La Fiscalía Suprema solicitó autorización al fiscal de la Nación para iniciar acción penal contra Rafael Vela, José Domingo Pérez, el periodista Gustavo Gorriti y Jaime Villanueva, en el marco de una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una red de intercambio de favores entre fiscales y periodistas.
La hipótesis fiscal sostiene que los investigados habrían mantenido una relación que excedió el contacto habitual entre fuentes y medios de comunicación para derivar, presuntamente, en beneficios recíprocos que ahora constituyen materia de investigación penal.
El pedido fiscal tomó como uno de sus principales puntos de partida las declaraciones de Jaime Villanueva, quien aseguró que durante varios años actuó como intermediario entre fiscales, periodistas y funcionarios públicos.
De acuerdo con el informe, esa versión guarda coincidencias con los testimonios brindados por Miguel Girao y el exfiscal adjunto Henry Amenábar, elementos que el Ministerio Público incorporó dentro del conjunto de actuaciones preliminares que sustentan la solicitud para avanzar hacia una investigación preparatoria.
Según la hipótesis formulada por el fiscal Edward Casaverde, la presunta dinámica consistió en un intercambio de beneficios entre los involucrados.
El informe señala que algunos investigados habrían recibido respaldo mediático, defensa pública y presión sobre decisiones institucionales, mientras que otros obtuvieron acceso privilegiado a información reservada, coordinación de estrategias y decisiones funcionales. El fiscal considera que, de acreditarse esa conducta, esta podría encuadrarse en el delito de cohecho previsto en el Código Penal.
Uno de los principales ejes de la investigación corresponde al denominado caso Cócteles. El documento fiscal sostiene que Jaime Villanueva habría realizado coordinaciones para que José Domingo Pérez asumiera esa investigación y, además, para consolidar a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
A partir de esos hechos, la Fiscalía busca determinar si existieron influencias externas en decisiones relacionadas con designaciones y conducción de investigaciones fiscales.
El informe también describe reuniones en las que, presuntamente, participaron Jaime Villanueva, Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez en instalaciones del Ministerio Público y de IDL.
Gorriti revisó durante varias horas carpetas fiscales por disposición expresa
La hipótesis plantea que esos encuentros sirvieron para discutir estrategias y decisiones vinculadas con casos considerados sensibles. El documento precisa que varias de esas reuniones se encuentran acreditadas y sostiene que la investigación deberá establecer el contenido de las conversaciones sostenidas en ellas.
Otro de los aspectos incluidos en el expediente involucra a Romina Mella, subdirectora de IDL-Reporteros. Según tres testigos citados por la Fiscalía, la periodista revisó durante varias horas carpetas fiscales por disposición expresa de José Domingo Pérez, versión que también atribuyen al exfiscal adjunto Henry Amenábar.
El informe añade que una siguiente etapa de la investigación podría incorporar a Mella para esclarecer esos hechos, aunque hasta el momento no figura entre las personas citadas dentro de este proceso.
Como parte de las diligencias sugeridas, el documento plantea la posibilidad de solicitar la geolocalización del teléfono celular de Romina Mella en las fechas señaladas por los testigos.
Esa medida buscaría verificar si la periodista acudió al despacho de Domingo Pérez después de las cuatro de la tarde, horario mencionado en las declaraciones recogidas por el Ministerio Público.
Fiscal Edward Casaverde fue nombrado en gestión de ONG Junta Nacional de Justicia
La investigación también incorpora otros elementos que considera relevantes para sustentar el nivel de «sospecha reveladora». Entre ellos figuran declaraciones de testigos, resoluciones, designaciones de fiscales, contratos, documentos oficiales y publicaciones periodísticas.
Para el fiscal Casaverde, la valoración conjunta de ese material resulta suficiente para solicitar el inicio de una investigación preparatoria que permita profundizar las diligencias.
Informe destaca que fiscal Edward Casaverde fue nombrado en gestión de la ONG Junta Nacional de Justicia
Asimismo, el informe menciona que abogados vinculados a una ONG defendieron a Rafael Vela y José Domingo Pérez ante el sistema interamericano de derechos humanos, además de impulsar medidas cautelares cuando ambos comenzaron a afrontar investigaciones de la Autoridad Nacional de Control.
También incorpora como otro elemento de análisis la contratación de Rafael Vela, José Domingo Pérez, hijo del exdirector de la organización Ernesto de la Jara, luego de que Rafael Vela solicitara su incorporación con carácter de urgencia en las fiscalías de Lavado de Activos.
Fiscalía atribuye a Rafael Vela y José Domingo Pérez presunto delito de cohecho
Respecto de Gustavo Gorriti, el documento recuerda anteriores participaciones públicas del periodista en escenarios políticos y sostiene que esa trayectoria forma parte del contexto evaluado por la investigación.
Finalmente, el informe destaca que el fiscal Edward Casaverde fue nombrado durante la gestión anterior de la Junta Nacional de Justicia y afirma que no corresponde atribuirle animadversión o sesgo contra los investigados.
La Fiscalía atribuye a Rafael Vela y José Domingo Pérez el presunto delito de cohecho pasivo específico; a Gustavo Gorriti, el presunto delito de cohecho activo; y a Jaime Villanueva, una presunta complicidad.
Todos rechazaron las imputaciones y el caso permanece en una etapa inicial, en la que las autoridades deberán determinar si los contactos reconocidos entre los involucrados constituyeron una relación legítima entre fiscales y periodistas o si, por el contrario, configuraron un presunto intercambio ilícito de favores.