Un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR) ratifica que el procurador general del Estado, Daniel Soria, no cumple los requisitos de ley para su cargo. También señala a funcionarios del Poder Ejecutivo que lo habrían ayudado, incluso yendo contra sentencias del Tribunal Constitucional.
En diciembre de 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra había cerrado el Congreso, y publicaba el Decreto Legislativo 1326, que en el inciso 8 del numeral 15.1, del artículo 15 exigía experiencia en la defensa del Estado.
‘A dedo’
Sin embargo, en febrero de 2020, designó “a dedo” a Daniel Soria, quien solo había trabajado en Defensoría del Pueblo y en la Universidad Católica. Es decir, nunca había litigado.
Ya durante el gobierno de Pedro Castillo, la CGR había señalado esto, pero el golpista consignó “pérdida de confianza” en vez de incumplimiento a la ley, en la resolución de destitución. Gracias a este aparente error, el Poder Judicial revirtió la decisión.
Cuando Soria regresó, funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia lo ayudaron una vez más, según el Informe 026-2023-2-0281-AOP. Allí se identifica a Ricardo Herbozo Colque (jefe de la Oficina General de Recursos Humanos), Fiorella Gotelli Meléndez (secretaria general), Sharaí Borjas Morales (jefa de Gestión) y a Pilar Huamán Prada. Cabe indicar que la CGR tiene como representante en PGA a Luis Iglesias León.
Funcionarios del Minjus consideraron que el tiempo de Soria como procurador general del Estado compensa su falta de experiencia. En las sentencias del Expediente 03950-2012-PA/TC 2 y del 01649-2021-PA/TC, el Tribunal Constitucional señala que esto no procede.
Por César Rojas