El Congreso de la República aprobó otorgar una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien recuperó su libertad en diciembre pasada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC), luego de 16 años en prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

El Departamento de Recursos Humanos del Parlamento declaró procedente dicha medida el pasado 10 de julio, reveló el periodista Beto Ortiz en su cuenta en la red X (antes Twitter).


El exmandatario había solicitado dicho beneficio, que asciende a S/ 15.600, el pasado 24 de abril, cuatro meses después de que el TC le restituyó el indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

El legislador Alejandro Cavero (Avanza País), tercer vicepresidente del Congreso, dijo inicialmente a El Comercio que la Mesa Directiva que presidió Alejandro Soto (APP) aprobó el pedido realizado en abril por el exmandatario.


Posteriormente, el legislador precisó que, de acuerdo con información de la Oficialía Mayor, “las pensiones no requieren aprobación de la Mesa Directiva”.


A través de su abogado, Elio Riera, el exjefe de Estado también había pedido al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, que se le dote de agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y vales de combustible.


La pensión vitalicia se aprobó pese a que abogados constitucionalistas recordaron que Fujimori fue vacado por el Congreso en noviembre del 2000 y que el indulto humanitario que recibió no lo declara inocente de las sentencias dictadas en su contra.


Además, el entonces procurador Javier Pacheco había informado que Fujimori Fujimori “no pagó un sol” de reparación civil cuyo monto es de S/ 57 millones por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.

El expresidente fue sentenciado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Cumpliría su condena recién en febrero del 2032.


¿Qué beneficios recibirá?

Al respecto, el abogado del expresidente, Elio Riera, explicó a Canal N que a su patrocinado le corresponde un asistente contratado por el Estado con un sueldo de S/3.700, miembros de seguridad y vales de gasolina por 150 galones mensuales.

“La ley permite que los expresidentes como tal tengan un personal administrativo y si la ley lo permite, tenemos el derecho de requerirlo. Yo como abogado y apoderado legal, lo he solicitado. Considero que le corresponde como tal”, acotó. (El Comercio).

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