A cinco años de la revelación del mayor caso de corrupción en el sistema de administración justicia en el Perú, los principales implicados en las escuchas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto aún no cuentan con acusación por parte del Ministerio Público. Entre ellos están el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, como Antonio Camayo, Mario Mendoza Díaz y Edwin Oviedo. En diciembre de 2021, Walter Ríos Montalvo, el único integrante de la organización criminal con sentencia, reveló que la mayoría de ellos estaban presuntamente involucrados en 25 de los 40 actos ilícitos de corrupción reconocidos a través de su colaboración eficaz, la cual fue corroborada por la Fiscalía.

A cinco años de conocerse los primeros detalles de la mayor red de corrupción en el sistema de justicia peruano, la información proporcionada por las autoridades sobre el avance del caso los Cuellos Blancos del Puerto es confusa y, sobre todo, escasa. 

En este contexto, OjoPúblico indagó sobre la situación de los 12 principales implicados en las escuchas telefónicas —entre ellos exmagistrados del Poder Judicial, exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), empresarios y fiscales supremos— y pudo determinar que, ocho de ellos todavía no han recibido una acusación fiscal en sus procesos por organización criminal y otros delitos.

Además, en otros tres casos no se ha iniciado investigación preparatoria por falta de aprobación del Congreso. 

A la fecha, de todos ellos, solo el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, fue sentenciado a 12 años de prisión en 2021, tras acogerse a la colaboración eficaz.

SOLO WALTER RÍOS MONTALVO, EXPRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO, FUE SENTENCIADO A 12 AÑOS DE PRISIÓN”.

En tanto, los procesos del prófugo exmagistrado de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites continúan en la etapa de investigación preparatoria. 

La misma suerte tienen los empresarios Antonio Camayo, Mario Mendoza Díaz y Edwin Oviedo Picchotito, investigados por presuntamente recomendar nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales, a cambio entregar dádivas a altos funcionarios. 

En paralelo, los exfiscales supremos Pedro Chávarry, Tomas Gálvez Villegas y Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quienes fueron vinculados con la organización criminal tras la difusión de audios y reportajes periodísticos, no tienen procesos formalizados abiertos.

Esto se debe a que, hasta ahora, el Congreso no aprobó las denuncias constitucionales para que puedan ser investigados por organización criminal en el mega caso de corrupción. 

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De los mencionados, solo sobre el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi pesa una orden de prisión preventiva. Sin embargo, este se encuentra como no habido en España, lugar a donde fugó en octubre de 2018. Los demás afrontan sus procesos con medidas restrictivas, como impedimento de salida del país, pero en libertad. 

El lento avance de las investigaciones ha generado alarma luego de que la actual fiscal de la nación Patricia Benavides decidió cambiar a los fiscales a cargo del caso Cuellos Blancos, en julio de 2022, principalmente al equipo liderado por el fiscal Jesús Fernández. 

La demora en las acusaciones genera suspicacias porque, desde diciembre de 2021, el Ministerio Público posee información sobre los presuntos delitos cometidos por estos altos funcionarios. La misma fue proporcionada por Walter Ríos Montalvo a través de su colaboración eficaz, la cual fue corroborada por los fiscales anteriores, y aceptada por el Poder Judicial para la sentencia del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. 

EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA A CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI Y LOS EXCONSEJEROS DEL CNM VENCE ESTE MES”.

En 18 de los 40 actos ilícitos reconocidos por Ríos Montalvo, a los que accedió OjoPúblico, está presuntamente involucrado César Hinostroza Pariachi. En paralelo, el empresario Mario Mendoza Díaz en siete presuntos actos ilícitos, los exconsejeros del CNM, Guido Águila Grados y Orlando Velasquez Benítez en tres, el exconsejero Iván Noguera Ramos en dos, y el también exconsejero Julio Gutiérrez Pebe, en uno.

Un dato relevante es que la investigación por organización criminal y otros delitos (carpeta fiscal 08-2018) en donde están incluidos Ríos Montalvo, Hinostroza Pariachi y los exconsejeros del CNM, iniciaron formalmente en octubre de 2018, con la aprobación de las denuncias constitucionales del Congreso. 

En el proceso hubo dos prórrogas, una de cuatro meses por la pandemia de la covid-19, y otra de 17 meses solicitada por el Ministerio Público. Dicho plazo vence este mes.

Fuentes de OjoPúblico indican que no puede haber nueva ampliación, por lo que los fiscales a cargo deberán tomar una decisión sobre los investigados tras concluir la fecha: acusar o archivar. 

Audios de la corrupción

El caso Cuellos Blancos del Puerto se conoció el 7 de julio de 2018, cuando IDL Reporteros difundió un primer grupo de conversaciones telefónicas —registradas con autorización judicial— entre Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema e integrantes del antiguo CNM: Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benítez, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe.

Poco después, a través de una alianza colaborativa de medios integrada por OjoPúblico, se analizaron más de 60.000 audios que permitieron revelar la existencia de la más grande red de corrupción del sistema de administración de justicia del Perú. La misma se dedicaba a negociar nombramientos y ascensos de jueces y fiscales, a cambio de beneficios y favores particulares.

Este trabajo contribuyó a que la Fiscalía pueda establecer la estructura jerárquica de la organización criminal conformada por tres redes: la red externa, integrada por abogados litigantes y empresarios; la interna, con personal administrativo y jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia del Callao, y la de altos funcionarios, conformada por algunos exfuncionarios de la Corte Suprema Justicia y el CNM.

LA FISCALÍA NO HA CULMINADO CON LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS AUDIOS”.

A la par, el Ministerio Público inició con el procesamiento de todos los audios. Sin embargo, tras cinco años, no ha culminado con esta tarea, aunque se trata de las pruebas más importantes del caso de corrupción. 

En setiembre de 2022, la entidad informó, a través de un vídeo difundido por su canal de Youtube, que, hasta entonces, solo había procesado (escucha, análisis y transcripción) el 15% de las más de 63.000 grabaciones telefónicas relacionadas a los Cuellos Blancos. 

Ante esa situación, la Fiscalía se comprometió a conformar un equipo dedicado exclusivamente al procesamiento de los más de 56.000 audios restantes. En esa línea, a finales de enero de este año, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, informó que se había culminado con la escucha y selección de las grabaciones relevantes y aseguró que se habían encontrado 13.801 escuchas con contenido penal. Además, afirmó que, en mayo, se culminaría con la transcripción de los audios. 

LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL SE DEDICABA A NEGOCIAR NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS DE JUECES Y FISCALES, A CAMBIO DE FAVORES PARTICULARES”.

Sin embargo, a inicios de marzo, el coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos, Jorge Díaz Cabello, informó que, aunque en enero se había completado con la escucha y selección de audios relevantes, todavía faltaba cumplir con la transcripción. 

Ese mismo mes, el Ministerio Público anunció la reestructuración de la Oficina de Peritajes, paralizando sus actividades. OjoPúblico informó que este área tenía peritos lingüistas que estaban apoyando en el proceso de transcripción de los audios relacionados al caso Cuellos Blancos del Puerto. 

Posteriormente, se levantó la suspensión. Sin embargo, fuentes de este medio informaron que el proceso de reestructuración sigue vigente y una de las medidas fue no renovar los contratos del personal que estaban en el régimen de terceros, el número mayoritario de los empleados en la entidad. Por este motivo, actualmente, hay una sobrecarga laboral, que ha generado lentitud en el avance del trabajo. 

Desde entonces, el Ministerio Público no ha actualizado la información sobre el avance en las transcripciones, aunque el plazo señalado por la fiscal de la nación venció hace poco más de un mes.

Los magistrados comprometidos

El 30 de diciembre de 2021, tres años y medio después de revelarse el caso Cuellos Blancos, el Poder Judicial sentenció a Walter Ríos Montalvo —expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao— a 12 años de pena privativa de la libertad por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Esto tras acogerse a la colaboración eficaz y recibir una reducción a la pena que le correspondía. 

Según la sentencia del juez supremo Hugo Núñez Julca, a la que accedió OjoPúblico, Ríos Montalvo era el “hombre clave” de la red interna de la organización criminal por ser el principal nexo entre los integrantes de las diversas redes, altos funcionarios y empresarios. De esa manera, era el responsable de mantenerla en funcionamiento.

Walter Ríos Montalvo fue capturado el 15 de julio de 2018, ocho días después de conocerse los audios en los que negociaba ascensos y beneficios judiciales con otros magistrados, entre ellos César Hinostroza Pariachi. 

Debido a que su sentencia se realizó a través de la colaboración eficaz, etapa en la que reconoció 40 actos ilícitos en los que estuvo involucrado, se le redujo la pena de 30 a 12 años de cárcel. Por lo tanto, Ríos Montalvo saldrá de prisión en julio de 2030, ya que no podrá obtener más beneficios penitenciarios al ser sentenciado por organización criminal. No obstante, de haber indicios, se le podría abrir nuevos procesos. 

WALTER RÍOS MONTALVO RECONOCIÓ 40 ACTOS ILÍCITOS EN LOS QUE ESTUVO INVOLUCRADO”.

Actualmente, se encuentra en el penal Ancón 1, conocido como Piedras Gordas. Su abogado, Adolfo Olaechea, aseguró a este medio que Ríos Montalvo recibe constantemente atención psicológica y que está preocupado por la situación económica de su familia.

OjoPúblico pudo conocer que cinco bienes del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao fueron embargados tras su detención: una casa y un estacionamiento en el distrito limeño de San Miguel, un departamento en Lince, también en la capital, y dos vehículos. 

Sin embargo, días antes de la revelación de los audios, Ríos Montalvo logró transferir un inmueble. Se trata de un departamento ubicado en el Jirón Bolívar, en el distrito de San Miguel, en Lima. Según los Registros Públicos, Ríos Montalvo y su esposa, Maritza Sánchez, vendieron ese predio el 28 de junio de 2018, por el monto de USD 91.000.

En la sentencia, el juez Nuñez Julca fijó la reparación civil por el monto de S/500.000.

En paralelo, el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, considerado por la Fiscalía como otro de los líderes de la organización criminal a nivel de la red de altos funcionarios, se encuentra en condición de no ubicado. 

Su proceso por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias, todavía está en etapa de investigación preparatoria. Es decir, aún no cuenta con acusación.

Como parte de su colaboración eficaz, Ríos Montalvo involucró a Hinostroza Pariachi en 18 actos ilícitos, entre ellos favorecimientos en los procesos judiciales del empresario Salvador Ricci Cortez; del exalcalde de Carmen de la Legua, Raúl Odar Cabrejos; del exalcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga; del exgobernador del Callao, Félix Moreno; del exconsejero del CNM, Orlando Velasquez a cambio de beneficios personales o para sus allegados.

A estos se suman la designación de jueces como Rafael Ugarte Mauny y Julio Lanazca Ricaldi, entre otros. 

Hinostroza Pariachi se fugó del país el 7 de octubre de 2018 y se instaló en España. Desde esa fecha hasta el 2 de junio de 2022, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción gestionó la aprobación de dos extradiciones —una por el caso Cuellos Blancos y otra por entrega de una coima para su fuga— ante la Audiencia Nacional de España, entidad encargada de ver el caso. 

No obstante, luego de aprobarse las dos autorizaciones de extradición y al agotarse todas las vías de apelación y retraso de la aplicación de su captura, Hinostroza Pariachi dejó de asistir a la Audiencia Nacional para firmar su asistencia. El 15 de junio de 2022, la Procuraduría Anticorrupción informó públicamente que el exjuez había pasado a la condición de no habido en suelo español. 

LA ALERTA ROJA DE INTERPOL NO ESTÁ ACTIVADA CONTRA HINOSTROZA”.

Sin embargo, el problema es aún mayor. En meses posteriores se conoció que, presuntamente, su nuevo paradero estaría en Bélgica. 

El procurador anticorrupción, Javier Pacheco, informó a OjoPúblico que tras la desaparición de Hinostroza Pariachi se realizaron las gestiones, a través de la Interpol Perú, para que Interpol Internacional activara la alerta roja de requisitorias —una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de otros países para que ayuden a localizar y capturar provisionalmente a una persona a la espera de su extradición— en todas las naciones de la Unión Europea. 

Sin embargo, el prófugo presentó una impugnación contra la activación de las requisitorias en la Interpol. Según Pacheco, esta acción generó que se desactive la alerta roja internacional por el plazo de nueve meses, fecha que dura la resolución de una impugnación en dicha entidad. 

En mayo de este año se venció el plazo y correspondía, nuevamente, la activación de la alerta roja internacional. Pero, hasta la fecha, esto no ha ocurrido. Desde la Procuraduría se han comunicado con Interpol Perú para que proceda con insistencia a su par con sede en Lyon (Francia). Sin embargo, según la Procuraduría, Interpol Perú tampoco ha obtenido respuesta.

Este medio solicitó más información a través de un formulario habilitado en la página de Interpol Internacional. Pero, hasta el cierre de este informe, no ha habido respuesta.  

Actualmente, Hinostroza Pariachi no cuenta con propiedades en Lima. La mayoría de sus bienes fueron traspasados a su hija, Sandra Hinostroza Gutiérrez, en 2013. La Procuraduría Anticorrupción confirmó que, en 2018, luego del inicio del proceso contra el exjuez supremo, no se le encontró ningún bien que se pueda embargar. 

Los consejeros señalados

De acuerdo a la información proporcionada por Walter Ríos Montalvo, a través de su colaboración eficaz, los exconsejeros del CNM Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites, participaron de diversos actos presuntamente ilícitos, como promover a jueces y fiscales a cambio de ciertos beneficios. Entre estos, apoyo en sus procesos judiciales o de sus familiares, además de la realización de eventos particulares a su favor. 

Sobre Julio Gutiérrez Pebe, Ríos Montalvo señaló que le solicitó apoyo para influenciar al juez laboral de la Corte Superior del Callao, Augusto Orestes Vega Pérez. El objetivo era que este emitiera resoluciones favorables a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), entidad para la que trabajaba Antonia Valdivia Lipez, esposa Gutiérrez Pebe. 

El expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao confesó que, para lograrlo, le ofreció a Vega Pérez mantenerlo como juez supernumerario en el Callao. A cambio, según su testimonio, recibiría el apoyo de Gutiérrez Pebe en el concurso de nombramiento para juez supremo ante el CNM.

Sobre Iván Noguera, Ríos Montalvo indicó que este le había solicitado el nombramiento de Fernando Salinas Valverde y de Ysrael Castillo Espilco como jueces supernumerarios, y de Karim Morante Melendez como personal administrativo en la Corte Superior de Justicia del Callao. En contraparte, sostuvo, Noguera también lo apoyaría en el concurso ante el CNM. 

Otro caso en el que está involucrado el exconsejero es por la solicitud que le hizo a Ríos Montalvo, junto a Guido Aguila Grados, para que los apoye en dos casos penales relacionados al empresario Óscar Peña Aparicio. Así, según su declaración, también tendría el apoyo de Aguila Grados en su postulación ante el CNM.

Sobre Guido Aguila Grados, señaló que este recibió beneficios del empresario Mario Mendoza Díaz, como la organización de una cena bailable por el aniversario del Instituto de Altos Estudios Jurídicos (Egacal) y la celebración de su cumpleaños en el Hotel María Angola.

A cambio, el exconsejero se ofreció a apoyar el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales recomendados por Mendoza Díaz, entre ellos los jueces Martín Hurtado Reyes y Ricardo Chang Racuay, así como el fiscal Juan Miguel Canahualpa. 

Finalmente, sobre Orlando Velásquez Benítez, Ríos Montalvo contó que este había solicitado a César Hinostroza Pariachi apoyo para que los jueces del Callao votaran a su favor en una habeas corpus que había presentado para librarse de una investigación fiscal que tenía en curso.

Como retribución, Velásquez Benítez prometió ayudar a Hinostroza Pariachi en su proceso de nombramiento como juez supremo de 2015, lo cual sucedió.

Pese a que estos casos fueron corroborados por la Fiscalía a través de otros medios de prueba, según consta en la sentencia a Walter Ríos Montalvo, hasta ahora los casos de los cuatro exconsejeros todavía están en la etapa de investigación preparatoria. Es decir, no cuentan con acusación.

SEGÚN RÍOS MONTALVO, LOS EXCONSEJEROS DEL CNM PARTICIPARON DE DIVERSOS ACTOS PRESUNTAMENTE ILÍCITOS”.

Mientras tanto, solo se les ha dictado medidas restrictivas, como impedimento de salida del país, pero los cuatro afrontan sus procesos en libertad. Es por eso que, tras su salida del CNM, algunos continuaron trabajando en el sector privado.

OjoPúblico pudo conocer que, desde julio de 2018, Guido Aguila Grados se desempeña como docente de Derecho Procesal Constitucional y Razonamiento Jurídico en la Escuela de Altos Estudios Jurídicos (Egacal), que dirige su esposa. 

No solo eso, según el Buscador de Proveedores del Estado, desde diciembre de 2020, Águila Grados cuenta con órdenes de servicio por dictar cursos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y en la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión, en Huacho. 

Asimismo, desde julio de 2020, Orlando Velasquez, es director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, según CTI Vitae de Concytec. 

Este medio se comunicó con Águila Grados para solicitarle una entrevista. Sin embargo, el exconsejero indicó que no brindaría declaraciones sobre su proceso en curso. De igual modo, se intentó contactar a Gutiérrez Pebes, Noguera Ramos y Velásquez Benítez, pero no hubo respuesta. 

Los fiscales de los audios

Luego de la revelación de las primeras grabaciones, en julio de 2018, se fueron conociendo más llamadas telefónicas en las que aparecieron otros altos funcionarios involucrados en pagos y favores en el sistema de justicia. El caso llegó hasta el Ministerio Público. 

La difusión de nuevos audios y diversos reportajes periodísticos revelaron los vínculos de tres exfiscales supremos con la organización criminal: Pedro ChávarryTomás Gálvez Villegas y Víctor Rodríguez Monteza, destituidos por la Junta Nacional de Justicia. 

En el caso de Chávarry se difundieron audios en los que acordaba reuniones y favores con el prófugo César Hinostroza Pariachi. Sobre Gálvez Villegas también se revelaron audios en los que pedía apoyo a Hinostroza Pariachi en procesos para sus allegados. 

Finalmente, colaboradores eficaces indicaron que Víctor Rodriguez Monteza fue la persona que alertó a los miembros de los Cuellos Blancos que sus conversaciones estaban siendo interceptadas. Esta fue la justificación con la que la Junta Nacional de Justicia procedió con su destitución. 

Pese a estas evidencias, ninguno cuenta con la apertura de una investigación formalizada por el caso Cuellos Blancos del Puerto. ¿El motivo? A finales de enero de 2019, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, entonces con mayoría fujimorista, no aprobó las denuncias constitucionales presentadas en su contra. 

En el caso de Tomas Gálvez Villegas, la exfiscal suprema Zoraida Avalos presentó otra denuncia constitucional en su contra por el caso Cuellos Blancos. Pero, en junio de 2022, el Pleno del Congreso archivó las imputaciones contra el destituido fiscal. 

LOS EXFISCALES NO TIENEN NINGUNA INVESTIGACIÓN FORMALIZADA POR EL CASO CUELLOS BLANCOS”.

Fuentes de OjoPúblico informaron que el fiscal supremo Pablo Sánchez trabajó una nueva denuncia constitucional contra Pedro Chavarry y Víctor Rodríguez Monteza, mientras era el responsable del caso. No obstante, dicha carpeta pasó al despacho de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. 

Este medio conoció que, el 5 de abril de este año, Benavides presentó la mencionada denuncia constitucional por organización criminal ante la subcomisión. 

El exfiscal supremo Tomas Gálvez Villegas confirmó a OjoPúblico que actualmente no tiene ninguna investigación abierta por el caso Cuellos Blancos, al ser desestimadas las denuncias constitucionales por el Congreso. Este medio también intentó contactar a Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza, pero no hubo respuesta. 

Los empresarios y sus conexiones

Entre los empresarios con más poder en la red de los Cuellos Blancos se encuentra el dueño de Iza Motors, Antonio Camayo; el empresario textil, Mario Mendoza Díaz, y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y dueño de empresas azucareras Pomalca y Tumán, Edwin Oviedo Picchotito. 

Todos ellos aparecen reiteradamente en audios solicitando apoyo para sus casos judiciales o de sus recomendados y, luego, acordando el pago de dichos favores.

El 29 de julio de 2018, Antonio Camayo y Mario Mendoza Díaz fueron detenidos por las autoridades, luego de que se hicieran públicas conversaciones en las que acordaban beneficios particulares con altos funcionarios del sistema de justicia. 

Camayo tiene audios en donde ofrece la organización de eventos y reuniones entre los integrantes de las diversas redes de los Cuellos Blancos. A cambio lograba que su empresa obtenga contratos con el Poder Judicial. Mientras que el empresario Mario Mendoza otorgaba beneficios con el interés de obtener apoyo en sus procesos judiciales o de sus allegados, de acuerdo a las grabaciones. 

En setiembre del año pasado, este medio informó la existencia de un reporte de la Diviac enviado a la Fiscalía que daba cuenta de llamadas telefónicas entre Antonio Camayo, con la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides. La titular del Ministerio Público negó que hayan existido esas comunicaciones. 

EN SEPTIEMBRE DE 2022 SE CONOCIERON LAS LLAMADAS ENTRE CAMAYO Y LA FISCAL DE LA NACIÓN”.

Tanto Camayo como Mendoza Díaz fueron liberados tras acogerse a la colaboración eficaz, en 2018, según reportó la prensa y confirmaron fuentes fiscales a este medio. Estas últimas criticaron la decisión, pues, hasta ahora, no se sabe el nivel de relevancia de la información que proporcionaron. 

Mendoza Díaz fue capturado, nuevamente, en marzo de este año por un caso que se le sigue por lavado de activos, luego de que la Fiscalía solicitara su detención al considerarlo como una persona que, no solo recomendaba a jueces y fiscales, sino que también había construido un imperio de negocios ilícitos a través de sus empresas.

En conversación con este medio, su abogado Julio Rodríguez señaló que actualmente el empresario se encuentra en libertad, luego que se declarara infundado el pedido de prisión preventiva en su contra. Asimismo, confirmó que su caso por organización criminal continúa en la etapa de investigación preparatoria. 

Por último, el empresario Edwin Oviedo Picchotito está investigado por entregar entradas para los partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 y otros beneficios a altos funcionarios, principalmente al exmagistrado de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, durante su gestión como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. 

Todo esto, de acuerdo a la tésis fiscal, con la intención de que el prófugo juez lo apoye en su caso, conocido como Los Wachiturros de Tumán

Oviedo Picchotito fue detenido en diciembre de 2018 por el caso Cuellos Blancos. Si bien el Poder Judicial no autorizó la prisión preventiva de 36 meses por este caso, sí aceptó el pedido por el de los Wachiturros de Tumán

Por este último, vinculado a los Cuellos Blancos, Oviedo Picchotito estuvo recluido en un penal de Chiclayo hasta mayo de 2020. Posteriormente, pasó a prisión domiciliaria hasta diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema autorizó su liberación. Ahora, afronta su proceso con restricciones, pero en libertad.

Las investigaciones de estos tres personajes también se encuentran en etapa preparatoria. En otras palabras, a cinco años de haberse conocido las escuchas telefónicas que revelaron el caso Cuellos Blancos del Puerto, tampoco cuentan con acusación formal. 

Este medio se intentó contactar con Edwin Oviedo, a través de correos y su abogado, pero no hubo respuesta. También se solicitaron descargos a Antonio Camayo a través de correos electrónicos. Tampoco respondió.

Fin de la prórroga

El plazo de la investigación preparatoria llega a su fin este mes. Como se sabe, la investigación por organización criminal contra los altos funcionarios involucrados en el caso Cuellos Blancos —es decir Walter Ríos Montalvo, César Hinostroza Pariachi y los cuatro exconsejeros del CNM— se inició en julio de 2018. No obstante, se formalizó en octubre de ese año, cuando el Congreso aprobó las denuncias constitucionales en su contra. 

La etapa de investigación preparatoria por casos de organización criminal tienen un plazo máximo de 36 meses, al ser considerados complejos. Ese plazo venció en octubre de 2021. No obstante, por la pandemia de la covid-19, hubo una paralización de las actividades por cuatro meses, por lo que la etapa preparatoria debía terminar en febrero de 2022. 

En esa fecha, la Fiscalía solicitó una prórroga y el Poder Judicial le concedió 17 meses. Dicho plazo final vence este mes. Fuentes de OjoPúblico indican que no puede haber una nueva prórroga. Por este motivo, los fiscales a cargo deberán tomar una decisión sobre los investigados tras concluir la fecha: acusar o archivar. 

ESTE AÑO SE VENCEN LOS CINCO AÑOS DE INMUNIDAD DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS”.

El artículo 343° del Código Procesal Penal establece que, si el fiscal no ha formulado la acusación una vez terminada la etapa de investigación preparatoria, la otra parte puede solicitar al juez la conclusión de la misma. 

En ese caso, el juez debe convocar a las partes a una audiencia de control del plazo, para tomar una decisión. Si el juez decide la conclusión de la investigación preparatoria, le debe otorgar 10 días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el archivo o la acusación de los cargos. 

Asimismo, este año, se vencen los cinco años de inmunidad, establecidos en el artículo 99 de la Constitución Política, que tienen los altos funcionarios públicos luego de cesar sus funciones. Por lo tanto, las denuncias contra los investigados como exjueces supremos o exconsejeros del CNM ya no tendrán que pasar por el Congreso para el antejuicio, sino que podrán iniciarse y formalizarse directamente en el Ministerio Público. 

 

Las trabas en el caso Cuellos Blancos

Para Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), la demora del caso podría explicarse por la “ausencia de un interés institucional” para que avancen las investigaciones. En su opinión, desde que asumió el cargo la fiscal de la nación Patricia Benavides han habido cambios en el equipo de fiscales que ocasionaron desventajas para el avance del proceso. 

“Cuando la doctora [Patricia] Benavides ingresa al Ministerio Público y hace los cambios de los integrantes del equipo [Cuellos Blancos] hubieron, también, preguntas sobre la seguridad de la documentación que se tenía, sobre la confianza que los colaboradores o los postulantes a colaboradores eficaces habían generado con los fiscales anteriores y, ahora, tenían que confiar en nuevos operadores de justicia. También estaba el tema de que los nuevos fiscales conozcan el caso, eso retrasa”, señaló.

Además, agregó Silva del Carpio, hay falta de transparencia al interior de la entidad. “No se sabe cuántas carpetas exactamente hay, no se sabe cuántos procesados o cuántas son las diligencias en proceso”, apuntó.

Para Javier Pacheco, procurador anticorrupción, otro motivo de la demora está vinculado a las trabas, a través de procesos jurídicos, impuestos por los mismos investigados o por sus abogados. 

“Hay muchas dilaciones por parte de los investigados. No nos olvidemos que [muchos de] los investigados son jueces y que conocen todos estos mecanismos dilatorios. Todavía estamos dentro del plazo de investigación preparatoria, pero ya vence este año y debería de haber acusación. Eso es competencia del Ministerio Público”, remarcó.

Por: Abel Cárdenas

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