¿Encuestadora ImaSolu se prestó para hacer lavado de activos?
Tras la denuncia realizada la semana pasada sobre la Consultora de Estudios de Mercado y Publicidad Imagen y Soluciones (ImaSolu), por la difusión de encuestas sin respetar lo dispuesto en el Reglamento sobre Encuestas Electorales, del Jurado Nacional de Elecciones, el ciudadano Gerardo Antonio Montoya Medina, ha ampliado su acción legal, esta vez ante la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos de Lima, solicitando que investigue si detrás de los 95 estudios realizados por dicha encuestadora se encubre también otras violaciones de la ley.
Así, el mencionado ciudadano solicita que la fiscalía investigue a Enzo Vittorio Elguera Echegaray, gerente general de ImaSolu, y a quienes resulten responsables, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en su modalidad de actos de conversión y transferencia, iniciando la respectiva investigación preliminar. Tema que es más que relevante, para adecentar la actividad de estudios electorales.
INCUMPLIMIENTOS SOSPECHOSOS
Como fundamentos de la nueva denuncia se mencionan: que ImaSolu habría incumplido lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales que establece la obligación de presentar el informe de encuesta electoral dentro de los 5 días hábiles posteriores a la difusión de la encuesta o simulacro de votación., que la encuestadora también habría incumplido el artículo 20 del referido Reglamento, que exige que los informes de encuestas electorales contengan información técnica mínima relacionada con metodología, tamaño de muestra, margen de error, nivel de confianza, segmentación poblacional, fechas de trabajo de campo y demás elementos técnicos indispensables para verificar la autenticidad y validez estadística del estudio difundido y que, también habría incumplido el artículo 22 del Reglamento que establece la obligatoriedad de consignar ficha técnica completa en toda publicación de encuestas y simulacros de votación. Por el contrario, en arios de los estudios difundidos no se consigna información sobre financiamiento, tamaño de muestra, tipo de muestreo, puntos de levantamiento de información, nivel de representatividad, margen de error ni fechas de trabajo de campo.
Además, ImaSolu también habría incumplido la obligación reglamentaria de que los informes de encuestas electorales se encuentren visados por un profesional estadístico habilitado para el ejercicio de la profesión. En múltiples publicaciones no se advertiría identificación clara del profesional responsable ni constancia de habilitación profesional vigente. Además, diversos medios televisivos, radiales y digitales difundieron encuestas atribuidas a esa encuestadora IMASOLU sin exhibir ficha técnica ni información metodológica mínima, lo que evidenciaría incumplimiento de dicha obligación reglamentaria.
Así pues, de la revisión efectuada a las publicaciones difundidas por ImaSolu se advierte de manera reiterada la ausencia de requisitos técnicos, metodológicos y legales exigidos por el Reglamento sobre Encuestas Electorales. Tales omisiones, por su carácter reiterado y masivo, no constituirían simples errores formales o administrativos, sino conductas que habrían impedido la adecuada fiscalización por parte de las autoridades electorales y de la ciudadanía respecto de la legitimidad y sustento técnico de las publicaciones difundidas.
¿LAVADO DE ACTIVOS?
Pero lo más llamativo de la nueva denuncia es la posibilidad de que, tras estos “estudios”, hayan corrido importantes sumas de dinero no declarado. Por ello, Montoya Medina solicita que la Unidad de Inteligencia Financiera informe si existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a ImaSolu, a Elguera Echegaray y/o personas vinculadas y que la SBS informe la relación de cuentas y movimientos bancarios de los implicados.
También pide que la Sunat determine, mediante análisis tributario y contable, la capacidad operativa real de ImaSolu, si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el volumen de actividad difundida públicamente y sobre la existencia de balance patrimonial, operaciones económicas no justificadas, inconsistencias tributarias y la posible utilización de proveedores inexistentes o no habidos, de simulación total o parcial de servicios. Y de emisión o recepción de comprobantes de pago por operaciones presuntamente inexistentes.
Para el denunciante, los hechos detallados evidenciarían una actividad sistemática, reiterada y sostenida en el tiempo consistente en la difusión masiva de encuestas, simulacros electorales y estudios políticos presuntamente elaborados y comercializados sin observar las exigencias técnicas, metodológicas y legales mínimas establecidas por la normativa electoral vigente. La magnitud de las publicaciones detectadas, la ausencia recurrente de sustento técnico verificable y la utilización intensiva de medios de comunicación nacionales permiten concluir que no nos encontraríamos ante simples irregularidades administrativas aisladas, sino frente a un esquema operativo que habría funcionado de manera organizada y con apariencia de legitimidad empresarial.
Estudios truchos
Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, ImaSolu ha difundido de manera sistemática y reiterada 95 estudios de opinión electoral, encuestas políticas, simulacros de votación y evaluaciones de carácter político utilizando para ello su página web institucional, redes sociales y diversos medios de comunicación de alcance nacional, sin cumplir la ley y orientando la opinión pública ciudadana. (Diario Uno).