En la Introducción a la Filosofía del Derecho, Hegel afirmaba que “todo lo real es racional y todo lo racional es real”. La historia —y particularmente la política peruana— se ha encargado de desmentir esa premisa en múltiples ocasiones. Los resultados de la primera vuelta electoral del 12 de abril constituyen una prueba más de que lo real no siempre responde a criterios de racionalidad democrática.
Que Keiko Fujimori haya encabezado las preferencias electorales resulta, como mínimo, paradójico. Esto ocurre en un contexto donde el Congreso —dominado en buena medida por fuerzas afines al fujimorismo— mantiene niveles de desaprobación que han superado el 90%, en diversos momentos de los últimos años, según encuestas de opinión pública. A ello se suma que la propia lideresa de Fuerza Popular ha figurado reiteradamente entre las figuras políticas con mayor rechazo ciudadano. Esta contradicción revela un fenómeno preocupante: la fragmentación del sistema político y la debilidad de las alternativas capaces de canalizar el descontento ciudadano.
Sin embargo, aún más inquietante que el resultado electoral ha sido la reacción de ciertos actores políticos frente a él. Concretamente me refiero a Rafael López Aliaga. El candidato de Renovación Popular, quien obtuvo el tercer lugar, denunció un supuesto fraude electoral sin presentar evidencia alguna. Este tipo de acusaciones, lejos de fortalecer la democracia, erosionan la confianza en las instituciones y alimentan narrativas peligrosas que ya han tenido consecuencias graves en otros países de la región y del mundo.
No es un fenómeno aislado. En América Latina y otras democracias contemporáneas, sectores conservadores o autoritarios han recurrido crecientemente a la estrategia de desconocer resultados electorales adversos. Este patrón, visible también en episodios como las denuncias infundadas tras las elecciones en Estados Unidos en 2020, responde a una lógica clara: deslegitimar el sistema cuando no produce los resultados deseados.
Lo que resulta particularmente contradictorio es que estos discursos de fraude provengan de sectores que históricamente han mostrado una relación ambigua —cuando no abiertamente hostil— con los principios democráticos. En el caso peruano, el fujimorismo arrastra el legado autoritario del régimen de Alberto Fujimori, caracterizado por el cierre del Congreso en 1992 y la captura de instituciones clave del Estado. Por su parte RLA, en las elecciones del 2021 gritó: ¡Muerte a Castillo!, y pidió al BCR que subiera el dólar para que los pobres no dejen de sufrir. Que actores vinculados o cercanos a esa tradición se presenten hoy como defensores de la “voluntad popular” exige, cuando menos, un examen crítico.
Otro dato relevante es que dos de los partidos percibidos por amplios sectores de la ciudadanía como responsables del deterioro institucional hayan logrado posicionarse entre los tres primeros lugares. Esto sugiere que el rechazo ciudadano no se traduce automáticamente en castigo electoral, lo que puede explicarse por factores como la dispersión del voto, la debilidad organizativa de nuevas fuerzas políticas y el peso de maquinarias partidarias tradicionales.
En este escenario, la democracia peruana enfrenta un doble desafío. Por un lado, recuperar la legitimidad de sus instituciones, severamente erosionada por años de confrontación entre poderes del Estado, escándalos de corrupción y crisis de representación. Por otro, frenar la normalización de discursos que ponen en duda, sin pruebas, la limpieza de los procesos electorales.
Ser demócrata no es una postura circunstancial ni utilitaria. Implica aceptar las reglas del juego en todo momento, incluso —y, sobre todo— cuando los resultados no favorecen nuestras preferencias. En democracia, se gana o se pierde por un voto, y esa es precisamente su fortaleza.
El camino que se abre exige algo más que indignación, requiere articulación política y social. Es imprescindible construir una plataforma amplia que, desde la sociedad civil y los actores políticos, defienda el equilibrio de poderes, promueva reformas institucionales y coloque en el centro los intereses de las grandes mayorías. La recuperación de la democracia peruana no será obra de un solo liderazgo, sino el resultado de un esfuerzo colectivo sostenido. Solo así será posible no solo resistir los embates autoritarios, sino también reconstruir la confianza ciudadana en la política como herramienta de transformación.
Por: RICARDO JIMÉNEZ PIMENTEL