El Ministerio Público (MP) abrió una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, por las expresiones que habría llevado a cabo contra autoridades vinculadas con el sistema electoral durante la campaña presidencial y después de las Elecciones Generales 2026.
La Fiscalía tomó esta decisión a partir de la denuncia que presentó Rubén Serpa Valdez, quien atribuyó al excandidato presidencial la presunta comisión de hechos con relevancia penal relacionados con el proceso electoral.
Según la denuncia, uno de los hechos ocurrió el 1 de abril de 2026, después de la participación de López Aliaga en un debate presidencial.
En esa ocasión, el entonces candidato habría emitido expresiones de presunto contenido intimidatorio contra Piero Corvetto, quien en ese momento ocupaba la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El denunciante también señaló hechos posteriores a la jornada electoral del 12 de abril.
Según su versión, López Aliaga cuestionó la legitimidad de los comicios, atribuyó presuntas irregularidades al desarrollo del proceso y convocó a una movilización frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En ese contexto, llevó a cabo expresiones dirigidas contra autoridades electorales.
Fiscalía dispone diligencias por 60 días
Ante los hechos denunciados, el Ministerio Público dispuso diligencias preliminares durante 60 días contra Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla y las personas que resulten responsables.
La investigación comprende la presunta comisión del delito contra la libertad personal, en la modalidad de coacción, previsto en el artículo 151 del Código Penal.
Asimismo, incluye el presunto delito contra la voluntad popular, en la modalidad de perturbación o impedimento del proceso electoral, contemplado en el artículo 354-A del Código Penal.
Durante este periodo, la Fiscalía ejecutó distintas actuaciones para determinar si los hechos denunciados presentan relevancia penal y establecer una eventual responsabilidad de López Aliaga o de otros involucrados.
Entre las primeras diligencias, el Ministerio Público tomará la declaración testimonial de Rubén Serpa Valdez.
El denunciante deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con los hechos que atribuyó al líder de Renovación Popular.
La Fiscalía también solicitará a diversos medios de comunicación el material audiovisual correspondiente a las entrevistas y declaraciones públicas que López Aliaga realizó durante el periodo comprendido en la investigación.
Además, el Ministerio Público pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que comunique si tomó conocimiento de las expresiones atribuidas al investigado.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía dispuso también la declaración testimonial de Roberto Burneo, presidente del JNE, para que dé a conocer sobre las expresiones en mención.
Proceso electoral bajo cuestionamientos
La denuncia se incorporó a un escenario de tensión política que acompañó las Elecciones Generales 2026.
Durante la jornada electoral, distintos problemas logísticos ocasionaron cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, acudió al Congreso de la República luego de que los parlamentarios lo citaran para responder por los incidentes registrados durante los comicios.
Entre los problemas reportados figuraron retrasos en la instalación de mesas y dificultades vinculadas con la distribución del material electoral.
Asimismo, Burneo sostuvo que la entidad encargada de esa distribución no cumplió con entregar oportunamente los materiales en los locales de votación.
Al referirse a los retrasos registrados entre el 10 y el 12 de abril en Lima Metropolitana, afirmó:
“La ONPE no cumplió con lo que se había comprometido en todo momento”.
El presidente del JNE explicó además que los problemas logísticos no aparecieron de manera imprevista.
Según indicó, los fiscalizadores llevaron a cabo seguimiento durante el 10 y 11 de abril al despliegue del material en Lima Metropolitana y detectaron retrasos en las rutas de distribución.
Los jurados electorales especiales registraron esas observaciones en sus actas.
Las dificultades tuvieron consecuencias durante las primeras horas de la jornada electoral.
Según Burneo, cerca de 200 locales de votación de Lima Metropolitana no contaban con el material necesario, situación que retrasó la instalación de mesas y provocó largas esperas.
En este contexto, la Fiscalía deberá establecer, a partir de las diligencias ordenadas, si las conductas denunciadas por Serpa Valdez encajan en los delitos que contempla la investigación.
El Ministerio Público también determinará, con base en los testimonios y materiales que recopile, si corresponde atribuir responsabilidad penal a López Aliaga u otros involucrados.
Por Mery Valdivieso