Caso Los Niños. En un operativo inopinado, representantes de la Fiscalía de Anticorrupción junto con personal de la División de Alta Complejidad (Diviac)de la Policía Nacional del Perú allanaron un total de 41 inmuebles correspondientes a 18 congresistas y al exministro Jorge Prado Palomino, en el marco de las indagaciones de presunta organización criminal del caso denominado Los Niños.
Durante la requisa, el personal de la Fiscalía encontró 71.950 dólares y 33.570 soles en la vivienda del congresista de Acción Popular José Arriola Tueros que se ubica en la calle Sacsayhuaman 111 de la urbanización Salamanca de Monterrico, en el distrito de Ate Vitarte.
De acuerdo a un informe difundido por canal N, los agentes de la Fiscalía de la Nación y de la Policía ingresaron a su vivienda. En la inspección se halló la fuerte cantidad de dólares en el interior de una mochila que se encontraba en la habitación de su hijo.
Mientras seguían allanando la casa del acciopopulista, se encontró 33.570 soles en la habitación del parlamentario, pero, esta vez, debajo del colchón. Dicho dinero, según informó canal N, no estaría bancarizado por lo que incautado y depositado en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al respecto, José Arriola indicó que este dinero fue el fruto de 40 años de trabajos en el Estado pues antes de entrar al Parlamento, Arriola se desempeñó durante varios años como funcionario en la Municipalidad de Ate.
Cabe mencionar que José Arriola Tueros enfrenta en la actualidad una investigación preliminar en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de negociación incompatible. Esto, por haber, presuntamente, favorecido a proveedores por 2 millones 886 mil 418 soles en procesos de productos para un programa de alimentación y nutrición cuando era subgerente de Programas Sociales en la Municipalidad de Ate.
De acuerdo a una resolución fiscal, los exfuncionarios del municipio de Ate gestionaron un total de 99 órdenes de compra para adquirir productos de forma fraccionada, cuando, por los montos, debieron efectuar otro tipo de proceso, de acuerdo con la normatividad sobre contrataciones públicas.
Por: Álvaro Lozano