Sobre el contenido, trascendencia, implicancias y forma como se desarrolla y tramita un proceso de colaboración eficaz en nuestro medio, se vierten opiniones contradictorias, diversificadas, paradójicas y hasta antojadizas, que en la realidad no necesariamente se ciñen a las exigencias procesales que resultan determinantes para la evaluación de determinados hechos.

Hablamos de un proceso excepcional en nuestro medio que se conoce como delación, a través del cual surge la posibilidad de que una persona natural o jurídica que ha intervenido en la realización de un delito, siempre y cuando admita sin objeciones que ha participado en el mismo, pueda quedar exenta de responsabilidad penal, se le disminuya la sanción, se suspenda la ejecución de la pena o se remita la misma con fines beneficios carcelarios.

Nos referimos a un proceso judicial autónomo y distinto al juicio principal que se tramite de forma independiente al juicio y que comprende información de interés para una o varias investigaciones. Termina con una sentencia que es emitida por un juez.

Se piensa y en muchos casos se asume como cierto, que lo que manifiesta o refiere un investigado que pretende ser colaborador eficaz es definitivo respecto a los hechos que se investigan respecto a su verosimilitud.

Eso no es cierto, porque si bien puede mediar una sentencia autónoma en el proceso de colaboración eficaz, que es distinta a la que más adelante se emitirá en el juicio principal, para que eso suceda la declaración del colaborador eficaz requiere estar fundamentada en elementos de convicción corroborados, que es la única posibilidad que hace viable un proceso de colaboración eficaz que posteriormente será homologado.

Colaborador o pretendiente

La sola declaración, manifestación o dicho por un colaborador eficaz o por quien pretende serlo, no puede ser considerada catalogada como válida y auténtica como para eximir de responsabilidad penal a un investigado, si es que antes no viene amparada y acompañada de los elementos necesarios de convicción ya corroborados, que son en última instancia los únicos medios legales que pueden proporcionar la suficiente certeza, convicción y credibilidad como para eximir a un culpable de una sanción penal.

La normatividad sobre el particular es clara en señalar que la sola declaración de un aspirante a colaborador eficaz no puede ser catalogada como cierta hasta que no sea de manera previa corroborada a través de los elementos de convicción, porque se considera y no se descarta que pueda mediar la posibilidad de que se trate de una mentira o una mera sospecha. Si es que no ha sido corroborada, la información brindada carece de todo valor legal en sentido de exención.

colaboración eficaz contaminada

Muchas personas, más por pasión, emoción y manipulación que por convicción, piensan que lo que se publicita en los medios de comunicación respecto a lo manifestado por un pretendiente o un colaborador eficaz, es prueba absoluta respecto a su veracidad.

Sin embargo, es importante referir que lo publicitado muchas veces no resulta no solo cierto, sino que por el contrario contamina y trastoca tanto el proceso de colaboración eficaz como también el mismo juicio o proceso principal, generando todo tipo de distorsiones y dislocaciones que en nada ayudan a darle toda la rigurosidad que necesita un proceso penal.

Justamente para evitar esas distensiones o inversiones, es que la ley ha establecido que el proceso de colaboración requiere ser reservado y discreto en cuanto a la identidad de los colaboradores y respecto a la información que se maneja y fluye a su interior.

Dicha reserva o discrecionalidad incluye responsabilidades penales y funcionales para quienes difunden información que pueda permitir identificar no solo al colaborador, sino también a una información que es catalogada como reservada por razones obvias.

Justicia mediática

El proceso de colaboración eficaz en nuestro país para casos de gran corrupción, lavado de activos y crimen organizado ha dejado de ser un proceso eficiente y pertinente para luchar contra la criminalidad organizada, para pasar a convertirse en un medio eficaz para publicitar todo tipo de imputaciones penales falsas y que en muchos casos no resultan ser ciertas.

Hablamos de dos sistemas de justicia que no solo operan de manera paralela y a semejanza (la justicia ordinaria y la justicia mediática), sino que ambas se han hecho interdependientes.

La presión mediática ejerce una fuerte e intensa presión que no solo orienta a la opinión pública fraccionando la verdad, dependiendo de los intereses políticos y mediáticos que puedan mediar sobre cada caso en particular, sino que define el curso de los acontecimientos judiciales a favor o en contra sobre el devenir de una realidad que no puede resultar tan cierta.

De manera intencionada y hasta direccionada se persigue que lo objetivo y lo racional pierda peso frente a lo emocional para fines de fraccionar la verdad y manipular a la opinión pública.

Juicio de verdad o mentira

Tan compenetrada y a la vez desavenida se encuentra en nuestra medio el proceso de colaboración eficaz, que ha dejado de ser un medio legal adecuado y convincente para confrontar una realidad criminal determinada.

La incorporación de las personas jurídicas en la colaboración eficaz y su utilización con fines políticos, ha tenido como resultado que en algunos casos la colaboración eficaz se haya convertido en un medio sofisticado y encubierto de impunidad y persecución para beneficiar a unos en desmedro de la seguridad ciudadana.

Los elementos corroborativos del proceso de colaboración eficaz han pasado a un segundo lugar frente a la potencia de la información mediática que discurre sobre el particular sin mayores controles y que interpreta la información de acuerdo a sus intereses y conveniencias.

La verdad ha pasado a un segundo lugar y poco o nada interesa, dependiendo quién o quiénes se encuentren de por medio.

Un derecho penal premial como se le conoce a la colaboración eficaz en otras latitudes, que en nuestro medio se ha convertido en una forma de premiar a quienes recurren a estas normas de criminalidad y poder quedar libres de toda culpa.

Una forma de impunidad encubierta, furtiva y velada para fines de evadir responsabilidades penales frente a delitos graves. Sin desmerecer la importancia que puede tener la información que brinda o proporciona quien o quienes pueden pretender convertirse en colaboradores eficaces, tal beneficio ahora está supeditado en gran medida al pago de una reparación civil como una aparente forma de castigo, sobre todo para casos de gran corrupción.

Hago referencia a la colaboración eficaz como negocio en términos de costos y beneficios, porque quienes más recurren y se benefician con la exención de la pena son aquellos que posiblemente han logrado mayores niveles de rentabilidad y ganancias con la corrupción y el lavado de activos.

Por Luis Lamas Puccio

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