La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas contra los militares procesados por el caso Cayara, tras rechazar la aplicación de las leyes de prescripción y amnistía aprobadas por el Congreso. El tribunal estableció que los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada cometidos en 1988 constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, exigen justicia.
Control de convencionalidad e inaplicación de leyes
En el fallo, el tribunal justificó la negativa a aplicar la Ley 32107, sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, y la Ley 32419, de amnistía militar, mediante el principio de control de convencionalidad.
Este mecanismo prohíbe dejar impunes los crímenes de lesa humanidad y obliga al Estado peruano a cumplir sus compromisos internacionales.
«Los órganos jurisdiccionales no deben aplicar las normas internas que establezcan prescripción o amnistía respecto de hechos susceptibles de constituir graves violaciones a los derechos humanos, en su vertiente de delitos de lesa humanidad, cuando su aplicación resulte incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano».
Apreciación de la prueba y condenas
Asimismo, el tribunal invalidó la sentencia absolutoria previa emitida por la sala inferior al considerar que carecía de una evaluación integral de las pruebas presentadas en el proceso.
«La sentencia absolutoria, sustentada en una valoración fragmentaria o insuficiente del acervo probatorio, vulnera el deber de motivación y debe declararse nula. En cambio, la sentencia condenatoria, sustentada en una valoración conjunta, razonada y suficiente de la prueba, debe ser confirmada».
Reajuste de penas y exclusión de beneficios
Al evaluar los recursos presentados por los abogados de los militares para archivar el proceso, la Corte Suprema declaró infundadas las excepciones de prescripción presentadas por la defensa.
En las sanciones específicas, el tribunal confirmó 15 años de cárcel para los oficiales Marco Antonio Llontop Jesús y Luis Alberto Castañeda Marín por homicidio calificado, tras probarse su rol como jefes de las unidades operativas.
Asimismo, ratificó 8 años de prisión para 16 miembros de la tropa de las patrullas Grass y Huayacán por las incursiones en Cayara y las matanzas en los parajes de Erusco y Ccheua.
En cuanto al intento de acogerse a la gracia aprobada por el Legislativo, la resolución confirmó la improcedencia de la amnistía:
«INFUNDADAS las excepciones de amnistía (…) en el proceso que se les sigue por homicidio calificado y desaparición forzada en agravio de Máximo Asto Palomino, Indalecio Palomino Tueros, Teodosio Noa Pariona y otros».
De igual manera, al reevaluar los años de cárcel aplicados a los integrantes de la tropa, la Corte Suprema fijó 9 años de cárcel.
«En consecuencia, este Tribunal de la Corte Suprema considera que las penas de los referidos encausados deben fijarse en nueve años de privación de libertad, manteniendo la reducción correspondiente a la afectación del plazo razonable y excluyendo únicamente el factor de responsabilidad restringida indebidamente aplicado».
Postura de la CNDDHH ante la resolución judicial
Tras conocerse el fallo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) valoró la ratificación de las penas a los responsables y la anulación de las absoluciones fijadas a favor de los procesados por desaparición forzada.
El organismo civil manifestó que las matanzas perpetradas en 1988 en Cayara, Erusco y Mayopampa constituyen crímenes de lesa humanidad que no prescriben y exigen verdad, memoria y justicia para las familias de las víctimas.
Caso Cayara
Los hechos ocurrieron en mayo de 1988 en la comunidad de Cayara, Ayacucho. En respuesta a una emboscada de Sendero Luminoso contra un convoy del Ejército, las fuerzas armadas desplegaron un operativo en la zona.
Durante la incursión, los militares ejecutaron a comuneros e incurrieron en la desaparición forzada de varios pobladores que se encontraban en la localidad.
En los meses siguientes a la matanza, las patrullas militares implementaron un plan para encubrir los crímenes y frenar las investigaciones judiciales.
Este esquema incluyó la eliminación de testigos, la manipulación de escenas y ocultar los restos de las víctimas para evitar la identificación de los responsables.
Por Jazmín Bianchi