El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó que su gestión busca combatir frontalmente la impunidad en los casos de corrupción que se investigan en el Ministerio Público, tomando como referencia el emblemático caso Odebrecht y los millonarios recursos que, según indicó, no fueron recuperados por el Estado.
Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, donde expuso su propuesta de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, cuestionó el trabajo realizado en administraciones anteriores, señalando que la labor fiscal se limitó a una indagación básica dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.
“El caso más representativo es Odebrecht. Se ha priorizado, supuestamente, identificar a los responsables y sancionarlos, pero no se ha decomisado ni un solo céntimo de los aproximadamente entre 30 mil y 50 mil millones de soles obtenidos mediante actos ilícitos”, sostuvo Gálvez ante la Comisión de Constitución del Congreso.
En esa línea, planteó como eje central la incautación del patrimonio ilícito de los investigados, con el objetivo de impedir que continúen utilizando sus recursos para corromper a funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial e incluso del Congreso.
“Es fundamental decomisar los bienes y las ganancias provenientes del delito. Si no se priva a los delincuentes de su patrimonio criminal, se fortalece la cadena delictiva, se distorsiona la economía mediante el lavado de activos y se consolida la impunidad a través de la corrupción”, enfatizó.
Asimismo, explicó que, de haberse aplicado este enfoque desde el inicio de las investigaciones del caso Lava Jato, el país habría avanzado con mayor eficacia en los procesos vinculados a los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
“Lo correcto era incautar bienes, ganancias y efectos del delito de manera paralela a la investigación personal para lograr sanciones efectivas”, remarcó.
Otro aspecto de su propuesta, contemplado en el proyecto de ley n.° 142224/2025-MP, apunta a redefinir el modelo de investigación fiscal, priorizando la obtención de información precisa que facilite la recopilación de pruebas sólidas para el Poder Judicial.
Gálvez detalló que su gestión dejará de centrarse únicamente en testimonios de testigos o imputados, apostando por un enfoque técnico basado en el análisis de datos procesados.
“Debemos orientar la investigación hacia la recuperación del patrimonio ilícito. Ya no será una labor basada solo en declaraciones, sino en evidencia científica sustentada en datos. Para ello, implementaremos una gerencia de peritaje y una oficina de política criminal”, precisó.
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Además, no descartó la creación de una oficina de inteligencia que permita obtener información clave sobre las actividades delictivas, incluyendo la ubicación de operaciones criminales.
Subrayó la importancia de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
“Si queremos enfrentar delitos como el sicariato y la extorsión, necesitamos un sistema de inteligencia eficiente y el compromiso de la población para aportar información que permita capturar a los delincuentes”, dijo.
Por Harold Salinas