La promulgación de la Ley 32743, que otorga facultades legislativas por 90 días al Gobierno de Keiko Fujimori, desató una nueva controversia constitucional debido a un grave error en la autógrafa remitida por el Senado. El documento señala expresamente que “el Senado de la República ha dado la ley siguiente”, pese a que la Constitución establece que la potestad de dar leyes corresponde al Congreso de la República, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado. La irregularidad ha provocado duras criticas de especialistas y abrió el camino a un eventual proceso de censura contra el presidente del senado Miguel Torres.

El constitucionalista Luciano López Flores fue uno de los más severos al cuestionar lo ocurrido. Advirtió que no se trata de una simple equivocación de redacción, sino de un “horror legal” que evidencia una interpretación equivocada de las competencias del Parlamento bicameral. Recordó que los artículos 90, 102 y 104 de la Constitución reconocen al Congreso como titular de la función legislativa y de la delegación de facultades al Ejecutivo, por lo que ninguna de sus cámaras puede atribuirse individualmente caso, la fórmula cuestionada figura desde la propia autógrafa remitida para su publicación. Por ello consideró indispensable aprobar una ley rectificatoria y exigir responsabilidades políticas a quienes permitieron que la norma fuera promulgada en esas condiciones.

Las criticas también alcanzaron directamente a Miguel Torres, quien defendió el procedimiento seguido por el Senado. López rechazó sus explicaciones y sostuvo que el problema no radica en que el titular de esa cámara haya firmado la autógrafa, facultad que le reconoce el reglamento parlamentario, sino en que el documento atribuya al Senado una competencia constitucional que no posee. “Si usted persiste en justificar tamaño horror legal (más que error). RENUNCIE o que sus pares lo censuren”, manifestó el constitucionalista.

Otros reconocidos especialistas, como Aníbal Quiroga, Natale Amprimo y César Delgado-Guembes, coincidieron en señalar que la fórmula empleada es incorrecta. Quiroga calificó lo ocurrido como un error “primarioso”, mientras que Amprimo recordó que el Senado puede aprobar o modificar las propuestas remitidas por Diputados, pero no atribuirse la autoría de las leyes. Aunque existen diferencias respecto del procedimiento necesario para subsanar la irregularidad, los juristas coinciden en que la potestad legislativa corresponde al Congreso en su conjunto.

La controversia comenzó a trasladarse al terreno político. El congresista Roberto Sánchez Palomino respaldó públicamente la interpretación de Luciano López y anunció que se avanzará hacia la censura de Miguel Torres. “Correcto. Dr. Luciano López, seguiremos su perspectiva”, escribió en su cuenta de X, donde reprodujo el planteamiento del constitucionalista sobre la necesidad de una ley rectificatoria y la responsabilidad política del presidente del Senado. Su publicación concluyó con un mensaje contundente: “Censura en camino”.

El episodio vuelve a poner en cuestión la actuación de la mayoría fujimorista en el Senado, que previamente introdujo modificaciones a la delegación de facultades aprobada por Diputados. Ahora, la polémica se concentra en una irregularidad que, según los constitucionalistas, revela un desconocimiento de las reglas fundamentales del sistema bicameral. Mientras el oficialismo defiende su actuación, crecen las exigencias para que se rectifique la norma y se determinen las responsabilidades políticas por un error que compromete la seriedad del procedimiento legislativo. (Diario Uno).