| Fuente: Lima Conecta |
Hay un interés político por mantener ignorante a la población Isabel Recavarren, abogada, comentó que hay una fuerza política usando a la población para salir a marchar y para pedir temas que no son viables. Recavarren explicó que hay un interés político al convocar a marchas donde los que más participan son la población. “Los países que ya han sido tomados por la izquierda, hemos visto que son países que no tienen derechos y a eso se quiere o pretende llegar con la izquierda. Yo no creo que ningún peruano esté tramitando su pasaporte, no creo que esté considerando mudarse a Venezuela, Nicaragua, Cuba, incluso México, porque son países que están en crisis, no hay ganancias económicas para las personas que trabajan, no hay un futuro para ellos. Entonces querer convertir Perú a ese modelo no es lo pertinente”, comentó. Además, Recavarren indicó que se tienen que tomar acciones legales contra los políticos que fomentan las protestas desde sus redes sociales, porque son quienes exponen a la ciudadanía con sus comentarios. “Creo que la presidente Boluarte tiene que tomar carácter frente a estos congresistas que están usando sus redes sociales para fomentar las marchas, el odio entre peruanos, son cosas que no se pueden permitir y porque sirven para encender a la población. Así como la presidente tiene que responder por sus malas decisiones, ellos también tienen que responder por sus declaraciones”, agregó. Finalmente, Recavarren señaló que la presidente tiene que tomar otro rol, además de haber pedido apoyo a las fuerzas armadas, sino también llamar a la calma y continuar con el diálogo en provincias. “Hay personas que están queriendo separar el país y esto se está aprovechando porque no hay un control para las marchas. La presidenta es aquí donde debe actuar de otra forma porque ya hay temas importantes y necesarios de tratar que están siendo utilizados por otros para dividir, debe haber un control especializado en fronteras para evitar estos conflictos”; declaró para Lima Conecta. |
| Fuente: Lima Conecta |
Hay mucho por hacer para recuperar el crecimiento económico La marcha anunciada para el cuatro de enero, tuvo expectantes a los pequeños empresarios del distrito de Comas, quienes temen que se repita el año 2022 económicamente. El distrito de Comas también se ha visto afectado por los acontecimientos del mes navideño del 2022, debido a que los mismos residentes del distrito afirmaron que la zona no es segura, pero desde que sucedieron las marchas, muchos rateros aprovecharon para saquear pequeños negocios. “Todo lo que ha pasado es malo para nosotros, nuestra economía está mal y hay mucho por lo que se debe trabajar, al menos económicamente. Pienso que estuvo bien la salida de los policías porque sino, quién iba a ponerle fin a estos actos de violencia”, refirió. Otro de los puntos que piden que deben enfocarse es en trabajar por más empleo en provincias para que haya las mismas oportunidades en provincias y no se cree ese concepto de preferencias. “El gobierno debe abrir ofertar de trabajo para las personas que no tienen empleo, sobre todo en provincias, porque es de donde sale esta multitud pidiendo igualdad, si ellos supieran que la economía es necesaria para salir de la pobreza creo que no harían tantos daños”, declaró la señora Amalia Contreras. Finalmente, una de las solicitudes en común de los vecinos de Comas, fue de que los que salen a protestar, salgan sin causar daños a los otros ciudadanos. Así lo mencionó el señor Demetrio Cubas: “nada es gratis y los daños que se han dado lo vamos a pagar los mismos peruanos con nuestros impuestos. Si las personas quieren salir a marchar que lo hagan, pero sin perjudicar a los demás, porque el peruano necesita trabajar. Eso hay que tenerlo claro como peruanos que exigimos nuestros derechos y que no podemos tampoco ir contra los derechos de los demás”, declararon para Lima Conecta. |
| Fuente: Gestión |
Obras municipales de regiones en paro solo han avanzado 1% Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Puno tienen 15,609 proyectos distritales que suman un costo total de S/ 42,810.7 millones. Desde el primer día del 2023 hay nuevos alcaldes provinciales y distritales. Estas nuevas autoridades arrancarán su gestión en medio del reinicio de las protestas. Si bien las manifestaciones piden el cierre del Congreso de la República, el adelanto de elecciones para el 2023 y una Asamblea Constituyente, el descontento de la población no es reciente y su origen se puede rastrear más allá de la política. Factores como la falta de servicios básicos, de vías, de infraestructura de salud o educación han mellado desde siempre la calidad de vida de las personas. Con data al cierre del 2022, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Puno tienen 15,609 proyectos distritales que suman un costo total de S/ 42,810.7 millones. Estos, sobre todo, están vinculados a carreteras, agua y saneamiento, así como educación. De este monto, ya se ejecutó en los últimos años el 56%, lo que significa que las nuevas autoridades tendrían que impulsar durante su gestión -hasta el 2026- el avance de los S/ 24,711.5 millones restantes. “Cuando hablamos de inversión en infraestructura, carreteras, vías, colegios, realmente son los factores que van a permitir que la economía de la región se desarrolle, pero además mejora la calidad de vida de la población”, comentó Fernando Gonzáles, economista senior del IPE. |
| Fuente: Gestión |
Economía ilegal promueve actividades valorizadas en 6650 millones de dólares anual Analistas señalan que actividades económicas ilegales operan en algunas zonas en las que se enfocaron las protestas sociales. Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú” publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos (piso estimado) US$ 6,657 millones al año en el país. La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$ 1,777 millones), seguida por la trata de personas (US$ 1,300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$ 1,134 millones). Dentro de la medición están también contempladas las categorías de tala ilegal (US$ 880 millones), extorsión (US$ 530 millones), pesca ilegal (US$ 300 millones), contrabando (US$ 234 millones), piratería de software (US$ 209 millones) y tráfico de terrenos (US$ 143 millones). Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, indicó que la actividad económica ilegal es cada vez más relevante en el Perú, en donde destaca la minería ilegal no solo por el impacto monetario, sino también ambiental y en la seguridad. Señaló a Madre de Dios como foco de estas operaciones de extracción, principalmente de oro, y Chala (Arequipa), como uno de los centros de comercialización del mineral. Estas últimas zonas son focos de la convulsión social actual en el país, enfatizó Castilla. “No es fácil de cuantificar. La minería ilegal, en particular de oro, que es más fácil de encontrar, es la actividad más fuerte, la cual incluso se equipara con la minería legal para ese metal. Entre US $8,000 millones y US $10,000 millones corresponden a las exportaciones de oro y, por la falta de fiscalización y descontrol, un monto similar debe ser ilegal”, indicó. |
| Fuente: Gestión |
No es aceptable que se quede tanto presupuesto por ejecutar con las brechas que tiene el país El 2022 ha cerrado con un récord de ejecución financiera de la inversión pública, tanto en términos absolutos como relativos. Se han ejecutado más de S/ 46.5 mil millones, 20% más que en el 2021, lo cual representa el 72% del presupuesto asignado para inversión pública tras más de 5 años estancados con una ejecución inferior al 70%. Es importante reconocer avances, pero también lo es no perder perspectiva: casi 3 de cada 10 soles asignados anualmente para proyectos de infraestructura y equipamiento todavía se quedan sin ser utilizados. Han quedado sin ejecutar más de S/ 18 mil millones, cifra superior al promedio de los últimos 5 años y que equivale a aproximadamente 3800 km de carretera asfaltada. Si bien es cierto, estos recursos no “se pierden”; estos tampoco son oportunamente utilizados para atender las necesidades para los que fueron destinados. Tenemos durante el año dinero paralizado como si las necesidades no apremiaran en el país y pudiéramos darnos el lujo de dejar dinero dormido en las cuentas. Para referencia, el Plan Nacional de Infraestructura estima una brecha de S/363,452 millones para alcanzar los niveles de acceso básico a infraestructura en países desarrollados como la OCDE. El 90% de los recursos que no fueron ejecutados corresponden a los gobiernos subnacionales, S/12 mil millones en el caso de los gobiernos locales y S/ 4,5 mil millones en el caso de los gobiernos regionales. En el caso particular del canon, sobrecanon y regalías, que es desigualmente distribuido y no siempre bien utilizado, se dejaron sin ejecutar más de S/ 14 mil millones. |
| Fuente: Gestión |
El sector agrícola necesita que los agricultores sean capacitados de forma técnica En el sector agricultura, el nuevo Gobierno tendrá que afrontar con urgencia tres grandes desafíos: seguridad, fertilizantes y agua. Diversos sectores económicos están siendo afectados por los ataques a la propiedad privada y la toma de carreteras; pero el agrícola es quizás más sensible a ello debido a que los productos son perecibles. En la agroexportación es más crítico porque los grandes compradores preferirán comprar a otros países y le tomará al Perú por lo menos dos años volver a ser un proveedor confiable, no solo en la calidad sino también en el cumplimiento de los plazos. El segundo desafío es el de los fertilizantes, cuyo alto costo y baja disponibilidad se mantendrá debido a que continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. El Gobierno tiene que iniciar las negociaciones para la compra de fertilizantes cuanto antes. Los agricultores deben contar con ellos antes de que empiece el ciclo de cultivo, que se inicia en marzo, en los terrenos que tienen riego, y en septiembre, en los que dependen de las lluvias. Además, el Estado debe brindar a los agricultores capacitaciones virtuales para optimizar el uso de fertilizantes. Si no se resuelve el abastecimiento de fertilizantes, no solo se afectaría a la agroexportación sino también al pequeño productor y podría provocar un problema de seguridad alimentaria. El tercer desafío son las limitaciones de agua por las sequías. Se debe impulsar la tecnificación de la mayor de cantidad de agricultores, mediante capacitación e incentivos del Gobierno, por ejemplo, con exoneraciones de impuestos en combustible o insumos. |
| Fuente: Gestión |
Se posterga la adjudicación de proyectos por 406 millones de dólares Entre las iniciativas figura el proyecto para construir y operar una planta de tratamiento para la ciudad de Puerto Maldonado. De los seis proyectos por US$485 millones que hace un año ProInversión tenía previsto adjudicar durante el 2022, al cierre de ese año solo logró concluir con éxito dos procesos de licitación por US$79 millones. El resto, cuatro proyectos por US$406 millones en los sectores saneamiento y electricidad, fueron postergados para el 2023, según información de ese ente estatal, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el sector saneamiento figura la entrega en concesión del proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Puerto Maldonado, que el Ministerio de Vivienda le encargó promover a la referida agencia. Esta última, originalmente había programado la adjudicación de ese proyecto en el cuarto trimestre del 2022, luego de que aprobara en el mismo periodo la versión final de su contrato de concesión, con el objetivo de que se firme su contrato de concesión en el primer trimestre del 2023. Sin embargo, según información de ProInversión, la adjudicación no se dio porque el concurso fue suspendido, pero refirió que dicha entidad ha decidido levantar tal suspensión y para continuar con el proceso, ha publicado una versión final modificada del contrato, así como cambios en sus bases. Además, si bien originalmente estaba previsto que ese proyecto demandaría una inversión de US$59 millones, ahora ProInversión indica que requerirá de US$88 millones. |
| Fuente: Gestión |
Las protestas tienen un reclamo de insatisfacción hacia el gobierno Hay personas que financian porque no buscan ayudar a las necesidades incomprendidas y postergadas, buscan más bien una lucha política. Nunca una ley en el país cambió, por sí misma, la vida de nadie. Son las acciones de los líderes (políticos, sociales, etc.), las grandes reformas pendientes, las que movilizan y logran los grandes cambios que transforman la realidad. La respuesta, desde Lima, ante el pedido de la constituyente ha sido una rotunda negativa. En esa línea de cerrarle el paso a la idea constituyente se inició toda una gesta para obtener firmas y evitar la misión. Sin embargo, nunca se echó cabeza a la imagen poderosa de decir que sobre eso no había nada que hablar. Todo esto generó, en el contexto de un país hábilmente dividido históricamente por políticos mal habidos, la sensación de que una “parte” no quiere hablar con la “otra”. Es esta postura la que ha enardecido las protestas y las ha llevado a extremos violentos y radicales. Hoy es un poco tarde para dialogar. En una situación de calma y tranquilidad es cuando se construye una conversación y no cuando los ánimos están exacerbados. Lo que toca hoy es aplicar la ley con equilibrio. El reclamo de la constituyente, es ese. Un reclamo de insatisfacción, de postergación que se soluciona con una primera acción en verdad sería revolucionaria: la posibilidad de escuchar. Escuchar eso que nadie quiere escuchar. Porque escuchar no implica asumir la responsabilidad, pero sin duda alguna determina tomar consciencia de la realidad. |
| Fuente: Perú 21 |
No vivimos un conflicto social sino político Al retorno de las protestas hubo algunas acciones de vandalismo, escaramuzas y sobre todo abuso. Cuando hay un conflicto social, generalmente se identifica a las partes en disputa con liderazgos claros, sustentados en una plataforma de lucha definida, con un pliego petitorio específico y, sobre todo, se puede identificar fácilmente a los actores. Si revisamos la agenda del pliego petitorio, se tiene una lista larga de demandas que tienen un denominador común; son pedidos políticos. A esto se han sumado agendas particulares de actores políticos, como la liberación de Castillo y la convocatoria a una Constituyente. Si revisamos con detenimiento estas demandas, ninguna de ellas está referida a los problemas de fondo que viven estas regiones, tradicionalmente postergadas y hasta excluidas del establishment. En consecuencia, si estamos ante un conflicto político, la solución tiene que ser política. De lo contrario, podríamos caer a una espiral de violencia, arrastrando a todo el país en los delirios y angurrias de poder de los actores políticos. Por eso, en el horizonte, es determinante el rol del Congreso para lograr la solución política. El problema es que tenemos un Parlamento descalificado, sin credenciales democráticas y, sobre todo, mediocre. Así que no termina la crisis política; estamos solo en el inicio, lamentablemente. |
| Fuente: Perú 21 |
Paro no fue acatado por la mayoría de ciudadanos En Apurímac, Arequipa y Cusco coaccionan a la población para que participe en el ‘paro nacional’. Comerciantes y trabajadores dieron la espalda a las protestas que no recogen demandas sociales. Sin embargo, los violentistas lograron bloquear 25 puntos en el país. Los organizadores del denominado ‘paro nacional’ pretendieron hacer creer que cuentan con el apoyo de la ciudadanía, pero, ayer, su convocatoria no llenó calles y ni plazas y además trabajadores y comerciantes de Cusco, Arequipa y Apurímac no se plegaron a la medida. La razón es sencilla: Los mal llamados dirigentes impulsan una agenda política propia que no recoge las necesidades reales de la población en educación, salud, alimentación, entre otros. En Arequipa, un comerciante denunció que “pseudodirigentes” quieren utilizar a la población para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, que llegó a la Presidencia luego de la destitución constitucional de Pedro Castillo. “Sí estamos de acuerdo con esta marcha. Que se vaya Dina Boluarte, pero no estamos de acuerdo con que haya pseudodirigentes que nos quieran utilizar”, manifestó a la prensa local. El arequipeño, que se identificó como parte de una asociación de comerciantes, denunció que la directiva amenazó con multar a todo aquel que no se sume a las protestas. “Incluso nos multan por no participar en las marchas. Hay asociaciones que no están participando. Antes éramos mayoritarios, pero no nos gusta que nos use la directiva de esta manera”, lamentó. El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, aseguró que los peruanos quieren “vivir en paz” e invocó a protestar respetando “la vida e integridad (de los demás)”. |