían organizado una estructura para llevar a cabo operaciones irregulares con fines de lucro indebido. De acuerdo con las tesis presentadas ante el juez competente, los policías habrían planificado y ejecutado la simulación de un operativo de carácter oficial contra un grupo de empresarios de la zona norte de Lima.
Además, indicó Fiscal Cherrepano Collantes en audiencia, que, durante dicho acto, habrían utilizado su autoridad para someter a los comerciantes a presión extorsiva, exigiendo pagos económicos a cambio de evitar la apertura de procesos penalizados y la incautación de sus bienes.
Los imputados son acusados de haber recurrido a prácticas fraudulentas al sembrar sustancias estupefacientes en personas detenidas en diferentes oportunidades. Una vez realizada la aprehensión y con la supuesta evidencia ilegalmente colocada, los policías habrían contactado a los familiares de los detenidos para exigir sumas de dinero como condición indispensable para su liberación inmediata y la eliminación de los registros relacionados con la posesión de drogas.
Otro aspecto relevante que fortalece la investigación es que varias de las intervenciones policiales se llevaron a cabo fuera del territorio correspondiente a su jurisdicción. En particular, se ha identificado que una de las operaciones más significativas se desarrolló en el distrito de Lurín, en la costa sur limeña –área que no forma parte del ámbito de competencia de la Dirincri de San Martín de Porres– y, además, se ejecutó sin contar con la presencia de un fiscal de turno, lo que representa una clara violación a los marcos legales y protocolos establecidos para garantizar la legalidad de las actuaciones policiales.
La representación fiscal ha informado que las diligencias continúan avanzando, con el propósito de establecer con precisión la magnitud del daño económico y moral causado a las víctimas, así como de identificar si existen otros actores involucrados en la red de corrupción. Asimismo, se ha destacado que la decisión judicial de prisión preventiva se fundamentó en el riesgo real de fuga de los imputados, así como en la posibilidad de que realicen acciones para obstaculizar la investigación, destruir pruebas o intimidar a personas relacionadas con el proceso.
Por su parte la Fiscal Superior Gestora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionario de Lima Norte Mag. María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando esta fiscalía especializada y los logros muestran el compromiso de la institución con la lucha contra la corrupción: «La corrupción en cualquier ámbito del Estado no tendrá espacio en nuestro país. Cualquier funcionario que abuse de su cargo para dañar a los ciudadanos –especialmente a familias que trabajan honestamente para sacar adelante a sus seres queridos– será llevado ante la justicia. La confianza de la población en las instituciones se construye con acciones firmes contra quienes buscan enriquecerse a costa del bienestar colectivo».