En oficio enviado al Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, solicitó ser convocados en la primera oportunidad que sesione el pleno para plantear una cuestión de confianza referido a un proyecto de ley para modificar esta figura constitucional.


 “De conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución, acudiremos al pleno del Congreso a plantear la cuestión de confianza y exponerla de manera exhaustiva y pormenorizada, la cual, por la importancia del tema a tratar, reiteramos sea agenda en la próxima sesión del pleno”, indica la comunicación.

Señala que, desde el inicio del periodo presidencial, el país está sumido en una profunda crisis política, como resultado de la fragilidad del sistema partidario representativo, lo que impide llegar a consenso necesarios para encausar el rumbo del país en su máximo potencial.

“Más aún cuando determinadas reformas legislativas ejecutadas por el Parlamento han trastocado la forma de gobierno constitucional reconocida”, refiere el oficio.

En ese marco, el Ejecutivo recuerda que el 8 de abril presentaron el proyecto de ley N°1704/2021-PE, que deroga la ley 31355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución.

Esta propuesta, según afirman, no cuenta con dictamen a la fecha, aun cuando la Constitución establece el carácter prioritario de las iniciativas que plantea el Ejecutivo y el pedido reiterado para darle prioridad a este planteamiento.

“Esta iniciativa es neurálgica a fin de generar las condiciones objetivas que nos permitan entrar a debatir temas de fondo, con la finalidad de definir reformas sistémicas a la Constitución, como las que contiene el proyecto de Ley 474-2021-PE de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso que tampoco ha sido priorizado”, precisa el oficio.

Argumenta además que el proyecto de Ley N° 1704/2021-PE está directamente relacionado con el eje N°6 de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, en lo que respecta al fortalecimiento del régimen democrático.

“Desde el Ejecutivo sostenemos que la propia existencia de la Ley 31355 restringe de tal manera la facultad del Ejecutivo de usar la herramienta de la cuestión de confianza, que debilita el sistema democrático en cuando a las atribuciones del Poder Ejecutivo presidido por alguien democráticamente elegido como el presidente Pedro Castillo”, señala. (Andina).

 

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