La bancada de Fuerza Popular en el Congreso respaldó, durante este quinquenio, al menos 36 leyes que el Consejo Fiscal observó por su impacto en las cuentas del Estado. Una investigación de OjoPúblico reveló que 16 de esas normas tienen un costo fiscal de S/110.594 millones. La cifra triplica el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó este año a los sectores educación y salud juntos. El hallazgo contrasta con el discurso de campaña de Keiko Fujimori, quien prometió un manejo austero de la economía si llegaba al gobierno. Entre las normas con mayor costo se encuentran el incremento de pensiones para el personal militar y policial, con S/14.851 millones, y la bonificación especial por preparación de clases para maestros, que exige S/40.561 millones. Los 20 congresistas de la bancada votaron a favor de ambas leyes pese a que el Consejo Fiscal advirtió que no existía respaldo financiero claro para cubrirlas a mediano plazo.

Diez de los congresistas que respaldaron estas normas fueron reelegidos para el nuevo Congreso bicameral. Entre ellos están Patricia Juárez, Martha Moyano y Alejandro Aguinaga, quienes ahora ocuparán un escaño en el Senado. Los 10 votaron a favor de 35 de las 36 leyes observadas, según el conteo de OjoPúblico. El debate sobre el gasto legislativo tomó un nuevo giro esta semana. El Tribunal Constitucional (TC) le quitó al Congreso la capacidad de promover leyes que generen gasto público sin coordinación previa con el MEF. La decisión revierte el criterio que el propio tribunal fijó en 2022, cuando abrió la puerta para que los parlamentarios aprobaran este tipo de iniciativas.

Las leyes que más comprometen el presupuesto

La Ley 3234, conocida como Ley Chlimper 2.0, amplía por 10 años los beneficios tributarios de las grandes empresas agroexportadoras. Esa exoneración le costará al fisco S/1.888 millones cada año, de acuerdo con cifras del MEF. Fuerza Popular votó a favor de su aprobación. Otra norma cuestionada es la Ley 31556, que redujo el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para restaurantes y hoteles. Entre 2022 y 2024, esta ley le hizo perder al Estado más de S/1.409 millones en recaudación, según un informe previo de OjoPúblico.

Solo entre el 5 y el 19 de marzo de este año, en plena campaña electoral, los congresistas fujimoristas votaron ocho leyes adicionales con impacto fiscal. Cuatro de ellas —entre pensiones militares, CTS para trabajadores CAS y bonificaciones para veteranos— suman un costo de más de S/18.000 millones, según un reporte del Consejo Fiscal publicado el 26 de marzo.

El giro del Tribunal Constitucional

El fallo del TC nació de una demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte presentó en 2023 contra la Ley 31232. Esa norma declaraba en emergencia la reubicación de pobladores de la zona baja de Belén, en Loreto, y obligaba al Ministerio de Vivienda a construir casas y ejecutar obras sin que existiera presupuesto asignado para eso. La demanda quedó pendiente dos años y medio.

El pasado 10 de julio, el tribunal declaró fundada la demanda. A partir de ahora, cualquier proyecto de ley que implique un gasto adicional para el Estado deberá coordinarse con el MEF y señalar de forma expresa cuál será la fuente de financiamiento. La votación quedó en cinco contra dos: los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron el cambio, mientras que Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.

Pacheco sostuvo que el artículo 79 de la Constitución ya prohibía sin excepciones la iniciativa de gasto de los congresistas, y que el problema real está en que el Ejecutivo no traduce sus políticas públicas en un presupuesto sólido. El fallo aplica hacia adelante, para el próximo Congreso bicameral, y también abre la puerta a que leyes ya vigentes sean cuestionadas por inconstitucionalidad.

Especialistas señalan que el fallo llega en medio de un «tsunami» fiscal

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, también exministro de Economía y Finanzas, celebró la decisión del TC en declaraciones a La República. Dijo que el fallo mejora las condiciones para un manejo prudente de las finanzas públicas y que, de ahora en adelante, el Parlamento no podrá actuar de manera autónoma en materia de gasto.

Días antes, en entrevista con RPP, ya había advertido sobre un «tsunami» de gastos sin financiamiento que reducirá al mínimo el margen de maniobra del próximo gobierno. En esa misma entrevista cuestionó un crédito suplementario cercano a S/10.000 millones —casi el 1% del PBI— por ser el mayor incremento de gasto público de los últimos años.

El economista Armando Mendoza, uno de los especialistas que consultó OjoPúblico para su investigación sobre las 36 leyes, ya advertía sobre el riesgo de estas normas antes de que se conociera el fallo del TC. Según su lectura, el equilibrio fiscal del país quedó comprometido por normas que generan gasto recurrente —como sueldos y pensiones— que ningún gobierno puede recortar con facilidad sin generar conflictos políticos y legales.

Las voces que cuestionan la coherencia del TC

La congresista Ruth Luque publicó en su cuenta de X que el tribunal validó la iniciativa de gasto del Congreso cuando el fujimorismo concentraba su poder en el Parlamento, y que ahora que ese poder pasó al Ejecutivo, el mismo TC sostiene el criterio contrario. Para Luque, la regla no responde a una lectura estable de la Constitución sino a la conveniencia política del momento.

El economista Pedro Francke, también en X, fue más allá en su cuestionamiento. Recordó que el mismo tribunal le dio la potestad de gasto al Congreso en 2022, cuando el fujimorismo tenía mayoría parlamentaria, y advirtió que si en 2031 el fujimorismo pierde la presidencia, pero conserva una bancada fuerte en el Congreso, nada impediría que el TC vuelva a cambiar de posición. También anticipó que el Ejecutivo recurrirá a decretos de urgencia y delegaciones legislativas para gastar sin pasar por el Parlamento en lo que resta del año.

La periodista y abogada Rosa María Palacios cuestionó en una columna de opinión el fondo jurídico del cambio de criterio. Citó el texto del artículo 79 de la Constitución, que establece que «los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto», y sostuvo que la interpretación de 2022 contradecía ese texto sin ambigüedad.

Palacios recordó que el propio equipo económico de Keiko Fujimori advirtió sobre el riesgo del gasto congresal antes de las elecciones. El economista Luis Carranza, uno de sus asesores, repitió en entrevistas que el Congreso no podía seguir el ritmo de aprobaciones sin control. Según la columnista, la candidata retomó ese discurso en campaña recién después de que su propia bancada respaldara buena parte de las leyes que generaron el hueco fiscal.

La columna también vincula el fallo con las iniciativas para exculpar a policías y militares por delitos cometidos en el pasado, y con el recorte al financiamiento para defensa legal gratuita conocido como Ley APCI. Palacios planteó que el nuevo Senado podría usar este viraje del TC como argumento para remover a sus magistrados, aunque para eso necesitaría reunir 40 votos antes de mayo del próximo año, cuando vence el mandato del tribunal actual.

Lo que le espera al próximo gobierno

Según reveló OjoPúblico, el propio Congreso incrementó sus recursos durante esta gestión. Bajo la presidencia interina de Fernando Rospigliosi, cercano al entorno de Keiko Fujimori, el presupuesto de la institución superó el tope de 0,6% del presupuesto general que la propia reforma constitucional había fijado en 2024. Hoy equivale al 0,7%, una diferencia de S/223 millones.

La misma investigación recoge que Keiko Fujimori pidió durante su campaña que los magistrados del TC —elegidos con apoyo de su bancada— revisen la resolución de 2022 que permitió las leyes de gasto. El fallo reciente coincide con ese pedido, aunque ninguna de las dos investigaciones periodísticas revisadas confirma una relación directa entre ambos hechos.

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos, consultado por OjoPúblico, explicó que revertir leyes ya aprobadas solo será posible mediante demandas de inconstitucionalidad, presentadas una por una. Hasta que el TC no las invalide o el Congreso no las derogue, las normas seguirán vigentes. En esa misma nota, el economista Mendoza advirtió que, si el próximo gobierno no corrige el rumbo, el país podría enfrentar una crisis fiscal similar a la de los años ochenta, cuando el Estado dejó de pagar incluso a quienes recaudaban los impuestos.

Por: Ariadna Yaya

Tribunal Constitucional cambia de posición y le quita la iniciativa de gasto al Congreso

A diferencia del 2022, cuando el Tribunal Constitucional abrió las puertas a los congresistas para que sus leyes generaran gasto al Estado. Esta vez, cambió de posición y les quitó dicha iniciativa. Después de cuatro años, la entidad que preside el magistrado Helder Domínguez Haro emitió un fallo que frena al Legislativo en la capacidad de gasto. La medida se aplica desde este año a futuro.

A diferencia del 2022, cuando el abrió las puertas a los congresistas para que sus leyes generaran gasto al Estado, esta vez cambió de posición y les quitó dicha iniciativa cuando incida en el presupuesto anual o impacte a futuro. De acuerdo con el fallo publicado por el propio TC, los proyectos de ley que impliquen algún incremento en el gasto público deberán ser coordinados con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar su capacidad presupuestal.

El Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31232, promovida por el Congreso, que declaró en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, en Loreto. https://b1232bf00a1c8ce46f1b408ea04f50ab.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html Al respecto, el TC refiere que la disposición del Parlamento, que invoca a que el Ministerio de Vivienda construya casas y ejecute obras de saneamiento a favor de la población, dispone la necesidad de destinar recursos que inicialmente no se encontraban presupuestados.

Por esta razón, declaró fundado el pedido del Ejecutivo, debido a que este tipo de iniciativas debieron partir del Gobierno por tratarse de costos a futuro.Según el fallo, los proyectos deberán cumplir una serie de requisitos de constitucionalidad de forma y de fondo. Las iniciativas legislativas que demanden costos al Ejecutivo deberán identificar expresamente la fuente de financiamiento que garantice efectivamente el equilibrio presupuestario.

De esta manera, el MEF emitirá un informe de sostenibilidad fiscal de acuerdo con los requerimientos de las comisiones del Congreso.

«El proyecto de ley deberá tener en cuenta, en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el principio de desarrollo progresivo de las regulaciones que generen gasto, a efectos de modular o programar la ejecución del gasto que genere la norma, en armonía con el criterio rector de sostenibilidad fiscal», dice el TC.

La sentencia fue respaldada por los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. En tanto, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos contra la postura mayoritaria.

La magistrada Luz Pacheco, quien votó en contra de la medida, dijo que el Gobierno debe tener políticas públicas en el presupuesto y el Congreso cumplir con fiscalizar

“Ochoa es el ponente. El Dr. Monteagudo y yo tenemos una postura, que considero responde a lo que establece el art. 79: los congresistas no tienen iniciativa de gasto y. no caben las excepciones. Si queremos finanzas sólidas y protección a largo plazo de los derechos fundamentales, hay que exigirle al Ejecutivo mejores políticas públicas concretadas en el presupuesto y al Congreso que cumpla con su función de fiscalizar”, comentó Pacheco.

Congreso no actuará de manera propia

La República dialogó con el presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía, quien señaló que, con el fallo del TC, el Parlamento no puede actuar de manera autónoma.

«Ello permitirá hacia atrás hacer más fácil cuestionar la constitucionalidad de leyes que generan gasto público mediante acciones de inconstitucionalidad y hacia adelante sube la valla al futuro Congreso en aprobación de leyes con costo fiscal ante la mayor probabilidad que sean después llevadas al TC».

“Los ganadores son todos los peruanos, pues este fallo genera mejores condiciones para garantizar un manejo prudente de las finanzas públicas y en consecuencia, asegurar la estabilidad fiscal que tantos beneficios ha traído al Perú”, añadió.

Pedro Francke también opinó sobre la decisión del Tribunal Constitucional. El exministro indicó que el fujimorismo concentra el poder donde gobierna, debido a que cuando fue mayoría en el Congreso misteriosamente el TC le otorga capacidad de gasto en el 2022.

«Ya verán como salen Decretos de Urgencia y Delegaciones legislativas al Ejecutivo en lo que queda del año. La Regla no es institucional, es poner el poder donde está Keiko», cuestionó.

“No hay ningún pudor; los mismos integrantes del TC que permitieron la iniciativa de gasto del congreso ahora aprueban lo contrario. Dudo que podamos llamar a eso Democracia”, añadió.

Por: Carlos Villacorta