La Contraloría detectó irregularidades en el proceso de compra de 50 camionetas para el Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) por S/ 8 745 000, que fue pagado por la municipalidad distrital en enero de 2024. Por este caso, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa funcional de seis exfuncionarios y exservidores de la mencionada comuna.

La comisión de control evidenció que para la tercera convocatoria de adquisición de camionetas 4X2 doble cabina y equipadas, el entonces gerente de Seguridad Ciudadana otorgó la conformidad de las referidas unidades el 28 de diciembre de 2023, pese a que la comisión de recepción, integrada por el mismo exfuncionario, efectuó ese mismo día, una observación relacionada a la falta de entrega e instalación del sistema de mejora de visión nocturna con 4 cámaras (delantera, posterior, lateral derecho e izquierdo).

El Informe de Control Específico N° 016-2024-2-2184-SCE, señala que no se evidencia el sustento del levantamiento de la referida observación. Además, el informe técnico del ingeniero mecánico electricista de la Contraloría precisa que la instalación de las cámaras requería por lo menos 1 día calendario, considerando que se iban a instalar 4 cámaras por camioneta, es decir, un total de 200 cámaras para las 50 camionetas.

Cabe precisar que, de acuerdo a la Ley de Contrataciones, de existir observaciones, la entidad otorga un plazo al contratista para que, en un tiempo no menor de 2 días ni mayor de 8 días levante las observaciones indicadas en el acta de entrega y recepción. Una vez subsanadas las observaciones, el especialista de la entidad (ingeniero mecánico) debe emitir su informe verificando el cumplimiento.

Asimismo, en una visita de inspección física de la comisión de control realizada en febrero de 2024, se tomó una muestra de 9 camionetas, constatándose deficiencias en 3 unidades en las que no funcionaba la totalidad de las cámaras. Tampoco se evidenció el funcionamiento de los sensores de proximidad y alerta de sonido; mientras que el control de la sirena no contaba con entrada USB y al verificar la operatividad de las barras de luces instaladas no se tenía y/o no se encontraban programadas las luces blancas frontales y costados.

Es en base a la conformidad otorgada, que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho realizó el pago al proveedor de las camionetas con comprobantes del 15 de enero de 2024 por el monto de S/ 8 745 000.

NO CUMPLIÓ REQUISITOS

El informe de control señala, también, que el comité de selección le otorgó la buena pro al consorcio ganador, pese a que no cumplió con los requisitos establecidos en las bases integradas. En su oferta adjuntó un folleto de la ficha técnica de la sirena que no hace referencia a la entrada USB en el control; y en el sistema de cámaras no hace referencia a la cámara posterior, ni a la marca y modelo, lo que fue establecido en el requerimiento. La firma del contrato se realizó el 13 de noviembre del 2023.

La comisión de control detectó, además, que se modificaron las especificaciones técnicas de las Bases Integradas, a solicitud del entonces gerente de Seguridad Ciudadana del municipio en septiembre de 2023, pese a que no correspondía tal cambio, con lo que se contravino la Ley de Contrataciones Públicas. Las modificaciones se refieren a la disminución del límite mínimo de la capacidad de carga de 1000 kg a 800 kg, al aumento de la potencia de 130 HP mínimo a 145 HP, al cambio del año del modelo de las camionetas, del año 2022 al año 2023 nueva y sin uso, entre otros.

Asimismo, la aprobación de dicha modificación y la emisión del requerimiento de los bienes fue emitida por la Subgerente de Obras Públicas del municipio, que carecía de facultades y atribuciones para actuar como área usuaria, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiendo dicha facultad a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que fue la que hizo el requerimiento inicial y que, además, estaba considerada como área usuaria en las Bases Integradas.

Los hechos descritos anteriormente afectaron el normal, transparente y correcto funcionamiento de los actos de la administración pública.

El informe de control específico, que comprende el período del 20 de julio de 2021 al 15 de marzo de 2024, determinó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa funcional de 6 exfuncionarios y exservidores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por lo que se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales contra los involucrados; y al alcalde realizar las acciones para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades correspondientes. (Perú 21).

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *