El Congreso cuenta con 24 comisiones ordinarias, dentro de las que se encuentra la Comisión de Fiscalización que, como su nombre lo dice, es la encargada de realizar las investigaciones sobre casos de interés público. Pese a ello, los legisladores, sobre todo en este período, han preferido crear grupos ad hoc para indagar sobre un gran abanico de temáticas: desde las supuestas irregularidades en el proceso electoral del 2021 hasta la contaminación de plomo en la sangre de niños. Todas sin ningún hallazgo relevante.

Los intereses por la creación de estos grupos son diversos, pero los principales tienen que ver con agendas políticas de los parlamentarios, como la comisión que intentó –sin éxito– probar la existencia de un fraude electoral. Pero estos grupos también se han convertido en un espacio utilizado como feria laboral, debido a que permiten contratar más personal del que tienen los congresistas en sus respectivos despachos.

Desde finales del 2021 hasta la fecha, el Parlamento ha desembolsado más de S/4 millones solo en gasto de planilla para comisiones investigadoras. El promedio mensual de gastos por personal en este tipo de comisiones bordea los S/130 mil. A esto hay que añadir que el perfil del personal contratado no va de la mano con lo investigado.

Otros intereses son más preocupantes, como lo demuestra la reciente investigación del programa “Punto final” (Latina) en la que se muestra que un personaje cercano al congresista Héctor Valer habría pedido dinero a empresarios dentro de otra serie de irregularidades en la comisión investigadora sobre empresas chinas que preside el parlamentario de Somos Perú. Resulta aún más llamativo que, pese a que la comisión sobre las constructoras chinas no mostró mayores hallazgos en su informe final, ahora se busque crear una nueva comisión para continuar con la “investigación”.

El Congreso necesita requisitos y lineamientos para la creación de comisiones investigadoras. Lo primero es delimitar bien los casos que podrían ameritar una comisión propia, dado que varios de los temas planteados podrían revisarse en la Comisión de Fiscalización, que incluso puede crear subgrupos temáticos. Segundo, la dotación de personal adicional debería ser excepcional, pues cada congresista debería poder apoyarse en su propio equipo de despacho. Y tercero, no deberían darse más ampliaciones de plazo, porque esto se ha convertido en la regla y hay grupos investigadores que se extienden por más de un año sin resultado alguno.

Utilizadas de manera correcta, las comisiones investigadoras pueden ser gatilladoras de grandes destapes como sucedió con el Caso Convial, que se tumbó el peaje de Álex Kouri en el Callao, o el Caso Orellana, que desbarató la red del hoy preso abogado. También están los casos de las comisiones investigadoras sobre los gobiernos y con toda la corrupción dentro del gobierno de Pedro Castillo resulta más que extraño que este Congreso no haya iniciado una comisión investigadora sobre el tema. Quizá tenga que ver con que muchos de los parlamentarios terminarían involucrados en dichas pesquisas.

Por: Martin Hidalgo Bustamante

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *