“Incumpliendo los requisitos establecidos por el ente rector y la normativa aplicable; ocasionaron perjuicio económico a la entidad por S/ 904,105.68”, señaló la Contraloría de la República, respecto a pagos autorizados por el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau.
Esta irregularidad cometida por el miembro del grupo “Coalición ciudadana” –según el documento– se produjo en el pago de movilidad como condición de trabajo para los funcionarios administrativos en régimen CAS.
Fuera del presupuesto
Se imputa responsabilidad administrativa a López Chau, a su antecesor Pedro Canales y a once funcionarios más. Los hechos se dieron entre el 2021 y 2022, y el informe de control específico se presentó en noviembre de 2023.
En las normas del Estado, y específicamente en las de la UNI, se prohíbe gastar presupuesto en fines diferentes a los planificados y sustentados. La responsabilidad de Canales y de López Chau se debería a un acuerdo con los gremios sindicalistas.
El informe 034-2023-2-0209 ha sido derivado a la Asamblea Universitaria, la cual puede aplicar medidas sancionadoras a las autoridades académicas y administrativas imputadas. Estas podrían llegar a la destitución.
Hace algunos años, la UNI también había destinado un dinero no presupuestado para trabajadores CAS. En esa ocasión, la Contraloría había indicado que esto era irregular. Es decir, existía un precedente que no se tomó en cuenta.
En los últimos días, López Chau se dedicó a dar entrevistas sobre adelanto de elecciones, en medios de comunicación que no le preguntan por sus cuestionamientos.
En Fiscalía en sede de la UNI
Fuentes del Ministerio Público señalaron que se investiga el uso de las instalaciones de la UNI para albergar a personas ajenas a la universidad. Los hechos se dieron cuando López Chau ordenó abrir las puertas del campus a manifestantes políticos.
Por: Por César Rojas