El informe del Grupo de Trabajo de la ONU que declaró arbitraria la detención del expresidente abre un nuevo escenario político. El jefe de Estado tiene hoy la oportunidad de cerrar uno de los capítulos más conflictivos de la historia reciente y dar una señal de reconciliación nacional.
El Perú llega al final del actual gobierno dividido prácticamente en dos mitades. La última elección presidencial volvió a mostrar un país profundamente polarizado, donde millones de peruanos sienten que la crisis política iniciada en diciembre de 2022 sigue abierta. En ese escenario, el caso del expresidente Pedro Castillo continúa siendo el mayor símbolo de esa confrontación.
El reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas representa un punto de quiebre. Los expertos concluyeron que la privación de libertad de Castillo fue arbitraria y recomendaron su inmediata liberación, además de una reparación por las vulneraciones a sus derechos. Más allá del debate jurídico sobre los alcances del dictamen, el informe ha modificado el panorama político y jurídico que existía hasta ahora.
El propio presidente José María Balcázar reconoció públicamente que el pronunciamiento de la ONU cambia el escenario para evaluar una medida de gracia. Sus declaraciones confirman que el caso ha entrado en una nueva etapa y que el Ejecutivo cuenta con mayores elementos para ejercer una facultad que la Constitución reserva exclusivamente al jefe de Estado,
Esa decisión no debe entenderse únicamente desde el ámbito jurídico. Se trata, sobre todo, de una decisión política de Estado. Liberar a Pedro Castillo significaría enviar un mensaje de reconciliación a millones de ciudadanos que consideran que el expresidente ha sido víctima de una persecución política y que esperan un gesto destinado a cerrar un ciclo de enfrentamientos que ha debilitado la democracia peruana.
Los sectores más radicales de la derecha ya han adelantado su rechazo a cualquier medida que favorezca al exmandatario. También lo han hecho dirigentes apristas y representantes del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la potestad de conceder una gracia presidencial corresponde al presidente de la República y constituye una atribución propia de su cargo, cuya decisión final depende exclusivamente de su voluntad política.
Uno de los principales obstáculos dentro del Ejecutivo para cualquier medida de gracia sería el ministro de Justicia aprista, cuya posición sería contraria a una eventual liberación de Pedro Castillo. Y el otro obstáculo viene del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha sacado un comunicado reflejando una posición contraria frente al dictamen internacional. La posibilidad de un relevo ministerial en los próximos días es muy alta, lo que dejaría al presidente José María Balcázar con un escenario distinto para adoptar una decisión exclusivamente presidencial.
El momento político exige mirar más allá de las pasiones de uno u otro sector. Si el nuevo gobierno de Keiko Fujimori realmente busca iniciar una etapa de estabilidad y reducir la confrontación que mantiene dividido al país prácticamente en dos mitades, la libertad de Pedro Castillo podría contribuir a desactivar uno de los principales símbolos de la polarización. En los corrillos políticos también se comenta la posibilidad de que una eventual gracia presidencial forme parte de una salida política más amplia, que incluiría el asilo de Castillo en México.
José María Balcázar se encuentra frente a una de las decisiones más importantes de LA HORA DE LA RECONCILIACIÓN su mandato. Antes de entregar el gobierno puede optar por mantener abierto el conflicto político que divide al país o asumir un acto de reconciliación nacional respaldado por el reciente pronunciamiento de las Naciones Unidas. La historia juzgará cuál de esos caminos decidió recorrer. (Diario Uno).