La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Cuarto Despacho) investiga al teniente general FAP José Antonio Martinelli Echegaray, director general de Personal de la Fuerza Aérea del Perú, por el presunto uso irregular de recursos del Estado (Caso 622-2026).
Según la denuncia, el alto oficial habría dispuesto que el empleado civil FAP Manuel Lengua Manrique, quien tenía asignado el vehículo oficial de placa CRA-018 para funciones institucionales, trabajara como chofer y lavador de autos para su esposa, Karin Melgar Jordán, quien no es funcionaria pública. Entre las actividades descritas figuran traslados a la peluquería, compras y paseos de la mascota familiar.
Como parte de las diligencias, la fiscal a cargo recabó documentación en las instalaciones del SETRA, que fue entregada al Ministerio Público. La fiscalía también acudió al domicilio del general.
Sin embargo, la denuncia señala que habría habido observaciones sobre la colaboración sobre la colaboración durante esa diligencia y sobre la disponibilidad de los registros de las cámaras de seguridad del inmueble, que son clave para esclarecer los hechos. Le corresponde al Ministerio Público determinar si hubo obstrucción.
¿QUIÉN DEFIENDE AL ESTADO?
El caso pone bajo la lupa a la Procuraduría Pública de la FAP, el órgano que debe defender los intereses del Estado. La pregunta es si actuará con independencia frente a un caso que involucra a un alto mando del que depende jerárquicamente.
La denuncia también cuestiona a integrantes de esa Procuraduría. Sobre el coronel FAP Luis Montoya Valdivia, sostiene que no aprobó el examen para el cargo de procurador y que enfrenta procesos por corrupción. Sobre el comandante FAP Wilmot Bueno Paulet, cuestiona su permanencia de unos 15 años en la Procuraduría y pide transparencia sobre los criterios de su continuidad.
CONTROL INTERNO EN CUESTIÓN
El caso abre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de control de la FAP, la Comandancia General, el Estado Mayor General, la Inspectoría General y el propio Ministerio de Defensa deberán garantizar que cualquier investigación administrativa se conduzca con independencia y respeto al debido procedimiento.
Diario Uno solicitó los descargos del teniente general Martinelli Echegaray y de la Procuraduría de la FAP. Hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.