El exmandatario Alberto Fujimori, quien fuese condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, solicitó —de acuerdo a información publicada por ‘Latina’— formalmente que el Congreso de la República le asigne el pago de la remuneración de un asistente, una pensión como expresidente y los gastos por combustible. Esto se solicitó a través de tres oficios enviados por el padre de Keiko Fujimori y su abogado Elio Riera.
Como se recuerda, el exmandatario se encuentra en libertad desde inicios de diciembre del 2023. Luego que el Tribunal Constitucional ordenara su liberación a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario un año antes.
En aquel momento, los magistrados del TC restituyeron el indulto que le habían otorgado a Alberto Fujimori en 2017 por razones humanitarias durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que luego revocado por la Corte Suprema en 2019.
Las solicitudes presentadas por el abogado de Fujimori
El 26 de enero de este año, a través de un primer oficio, el abogado Elio Riera solicitó que se contrate a Óscar Demetrio Paredes Estrada, bajo la modalidad CAS, para que labore en calidad de asistente del expresidente Alberto Fujimori. Todo ello pagado por el Legislativo.
El 20 de marzo, en un oficio firmado por el mismo exmandatario solicitó la entrega de vales de combustibles como parte de sus beneficios como exjefe de Estado. Este se usaría para el uso de un auto Honda de placa AXX-588, el cual se encuentra a nombre de su exesposa Susana Higuchi.
El 24 de abril, en un oficio dirigido a la Oficialía Mayor del Congreso, se pidió el pago de una pensión que asciende a S/15.600 para Alberto Fujimori, amparándose en la Ley 26519, la cual regula la pensión vitalicia para exmandatarios.
Fujimori no cumplió con el pago de la reparación civil
Tras la liberación de Alberto Fujimori, la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que aclaró que la deuda por reparación civil del expresidente sigue con pago pendiente y que este asciende de S/57 millones por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.
En un comunicado indicó que este monto incluye los intereses generados por el no pago de la reparación civil impuesto por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Además, explicó que dicha suma no puede ser cobrada mediante la incautación de su pensión vitalicia ya que desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil.
Por: Miguel Ángel Candia