La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) salió del Perú el último domingo rumbo a España, luego de que aseguró -sin ofrecer pruebas- a través de un video difundido en su cuenta de Twitter que iban a allanar su vivienda y su despacho, y que se iba a pedir su detención.
En noviembre, cuando se publicó inicialmente este informe, El Comercio dio a conocer que la investigación por presunta organización criminal contra Jaime Villanueva Barreto, el asesor principal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, salpica directamente a la legisladora de Avanza País, quien habría realizado gestiones a favor de la referida red criminal.
De acuerdo con las pesquisas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), el supuesto grupo criminal habría direccionado la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y planificado la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Chirinos promovió en el Poder Legislativo las dos últimas causas con bastante fervor.
Según el documento fiscal, al que tuvo acceso El Comercio, la legisladora de Avanza País habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de Ávalos. El Eficcop hace hincapié en que “Patty Chirinos” fue quien presentó las denuncias constitucionales contra la exfiscal de la Nación, así como la demanda que planteaba la destitución de los integrantes de la JNJ.En reiteradas ocasiones, la ex tercera vicepresidenta del Congreso ha demandado a la fiscalía una serie de investigaciones y la institución ha respondido con celeridad a sus solicitudes.
Este Diario buscó recoger los comentarios de la parlamentaria, pero al cierre de este informe no respondió.
Por ejemplo, está la investigación fiscal que se abrió contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional que ordenaron suspender el proceso en el Congreso contra la JNJ. La decisión del Ministerio Público ocurrió pocas horas después de que Chirinos presentara una denuncia contra los magistrados Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrera Giurisich por presunto abuso de autoridad y prevaricato.
El 8 de noviembre, desde su cuenta de X (antes Twitter), la legisladora de Avanza País exhortó a Benavides a que investigue a los magistrados alegando que la medida cautelar que concedieron a los integrantes de la JNJ era “arbitraria y abusiva”.
Con la decisión tomada por el Poder Judicial, el Congreso deberá esperar que se resuelva la apelación que presentó contra la medida cautelar para debatir el informe que recomienda la destitución de Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Inés Tello y Guillermo Thornberry.
Ese mismo día, el Ministerio Público atendió la solicitud de Chirinos. El caso está en manos de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Público.
De acuerdo con las investigaciones del Eficcop, el asesor principal de Benavides condenó la medida judicial que benefició a los integrantes de la JNJ y la calificó como “un claro prevaricato”. Ello se desprende de chats revisados por el equipo que dirige Marita Barreto, que datan del 7 de diciembre, un día antes de que Chirinos saliera a pronunciarse en redes.
Como se recuerda, Chirinos presentó en mayo y julio denuncias constitucionales en contra de los integrantes de la JNJ. Primero por haber publicado comunicados donde “invocan” al Poder Legislativo a que reflexione sobre sus decisiones, como en el caso de la acusación contra Zoraida Ávalos.
En su acusación, pide la destitución e inhabilitación para la función pública por diez años contra los siete integrantes de la junta: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Humberto de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Tello.
Chirinos asegura que en la Ley Orgánica de la JNJ no se ha incluido el que pueda “exhortar” a otros poderes del Estado o tomar “posiciones parcializadas sobre casos en particular”.
La congresista destacó en su denuncia los dos comunicados que publicaron, primero el 11 de mayo del 2023 cuando se pronunciaron en contra de la denuncia constitucional que planteó Jorge Montoya (Renovación Popular).
Ahí, la junta señaló: “Nos permitimos invocar a la representación nacional, al igual que a todos los poderes públicos y organismos constitucionalmente autónomos” que contribuyan a reforzar la independencia de poderes, entes de control y del sistema electoral.
El segundo comunicado que fue usado como fundamento de la denuncia de Patricia Chirinos fue el del 23 de mayo, cuando la JNJ “invoca respetuosamente” a los congresistas que tengan “la mayor reflexión” ante la acusación constitucional en contra de Zoraida Ávalos.
Se trataba de la segunda acusación contra los siete miembros de la JNJ. La primera la presentó Jorge Montoya semanas atrás por acusarlos de supuestamente haber cometido una irregularidad al permitir que uno de sus integrantes tenga más de 75 años.
La otra denuncia de Chirinos fue contra los magistrados Tumialán Pinto, De la Haza y Zavala, quienes supuestamente habrían intentado presionar a Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que emita un pronunciamiento a favor de la exfiscal Ávalos.
“No es la primera vez
que actúan como defensores de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por lo que reiteran en la violación contra el principio de separación de poderes. Queda claro que los miembros de la Junta Nacional de Justicia denunciados violan flagrante y descaradamente el principio de separación e independencia de poderes, consagrado en nuestra Carta Magna, y contravienen el orden democrático en sí mismo”, indicó Chirinos en una publicación de X.
Chirinos pidió al Ministerio Público y Contraloría General de la República tomar acciones tras la denuncia de copamiento de puestos de trabajo en la JNJ. Como se recuerda, “Punto Final” denunció que siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia provienen de un mismo círculo de amigos y que al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.
A través de oficios enviados a los titulares de ambas instituciones, Patricia Benavides y Nelson Shack, respectivamente, la legisladora de Avanza País exhortó a que determinen responsabilidades y de ser posible, aplicar las sanciones correspondientes.
En los documentos Chirinos Venegas remarcó que las acciones ocurridas dentro de la JNJ configurarían delitos contra la fe pública y organización criminal.
El mismo día, el Ministerio Público inició una investigación preliminar e intervino la sede de la institución para recolectar información.
La legisladora de Avanza País presentó en diciembre del 2021 una denuncia contra la exfiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, por no abrir investigación contra el ex presidente Pedro Castillo.
Chirinos acusó a Ávalos de presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Además, solicitó que sea destituida del cargo e inhabilitada para el ejercicio de la función pública por cinco años.
La demanda de Chirinos se acumuló con otra presentada por el exprocurador anticorrupción Javier Pacheco, respectivamente, que hizo suya la parlamentaria Gladys Echaiz (Renovación Popular).
Tras prosperar en la SAC y la Comisión Permanente, el pleno del Congreso dio luz verde al informe final de la denuncia el pasado 21 de junio. Debido a ello, Ávalos fue inhabilitada para ejercer cargo público por cinco años. La representación nacional también aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la exfiscal de la Nación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Además…
Otros casos
- El día que pidió garantías para la vida de Patricia Benavides: En noviembre de 2022, Chirinos pidió a la CIDH “que tome las medidas pertinentes a fin de proteger la vida e integridad física de la fiscal de la Nación [Patricia Benavides] los fiscales y los policías que están investigando la corrupción de Castillo, quienes han sido amenazados de muerte y sus vidas están en permanente riesgo”.
- Además de la celeridad con la que el Ministerio Público abrió pesquisas en torno a la JNJ, Chirinos también pidió investigaciones de los casos Yenifer Paredes y la exviceministra de Ambiente Rosa Karina Pinasco. También demandó al Ministerio Público, Migraciones y la Comisión Permanente del Congreso que se dicten medidas restrictivas para impedir la salida del país de exministros investigados por el golpe de Estado de Pedro Castillo, como Betssy Chávez.
Por: Thalía Cadenas