En una nueva fase del caso contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fueron allanadas las viviendas y oficinas de cuatro nuevos implicados: el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y los abogados José Luis Hauyón Dall’Orto, Claudia Ruíz Mesías y Rudy Aguedo del Castillo.

El mandato judicial incluye la incautación de toda información relacionada con el caso y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los implicados.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) atribuye a estas cuatro personas haber conspirado para desmontar el Equipo Especial Lava Jato y así favorecer a 10 excongresistas y dirigentes del Partido Aprista Peruano (PAP) que son investigados por el equipo que coordina el fiscal superior Rafael Vela Barba por haber recibido de la empresa Odebrecht US$200.000 destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2006.

Las declaraciones en su condición de colaborador eficaz por parte del exasesor principal de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, sirvieron de fundamento al Eficcop para emprender esta nueva etapa del caso que también implica al fiscal supremo adjunto Marco Huamán Muñoz y al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), Juan Fernández Jerí.

Villanueva también reveló que la fiscal de la Nación, ni bien se enteró de que el Eficcop tenía mandato judicial para detenerlo, lo llamó por teléfono para avisarle que había coordinado con la Clínica San Pablo para que se internara de emergencia y así evitar que fuera apresado. Benavides también le ordenó que destruyera toda la información incriminatoria que tuviera. Villanueva entregó copias de chats de WhatsApp que acreditan que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también negoció los votos de su bancada a cambio de impunidad.

Tumbarse Lava Jato

Después de que el 8 de abril de este año el Equipo Especial Lava Jato dispusiera continuar con la investigación preparatoria a un grupo de apristas por su relación con los US$200.000 que Odebrecht entregó para financiar la campaña electoral, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidió al coordinador del equipo, Rafael Vela, recibir a su amigo José Luis Hauyón.

Según ha declarado el mismo fiscal superior Rafael Vela, Hauyón estaba interesado en el caso Odebrecht que implica al exministro Hernán Garrido Lecca, a los excongresistas apristas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Luis Alva Castro, Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez Quesquén, César Zumaeta, Luciana León, y a los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Gasco Bravo. Todos investigados por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Coincidentemente, Jorge del Castillo, uno de los involucrados, es abogado de Patricia Benavides.

José Luis Hauyón, virtualmente, solicitó a Vela desactivar el caso contra los 10 apristas, arguyendo supuestos vicios procesales.

Como Vela tardaba en atender el pedido de Hauyón, recomendado por Patricia Benavides, Jaime Villanueva fue a buscarlo y le informó que Patricia Benavides “se encontraba muy incómoda (…), pues no resolvía el pedido de su amigo José Luis Hauyón, y que dicha incomodidad alcanzaba al propio fiscal Rafael Vela porque no hacía nada para ayudarla”, según el mandato del juez Raúl Justiniano Romero, documento al que tuvo acceso La República.

La hostilidad entre Benavides y Vela se incrementó en abril de 2023 cuando el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar Reque incautó los inmuebles de la Universidad Alas Peruanas (UAP). La fiscal de la Nación creyó que Rafael Vela pretendía buscar las tesis con las que obtuvo sus títulos en la UAP. Benavides se niega a hacer públicos sus trabajos académicos.

Cuando Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez hicieron comentarios a la prensa sobre la llegada del expresidente Alejandro como extraditado de los Estados Unidos, Patricia Benavides encontró la oportunidad de neutralizar a los dos, según el testimonio de Jaime Villanueva. Benavides recurrió al jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí, para que abriera proceso disciplinario a Vela y Pérez.

Operación Venganza

El plan era desmontar al Equipo Especial Lava Jato, y así archivar el caso Odebrecht contra los 10 apristas, según confirmó el exasesor Villanueva:

“Patricia Benavides se habría reunido con el abogado José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca. Ellos le habrían informado que aprovechando su llegada —entiéndase su cercanía— con el jefe de la ANC, Fernández Jerí, habían gestado un plan para que él por la vía administrativa suspenda de la función a Rafael Vela, para que ella después lo destituya de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y de la Coordinación del Equipo Especial Lava Jato, hechos que fueron comentados directamente a Jaime Villanueva Barreto, el asesor principal de la fiscal de la Nación”, señala el mandato judicial obtenido por La República.

Para el Eficcop, este hecho se trataba “de una arremetida (contra Rafael Vela) por no haber cedido a las pretensiones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de favorecimiento en investigaciones tan sensibles (caso Odebrecht) y en las que se encuentran vinculados (el exministro) Hernán Garrido Lecca y otras personas vinculadas a ella”, precisa el documento.

En venganza, no solo Fernández Jerí inició acciones contra Rafael Vela, sino que también el fiscal adjunto supremo Miguel Vegas Vaccaro comenzó una investigación por presunto lavado en contra de Vela. Preocupado por el caso, Rafael Vela habló con Miguel Vegas, quien le confirmó que detrás estaba Patricia Benavides.

Vegas le dijo a Vela que “debía hablar con ella (Patricia Benavides) para pedirle que su denuncia sea archivada, por lo que, si lograba eso, entonces procedería de acuerdo a lo que disponga la señora fiscal de la Nación”.

A pedir de boca

En una reunión con Jaime Villanueva, este le confirmó a Rafael Vela que la fiscal de la Nación  promovía que el jefe de la ANC, Fernández Jerí, lo sometiera a disciplina con la finalidad de destituirlo. “Jaime Villanueva le manifestó a Rafael Vela que el jefe de la ANC, Fernández Jerí, no iba a parar hasta suspenderlo y para ello sería mejor que busque su defensa legal, puesto que detrás del jefe de la ANC tendrían sus intereses Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón. Ya que dicho jefe de la ANC habría sido nombrado con ayuda de ellos y les debía ese favor”, apunta el mandato judicial.

El plan se cumplió con la suspensión de Rafael Vela.

Pero lo que Patricia Benavides y sus cómplices no pudieron conseguir fue impedir que el Eficcop obtuviera una orden detención para Jaime Villanueva. Ni bien se enteró la fiscal de la Nación de que Villanueva sería detenido, lo llamó para que evadiera al equipo policial del coronel PNP Harvey Colchado. Lo relató el mismo Villanueva.

“(Benavides) le refirió a Jaime Villanueva que el Eficcop y el Equipo Especial de la PNP ejecutarían un operativo policial donde el objetivo era él, ordenándole que se interne en la Clínica San Pablo. Indicándole, además, que ya sabía lo que tenía que hacer, en el sentido de que tenía que desaparecer su teléfono celular, documentación y cualquier otra cosa que pueda involucrarlos ilícitamente”, señala el mandato judicial.

Jaime Villanueva también relató con lujo de detalles cómo es que Patricia Benavides presionó a diferentes fiscales con la finalidad de buscar información sobre las actividades de la coordinadora del Eficcop, la fiscal superior Marita Barreto.  Desesperadamente, la destituyó en un intento por arruinar la operación Valkiria V y la difamó públicamente. La nueva fase del caso demuestra que la furia de Patricia Benavides no tuvo efecto.

Plantaron un fiscal ‘topo’ en el Eficcop

La abogada Claudia Ruíz Mesías ha sido incluida en el caso porque, junto con su esposo, el fiscal Ricardo Dulanto Ysla, logró la designación de Guillermo Silva Loli como fiscal del Eficcop. Ruíz y Silva son amigos y compañeros de la universidad.

Aprovechando dicho vínculo, Claudia Ruíz presionaba al fiscal Silva Loli para que informara sobre las actividades de la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto Rivera. Incluso le pidió información que sirviera para promover una investigación en su contra y destituirla. 

En el caso del abogado Rudy Aguedo del Castillo, actuó como operador y enlace entre la fiscal de la Nación y el jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, para suspender a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

También está gravemente implicado el fiscal supremo Marco Huamán Muñoz, quien actuaba como brazo derecho de Patricia Benavides. Fue parte de la conspiración para perturbar las acciones del Eficcop, según el documento judicial.

Jaime Villanueva aportó nuevos chats que demuestran que coordinó con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que su bancada se sume a la votación destinada a inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Los mensajes de texto también se refieren a contactos con el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, investigado por crimen organizado.

Por: Doris Aguirre

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *